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Hacienda pública

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No puede concluirse este apartado sin poner de relieve que las evidencias aportadas sobre la desigual contribución de las provincias españolas a la financiación de los servicios públicos y al funcionamiento general de la Administración, sea esta nacional, autonómica, provincial o municipal, deben servir de punto de partida para el diseño consensuado de sistemas equitativos de financiación de las administraciones regionales y locales. Estos dos niveles político administrativos no solo disponen de un amplio abanico de competencias en servicios públicos básicos (educación, sanidad, medio ambiente) que deben ser adecuadamente financiadas, sino que su proximidad física al administrado les exige una ágil capacidad de respuesta a sus demandas. Ahora bien, esas diferencias en ningún caso pueden convertirse en un argumento para justificar actitudes y posturas insolidarias, puesto que los Estados democráticos de derecho como el español no están constituidos a partir de la mera agregación de territorios, sino que se fundamentan en la ciudadanía: son los ciudadanos quienes, a título individual, en función de su riqueza y con independencia de su lugar de residencia, deben pagar los impuestos, tributos y tasas estipulados por la ley, sin que quepa atribuir a los territorios la condición fiscal de entes sujetos a tributación o acreedores a un trato diferenciado, como sucedía durante el Antiguo Régimen.
{{ANEAutoria|Autores=Juan Miguel Albertos Puebla, María Dolores Pitarch Garrido, Julia Salom Carrasco, José Luis Sánchez Hernández}}
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El mapa refleja que la combinación de estas fuentes de ingresos es heterogénea. Las comunidades de régimen foral se nutren principalmente de los tributos que recaudan, directamente en el caso de Navarra, e indirectamente en el del País Vasco, cuyo presupuesto autonómico se nutre mayoritariamente de las transferencias recibidas desde las tres diputaciones forales, que son los órganos que gozan de la potestad de recaudar los tributos. Dentro de las comunidades de régimen común, debe destacarse la desigual contribución de los impuestos (directos, indirectos, más las tasas), a la financiación del presupuesto.
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Con todo, el mapa muestra valores más elevados en municipios muy afectados por los excesos inmobiliarios, caso del sur de la Comunidad de Madrid, el Pirineo catalán y oscense, Mallorca, Fuerteventura y, sobre todo, el litoral andaluz. Al contrario, los municipios de Castilla y León, Extremadura, Galicia y la mayor parte de Asturias, Cantabria, y Castilla-La Mancha muestran unas finanzas municipales más saneadas, aunque esa cualidad deriva, principalmente, de su atonía demográfica (despoblación, envejecimiento).
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