Cambios

Actualmente los servicios sociales se estructuran en dos niveles: por un lado, los servicios sociales generales, que están dirigidos a toda la población e integran prestaciones básicas y específicas, y también reciben otras denominaciones como servicios sociales de base, servicios sociales comunitarios o servicios sociales de atención primaria; por otro lado, están los servicios sociales especializados, dirigidos a colectivos específicos de población. Entre los objetivos de los primeros están informar y orientar sobre derechos y recursos; realizar prevención e inserción social y familiar; prestar ayuda a domicilio; y dar prestaciones de alojamiento y convivencia. Los segundos están dirigidos a colectivos específicos de población (tercera edad, infancia, juventud, toxicómanos, personas sin hogar, etc.), relacionados, más en concreto, con las necesidades personales y características grupales de los usuarios.

Los servicios sociales se organizan y ofrecen a través de catálogos y carteras de servicios sociales, determinando las características y modalidades de los mismos, así como la población beneficiaria. Por otra parte, los colectivos atendidos, además de prestaciones de servicios, pueden recibir asistencia económica en forma de rentas mínimas de inserción, ayudas a víctimas y beneficios económicos para personas en situación de dependencia.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestiona el sistema de protección por desempleo, gestión y solicitud de prestaciones por desempleo, subsidios y otras ayudas (ver mapa ''[[:Archivo:Espana Oficinas-del-Servicio-Publico-de-Empleo-Estatal 2016 mapa 15860 spa.jpg|Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal]]''). También, su distribución territorial está muy en relación con el tamaño demográfico de las provincias, aunque en algunas como Asturias, Murcia, Jaén, Córdoba o Cádiz están sobredimensionados por su mayor capilaridad territorial y por el tamaño de los municipios.

Este modelo asistencial se proyecta fuera del territorio nacional con las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, órganos técnicos de las Misiones Diplomáticas Permanentes del Reino de España, dependientes funcionalmente de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que desempeñan funciones de carácter institucional, informativo, asistencial, así como cualquier otra que les sea encomendada en el marco de sus competencias. Hay que encuadrarlas dentro de la larga tradición emigratoria de la población española, y que en los años de la ''gran recesión'' han sido garantes de los derechos de los ciudadanos que salieron del país. Herederas del modelo migratorio del siglo pasado, su presencia es preponderante en Europa occidental y el continente americano.

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[[Archivo:Espana Ayudas-de-apoyo-a-la-creacion-de-empleo 2015 mapa 15434 spa.jpg|left|thumb|Mapa de ayudas de apoyo a la creación de empleo. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Ayudas-de-apoyo-a-la-creacion-de-empleo_2015_mapa_15434_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Ayudas-de-apoyo-a-la-creacion-de-empleo_2015_mapa_15434_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s15434.s15434&t=A02&view=map9 Interactivo. ]]]

Las prestaciones, subsidios y ayudas por desempleo son una parte del presupuesto social, ayudando a una adecuada redistribución de la renta social, y favoreciendo los reequilibrios sociales, territoriales y de equidad. No obstante hay que considerar otros servicios de materia social como jubilación, sanidad, formación, familia, etc., que, lamentablemente, todavía se mantienen en niveles anteriores a la crisis económica y han sufrido recortes sustanciales, como los recursos dedicados a la política familiar. Actualmente el capítulo de los gastos sociales es el grueso del presupuesto de 2017 y representa un 45% del gasto total. Se destina a transferencias corrientes donde se incluyen las pensiones contributivas, no contributivas y otras prestaciones sociales. Pero realmente el gasto público social, como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), es menos del 25%; todavía con niveles inferiores a la media de la Europa de los quince más desarrollados, y dedica 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona en protección social (17,6% frente al 20,3% de la UE). Por otra parte, hay una complejidad añadida entre la superposición y la falta de armonización entre prestaciones de las distintas administraciones (Estado, comunidades autónomas y municipios), que producen importantes variaciones en la calidad asistencial dependiendo de dónde se resida. Respondiendo al modelo descentralizado que se instituye con los gobiernos democráticos, la mayor parte de la financiación proviene de las corporaciones locales y autonómicas (mapa ''[[:Archivo:Espana Ayudas-de-las-Administraciones-Publicas-al-Plan-de-Prestaciones-Basicas-de-Servicios-Sociales 2015 mapa 15429 spa.jpg|Ayudas de las administraciones públicas al Plan de Prestaciones Básicas]]''), quedando la Administración General con una representación residual. Así, territorialmente, la aportación más elevada se está dando en comunidades como Asturias, Cantabria, Cataluña y Andalucía. Responden a regiones que se han apoyado en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de Servicios Sociales, con el objetivo de tener una red de servicios sociales municipales.<br/><br/>

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Una parte de las prestaciones sociales están relacionadas con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) –véase mapa ''[[:Archivo:Espana Prestaciones-del-Sistema-para-la-Autonomia-y-Atencion-a-la-Dependencia 2016 mapa 15372 spa.jpg|Prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia]]''–; se reparten entre prevención, dependencia y promoción de autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, atención residencial, prestaciones económicas vinculadas al servicio, para cuidados familiares y prestaciones económicas para asistencia personal. Dependiendo de las comunidades autónomas, la orientación del gasto difiere: en general casi el 34% son para cuidados familiares, mientras que en Murcia y Navarra superan el 50%; en España, las ayudas a domicilio suponen sobre el 16% y en Galicia es el 30%; en servicios de teleasistencia Andalucía dobla a la media nacional (15%) con más del 31%; la asistencia personal no llega al 15% y en Cantabria es de casi el 25%. Por otra parte, valores residuales se dan en los programas de prevención de dependencia (3,54%) y asistencia personal (0,51%).

Pensiones contributivas del sistema de la seguridad social

Por otra parte, el progresivo y acelerado envejecimiento de la población conlleva una casi obligada mayor dotación de servicios específicos para este colectivo. En 2001 había en España 239.761 plazas distribuidas en 4.800 centros, lo que suponía una ratio del 3,34 plazas por cien habitantes de más de 65 años. En 2011 el número de plazas ascendía a 372.628, lo que representa un incremento medio anual de 13.287 plazas; y una cobertura del 4,53%. En 2013, la oferta de servicios de atención residencial ascendía a 381.480 plazas, distribuidas en 6.610 centros (mapa ''[[:Archivo:Espana Plazas-en-centros-residenciales-para-personas-mayores 2013 mapa 15505 spa.jpg|Plazas en centros residenciales para personas mayores]]''); el 61% de las plazas se concentran en Cataluña, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. No obstante, el mayor número de plazas respecto a la población mayor de 65 años se localiza en las comunidades más envejecidas del interior peninsular como Castilla y León (7,54 plazas por 100 habitantes mayores de 65 años), Castilla-La Mancha (7,35), Extremadura (6,06), Aragón (6,04) y el Principado de Asturias (6,00). A pesar de estas mejoras, algunos informes ponen de manifiesto que la ratio de plazas para mayores está por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y son, además de escasas, caras para la situación económica de estos colectivos. En cierta medida, esta realidad se explica porque tres de cada cuatro centros son privados. Solo el 53% son de financiación pública. En el mapa ''[[:Archivo:Espana Plazas-en-centros-residenciales-para-personas-mayores 2013 mapa 15505 spa.jpg|Plazas en centros residenciales para personas mayores]]'' se aprecia que en Galicia, Castilla y León, el Principado de Asturias, Aragón, Canarias, Comunitat Valenciana, Madrid y La Rioja predominan las plazas de financiación privada; en la Región de Murcia, prácticamente la mitad de las plazas son de financiación pública; mientras que, en las comunidades autónomas restantes, son mayoría las plazas financiadas mediante fondos públicos.

[[Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-pensiones-y-pensionistas 1981-2016 graficoestadistico 16049 spa.jpg|left|thumb|200px|Gráfico estadístico de evolución del número de pensiones y pensionistas. 1981-2016. España.]]

En el mapa ''[[:Archivo:Espana Pensiones-contributivas-del-sistema-de-la-Seguridad-Social 2016 mapa 15503 spa.jpg|Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social]]'' se aprecia que, en líneas generales, el modelo de pensiones se orienta hacia la población mayor (jubilación 61% y viudedad 25%), con pautas homogéneas para todas las provincias españolas, salvo mínimas diferencias en aquellas más envejecidas, donde las de viudedad son un poco más importantes. En valores absolutos son los espacios más poblados los que consumen los mayores recursos: Cataluña (17,9%), Andalucía (16%), Comunidad de Madrid (11,8%) y Comunitat Valenciana (10,2%).