Cambios

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</ul></div>Una valoración agregada de estos datos permite esbozar algunas líneas interpretativas generales. Primero, la excesiva especialización turística de los dos archipiélagos no sólo afecta al empleo, cuando se enfrentan a un impacto externo tan brusco como una pandemia, sino que se extiende a todo el circuito económico y social y limita seriamente la capacidad de reacción de los poderes públicos, al socavar sus recursos presupuestarios. Segundo, a ''sensu contrario'', economías regionales diversificadas como Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra o Cantabria, donde industria y sector agroalimentario retienen un peso importante en la estructura productiva, se muestran más resistentes a los impactos de la pandemia, acompañadas por Extremadura; es preciso, entonces, prestar más atención a los sectores productivos verdaderamente esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Tercero, las dificultades observadas en regiones industriales (Cataluña, País Vasco) se derivan, probablemente, de su intensa inserción en las cadenas globales de valor, del mismo modo que la Comunidad de Madrid, con una economía muy terciarizada, acusa el impacto de las restricciones a la movilidad y puede resultar perjudicada en sus cifras recaudatorias globales por el efecto sede, al concentrar resultados negativos de grandes corporaciones. La exposición intensa a los flujos globales de actividad económica entraña riesgos también para estas regiones líderes del mapa económico español. Por último, es preciso señalar que la caída de la recaudación corrió paralela a un fuerte crecimiento del gasto público durante el desarrollo de la pandemia, sobre todo en el plano social (sanidad, educación, mercado de trabajo), generándose así un fuerte endeudamiento de la Administración que se trata en el apartado siguiente.

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Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han puesto a prueba la capacidad de las administraciones públicas para dar respuesta a las exigencias que, en estas circunstancias excepcionales, ha planteado el tejido empresarial y el conjunto de la sociedad. La implementación de políticas públicas tratando de paliar los efectos de la pandemia ha conducido a un notable incremento del gasto en todos los niveles administrativos. Por un lado, la brusca caída experimentada por la actividad económica obligó a habilitar y extender mecanismos de apoyo directo como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que ha precisado movilizar un importante volumen de recursos para amortiguar el impacto de la pandemia sobre el mercado de trabajo, pero también para preservar el tejido empresarial y permitir una recuperación más rápida de la actividad. Por otro, servicios públicos básicos, como la salud y la educación, han precisado de financiación adicional para atender a la población directamente afectada por la enfermedad, desarrollar un programa de vacunación masiva, o facilitar la adopción de modos de enseñanza no presencial o con ratios alumnos/profesor más reducidos.