Cambios

[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de Gasto autonómico por habitante.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han puesto a prueba la capacidad de las administraciones públicas para dar respuesta a las exigencias que, en estas circunstancias excepcionales, ha planteado el tejido empresarial y el conjunto de la sociedad. La implementación de políticas públicas tratando de paliar los efectos de la pandemia ha conducido a un notable incremento del gasto en todos los niveles administrativos. Por un lado, la brusca caída experimentada por la actividad económica obligó a habilitar y extender mecanismos de apoyo directo como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que ha precisado movilizar un importante volumen de recursos para amortiguar el impacto de la pandemia sobre el mercado de trabajo, pero también para preservar el tejido empresarial y permitir una recuperación más rápida de la actividad. Por otro, servicios públicos básicos, como la salud y la educación, han precisado de financiación adicional para atender a la población directamente afectada por la enfermedad, desarrollar un programa de vacunación masiva, o facilitar la adopción de modos de enseñanza no presencial o con ratios alumnos/profesor más reducidos. Así, el gasto ejecutado por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes se incrementó en 2020 un 5,3% respecto al año anterior, alcanzando unos elevados niveles de gasto que sin duda se están manteniendo en el presente 2021. Sin embargo, el escalón administrativo en el que de forma más nítida se advierte el incremento de gasto es el autonómico. Las comunidades autónomas son las responsables de la provisión de los servicios públicos asociados al estado del bienestar (servicios sociales, salud, educación), al tiempo que, en la medida en que esto ha sido posible en función de su dispar capacidad presupuestaria, también han desarrollado iniciativas, normalmente de pequeño alcance, para el apoyo directo, mediante subvenciones, a las empresas de aquellos sectores más afectados por las medidas restrictivas a la actividad, a menudo del sector turístico y la hostelería. Así el gasto ejecutado por las comunidades autónomas en 2020 experimentó un crecimiento muy notable, del 17,2% respecto al año anterior. Además, este incremento del gasto ha sido especialmente visible en muchas de las comunidades con un superior déficit de financiación general, como la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía; en este resultado ha debido jugar un papel determinante el apoyo del gobierno central que, más allá del tradicional recurso a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, ha creado fondos específicos, como el Fondo COVID con un volumen de 16.000 millones en 2020, y unos criterios de reparto que junto al nivel de afección de la pandemia han dado mayor peso al volumen absoluto de población frente a otro tipo de consideraciones. Ha sido éste un cambio relevante en los criterios seguidos usualmente para la financiación autonómica de las comunidades de régimen general, que se ha producido en una coyuntura de crisis ciertamente excepcional; está por ver hasta qué punto puede tener continuidad en la reforma del sistema de financiación autonómica en curso.

 Dentro de España, este incremento de gasto ha supuesto un nuevo aumento de la deuda acumulada por las comunidades autónomas en relación a su PIB, magnitud que había experimentado una cierta estabilización o incluso un ligero decrecimiento después del máximo alcanzado entre 2015 y 2016 (ver mapa ''Deuda acumulada de las comunidades autónomas''). Igual que ocurre entre los diferentes países de la UE, también la situación de las distintas comunidades autónomas muestra fuertes asimetrías: desde comunidades como Madrid, el País Vasco y Navarra en las que la deuda no supera el 20% del PIB y el endeudamiento con el estado central es inexistente, hasta la Comunitat Valenciana, con una deuda que llega casi al 50% del PIB regional y cuatro quintas partes de la cual se han contraído con el Estado. Diferenciales de renta per cápita y base impositiva, junto con el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, permitirían explicar este diferencial recurso al endeudamiento, que la pandemia no ha hecho sino agravar.<div><ul style="text-align: centerleft;float:centerright; margin-left:0px; margin-right:0px">

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</ul></div>Dentro de España, este incremento de gasto ha supuesto un nuevo aumento de la deuda acumulada por las comunidades autónomas en relación a su PIB, magnitud que había experimentado una cierta estabilización o incluso un ligero decrecimiento después del máximo alcanzado entre 2015 y 2016 (ver mapa ''Deuda acumulada de las comunidades autónomas''). Igual que ocurre entre los diferentes países de la UE, también la situación de las distintas comunidades autónomas muestra fuertes asimetrías: desde comunidades como Madrid, el País Vasco y Navarra en las que la deuda no supera el 20% del PIB y el endeudamiento con el estado central es inexistente, hasta la Comunitat Valenciana, con una deuda que llega casi al 50% del PIB regional y cuatro quintas partes de la cual se han contraído con el Estado. Diferenciales de renta per cápita y base impositiva, junto con el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, permitirían explicar este diferencial recurso al endeudamiento, que la pandemia no ha hecho sino agravar.{{ANEAutoria|Autores= Juan Miguel Albertos Puebla}}