Cambios

Cataluña es la comunidad autónoma con un mayor volumen de ''[[:Archivo:XXX|Población ocupada extranjera]]'' seguida por la Comunidad de Madrid y, a relativa distancia, por Andalucía y Comunitat Valenciana. La mayoría de los ocupados extranjeros no pertenecen a la Unión Europea, aunque en Castilla y León y Castilla-La Mancha se produce un mayor equilibrio y las personas procedentes de la Unión Europea casi representan la mitad de los ocupados extranjeros. Además, salvo en Asturias, Cantabria, País Vasco y Madrid, la ocupación de extranjeros hombres supera a la de las mujeres.<br>

Esta marginación femenina en el empleo se refleja también en la mayor prevalencia de contratos a tiempo parcial en las mujeres, tal como evidencia el mapa de la ''[[:Archivo:XXX|Población ocupada según tipo de jornada]]''. En el ámbito nacional, en torno a un 13,5% de los ocupados están contratados a tiempo parcial. Sin embargo, en todas las comunidades autónomas, el empleo femenino a tiempo parcial supera al masculino. Esta brecha se acentúa al relacionarla con el empleo total por sexo, ya que solo el 6,6% del empleo masculino es a tiempo parcial, mientras que, en el caso de las mujeres, este porcentaje asciende al 21,6%. La mayor diferencia se registra en La Rioja (26,3% en las mujeres frente a 4,3% en los hombres), destacando también Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón. La parcialidad indeseada, claro indicador de precariedad laboral, persiste pese a las diversas reformas dirigidas a flexibilizar el mercado laboral, reformas que se han mostrado ineficaces para resolver este problema.<br>

Otro rasgo endémico del mercado laboral son los bajos salarios, como evidencia el mapa ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la población asalariada con salarios bajos]]'', influenciados probablemente por el alto nivel de paro, que lleva a las personas desempleadas a aceptar empleos mal retribuidos. Esta disparidad de la estructura salarial, superior a la de otros países europeos, contribuye a ampliar la pobreza, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y personas con bajos niveles educativos. Se encuentran más expuestos los residentes en Canarias, Extremadura o Murcia. En cambio, en el País Vasco y Navarra y, en menor medida en Cataluña, los trabajadores con bajo salarios son relativamente menos frecuentes. La incidencia de bajos salarios se vincula principalmente a los convenios colectivos, aunque el salario mínimo interprofesional también puede contribuir. En este sentido, los recientes incrementos del salario mínimo interprofesional pueden aliviar esta problemática, aunque, si no se controla la inflación, resultarían insuficientes para compensar adecuadamente la subida del costo de vida.<br>

En 2022, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó los 20.159.276 de trabajadores, reflejando un crecimiento sustancial, especialmente, del empleo femenino. Sin embargo, perdura una brecha de género en la ocupación evidente, pese a que las diferencias en la ocupación por sexo se han reducido desde 2008. De hecho, mientras que el empleo masculino aún no ha recuperado los niveles precrisis, el número de mujeres afiliadas a la seguridad social ha aumentado en casi 1,4 millones. Aun así, al profundizar en los datos, se observa que esta brecha se amplía en las mujeres en función del número de hijos que tienen. La ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la tasa de empleo según número de hijos]]'' demuestra que aquellas que cuentan con tres o más hijos encuentran grandes dificultades para permanecer en el mercado laboral, con la exclusión de cerca de la mitad de ellas. Por contra, cuando es el hombre quien tiene familia numerosa, tiende a tener una mayor empleabilidad que los hombres sin hijos. Esto refleja nuevamente la desigual distribución de las responsabilidades del cuidado, evidenciando que son las mujeres quienes suelen renunciar a sus empleos en caso de maternidad.<br>

Las recientes reformas en la regulación de la contratación laboral han tratado de hacer frente a la alta temporalidad, muy presente tradicionalmente en el sector turístico y agrícola. La temporalidad se ve influida, en gran parte, por la estacionalidad del empleo y genera una mayor volatilidad de este durante periodos de incertidumbre económica, cuando los despidos se han utilizado como estrategia para adaptarse a las dinámicas del mercado. La incidencia de la temporalidad laboral resulta especialmente alta en regiones como Melilla (31,2%), Extremadura (28,8%), Andalucía (28,2%) y Canarias (24,9%). Además, se producen diferencias significativas entre las tasas de temporalidad de hombres y mujeres, siendo País Vasco y Navarra las comunidades autónomas con mayores disparidades.<br>

Muchos jóvenes se encuentran también atrapados en la temporalidad, lo que dificulta su emancipación y les somete a inestabilidad laboral. La temporalidad juvenil, exacerbada por la crisis del COVID-19, ha llevado a una elevada rotación en el empleo al no renovarse los contratos temporales en los periodos económicos adversos. Sin embargo, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) evitaron una pérdida masiva de empleos y proporcionaron un colchón económico no sólo a los jóvenes, sino al conjunto de trabajadores afectados, contribuyendo a mantener la estabilidad laboral y la demanda interna en un contexto de incertidumbre económica global.<br>

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