Cambios

En segundo lugar, se distingue, dentro de la población activa, entre población ocupada y población desocupada o parada. En 2022, la primera representaba el 87% de la población activa y la segunda, el 13% de la misma.<br>

La Encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) constituye una fuente clave para comprender el panorama del mercado laboral. La población activa, que se refiere al conjunto de personas mayores de 16 años que se encuentra trabajando o en búsqueda activa de empleo, ha crecido en más de cinco millones en las dos últimas décadas, hasta alcanzar los 23,4 millones en 2022. Se divide en ocupada o parada y su incremento se atribuye principalmente a la incorporación de los trabajadores extranjeros, que continúan ganando protagonismo en el mercado laboral con más de tres millones de activos, de los que el 81,7% están trabajando.<br>

Por contra, la población inactiva incluye, como se ha dicho, las personas mayores de 16 años que no tienen empleo ni lo están buscando. Constituye un indicador clave para medir la temperatura del mercado laboral, ya que refleja los cambios tanto en la estructura y dinámica demográfica como del mercado laboral. Así, el crecimiento de la población inactiva puede atribuirse a procesos demográficos como el envejecimiento o la prolongación de años dedicados a los estudios, pero también a factores laborales como la renuncia a la búsqueda de empleo por falta de expectativas o la presencia de barreras que dificultan la entrada al mercado laboral.<br>

La Evolución de la población activa extranjera muestra un patrón cíclico marcado por las fluctuaciones económicas. En particular, los extranjeros de América Latina han experimentado la disminución más notable tras la crisis financiera de 2008, posiblemente debido a procesos de retorno a sus países de origen. La población activa extranjera presenta tasas de actividad superiores a las españolas en todas las comunidades autónomas. Su distribución territorial no es uniforme pues Cataluña, Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía concentran un mayor volumen de población activa extranjera. Aunque predomina la población procedente del resto del mundo, la población de la Unión Europea también tiene una representación importante en algunas comunidades autónomas, especialmente en Canarias. En cambio, en la Región de Murcia su presencia es limitada, mientras que en Ceuta y Melilla es prácticamente inexistente.<br>

El mercado laboral español muestra una trayectoria sumamente procíclica, de tal manera que la Evolución de la distribución sectorial del empleo se caracteriza por un buen comportamiento en las fases expansivas y una rápida destrucción del empleo en las recesivas. Esta evolución refleja también la terciarización de la economía: el sector servicios se consolida como el principal generador de empleo, pues llega a aglutinar el 77% del mismo en 2023. En cambio, la industria y, especialmente, la construcción experimentaron notables pérdidas de empleo tras la crisis de 2008, mientras que la agricultura se ha mantenido relativamente estable, aunque con una baja participación en la ocupación total.<br>

Muchos jóvenes se encuentran también atrapados en la temporalidad, lo que dificulta su emancipación y les somete a inestabilidad laboral. La temporalidad juvenil, exacerbada por la crisis del COVID-19, ha llevado a una elevada rotación en el empleo al no renovarse los contratos temporales en los periodos económicos adversos. Sin embargo, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) evitaron una pérdida masiva de empleos y proporcionaron un colchón económico no sólo a los jóvenes, sino al conjunto de trabajadores afectados, contribuyendo a mantener la estabilidad laboral y la demanda interna en un contexto de incertidumbre económica global.<br>

El mercado laboral español ha experimentado una fuerte volatilidad en la Evolución de la tasa de paro según sexo. Esta ha conocido un fuerte incremento entre 2007 y 2013, coincidiendo con la recesión económica, y una paulatina recuperación posterior, con la intermisión de la pandemia COVID-19, que generó un pequeño pico de paro. Durante todo el periodo las tasas de paro femeninas se han mantenido por encima de las masculinas evidenciando desigualdades de género, que se ven reducidas durante los periodos de crisis. Esto se explica por el hecho de que la reestructuración de la economía ha afectado principalmente a la industria y la construcción, sectores fuertemente masculinizados. Otra razón es la mayor flexibilidad de la oferta laboral femenina, que lleva a que en épocas de crisis, ante caídas en los ingresos del hogar, sean ellas, que a menudo se encuentran inactivas, las que busquen empleo para mantener la economía familiar. La representación cartográfica de las tasas de paro muestra la existencia de notables contrastes entre el norte y el sur en España, donde comunidades como Andalucía, Extremadura o Canarias padecen altas cifras de paro como mal endémico.<br>

El desempleo de larga duración conlleva la pérdida de la protección social, circunstancia que puede provocar situaciones de exclusión y vulnerabilidad difíciles de revertir. De ahí la relevancia de articular políticas que eviten su cronificación. La Evolución de la tasa de paro de larga duración ha seguido un patrón altamente procíclico. Durante la fase expansiva, la tasa de paro de larga duración en España se situó por debajo del 2%. Sin embargo, la crisis de 2008 desencadenó un aumento significativo de los parados de larga duración, alcanzando su valor máximo en 2013 con más de 3,5 millones de personas afectadas. A partir de 2014, disminuyó de forma continuada, hasta situarse en valores inferiores al 6% en 2020. Con la llegada del coronavirus, y a pesar de la política de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que intentó mitigar los impactos de la pandemia, volvió a subir. A partir de 2021, se reduce ligeramente, pero la incertidumbre económica y los conflictos internacionales actuales no permiten prever cuál será su evolución futura.<br>

Reconocer el valor de la provisión de cuidados no remunerados es esencial para apreciar plenamente su impacto en la sociedad y para comprender la importancia de su inclusión en la narrativa más amplia del trabajo y la economía. Más aún cuando estas actividades juegan un papel central en la configuración de las dinámicas de género, dado que son las mujeres quienes asumen la mayor carga del cuidado no remunerado.<br>

El papel de la mujer en los cuidados limita sus oportunidades laborales y dificulta su participación plena en la esfera pública. De este modo, la desigualdad en la asunción de los cuidados se relaciona con la existencia de una notable brecha de género en las retribuciones salariales de los hombres y las mujeres, así como en las posibilidades profesionales de estas.<br>

Cabe destacar, asimismo que a partir de la pandemia de 2020 se detecta una refamiliarización de los cuidados, debida al cierre y posterior restructuración de distintos centros que prestaban cuidados institucionales, tales como centros de día, centros ocupacionales y centros de atención temprana, entre otros. La feminización de los cuidados y la refamiliarización que se produjo a raíz de la pandemia ha supuesto un amortiguador en el periodo de crisis económica y sociosanitaria, pero los déficits institucionales pueden venir a consolidar un retroceso en la situación de las mujeres y el derecho a los cuidados. La equidad de género en la prestación de los cuidados y la ampliación de las prestaciones y servicios que proveen los distintos sistemas de protección social continúan siendo uno de los grandes retos que se deberán afrontar en España en los próximos años.<br>

La intensificación de las brechas sociales, generacionales y de género, está derivando en la conformación de una sociedad vulnerable y vulnerada con procesos de reducción de las clases medias y la emergencia de las denominadas geografías del malestar. Las carencias de los sistemas públicos de servicios sociales junto con el resto de déficits de los sistemas de protección social incrementan la vulnerabilidad social de una parte no desdeñable de la población española, afectando a grupos sociales cada vez más amplios y heterogéneos. Una de las causas destacadas de la desigualdad es la denominada brecha de género entre hombres y mujeres, que como ya se ha visto, afecta tanto al empleo como a los cuidados.<br>

El acceso de las personas a la renta y a la riqueza se deriva principalmente de su relación con la actividad económica, así como de las relaciones sociales y de género a ella aparejadas. La distribución de la renta presenta importantes disparidades sociales y territoriales. Según datos del World Inequality Report, en 2022, el 10% más rico de la población española concentra el 34,5% de la renta total, mientras el 50% más desfavorecido percibe solamente el 21,1%. Las diferencias son todavía mayores en términos de riqueza, ya que el 10% más acomodado atesora el 57,8%, mientras la mitad más pobre detiene solo el 6,7%. Estas diferencias, se traducen en notables desigualdades sociales y el riesgo de pobreza para una parte importante de la población.<br>

La Evolución de la renta media de las familias ha conocido un progresivo incremento a partir de 2014, con la reactivación económica posterior a la gran recesión. De este modo, en 2022, la renta media anual por unidad de consumo se situó en 19.160 €, con un aumento del 24% respecto al 2014. La evolución positiva tan sólo se interrumpió el año 2020, como consecuencia de la pandemia COVID-19. No obstante, pese a la gravedad de la situación, no se produjo una caída significativa de los ingresos medios anuales debido a la corta duración de la crisis pandémica y al despliegue de un conjunto de medidas extraordinarias para sostener los ingresos de las familias. Después de este impasse, la recuperación económica fue relativamente rápida lo que se ha traducido en un nuevo incremento de los ingresos de los hogares.<br>

Las diferencias territoriales en la distribución de la renta son notables. Por comunidades, el País Vasco (23.886 €), Navarra (23.578 €) y Madrid (23.338 €) presentan un nivel de renta más elevado, seguidas de Cataluña (21.637 €). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (14.843 €), Andalucía (15.862 €), Canarias (15.901 €) y Murcia (16.128 €). La distribución por municipios de la Renta media por unidad de consumo permite observar dos ejes de desigualdad socioeconómica territorial: una divisoria norte-sur, y un eje urbano-rural perceptible sobre todo en las comunidades autónomas más empobrecidas.<br>

La renta de los hogares proviene mayoritariamente de los ingresos por trabajo y prestaciones sociales. Los primeros constituyen la fuente principal de los recursos, pero tienen también una importancia muy destacada las prestaciones sociales reconocidas por el estado del bienestar, principalmente de las pensiones de jubilación y de las prestaciones de desocupación, que constituyen las transferencias sociales públicas de mayor cuantía en España.<br>

La distribución territorial de la Renta que procede de las prestaciones sociales muestra que el peso de las transferencias sociales públicas en los ingresos de los hogares es mayor en las áreas rurales, especialmente en aquellas más envejecidas o con una actividad económica más inestable. Estas áreas se encuentran principalmente en el noroeste del país, en zonas de Galicia, Principado de Asturias y Castilla-León, y también en territorios de la España más meridional, situados en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.<br>

Las desigualdades en la distribución de la renta presentan notables diferencias espaciales, como evidencia el cálculo del índice de Gini, que mide la desigualdad entre los ingresos de la población que reside en cada territorio. Este indicador ofrece valores entre 0 y 1, siendo 0 la situación de máxima igualdad en la que toda la población tendría los mismos ingresos y 1 la situación de máxima desigualdad en la que el 1% de la población obtendría todos los ingresos. En 2021, el nivel de Desigualdad de renta según índice de Gini para el conjunto de España ofrecía un valor de 0,330, uno de los más elevados de Europa. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los territorios con un grado de desigualdad de renta más elevado, 0,405 y 0,403, respectivamente. La Comunidad de Madrid (0,352) también presenta una desigualdad de ingresos alta, por encima del valor del conjunto del país. En cambio, Aragón (0,291) y Galicia (0,292) son las comunidades autónomas más igualitarias.<br>

Por su lado, en el área funcional urbana de Barcelona la desigualdad no se articula tanto en la dualidad centro-periferia, sino en la especialización de ejes metropolitanos. En el municipio de Barcelona, la desigualdad entre distritos también es considerable si se compara la renta media anual por unidad de consumo de Sarrià-Sant Gervasi (26.709 €) con la de Ciutat Vella (11.931 €) o Nou Barris (12.241 €). En el área metropolitana, se identifican dos ejes supramunicipales de localización de población con rentas altas. Uno que arranca de la zona alta de Barcelona y continua hacía Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès y Sant Quirze del Vallès; y otro que aglutina municipios del Maresme, desde Tiana y Montgat a Cabrera de Mar y que continua más allá de Mataró, alrededor de Sant Vicenç de Montalt. A parte de estos ejes destacan también los municipios de Matadepera, situado al norte de Terrassa y l’Ametlla del Vallès, al norte de Granollers. En cambio, los ejes donde se concentra más población de rentas bajas se sitúan en la primera corona metropolitana, principalmente, en los márgenes Besòs –con los municipios de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona– y el eje de la carretera de Collblanc –con barrios de l’Hospitalet de Llobregat y Cornellà–.<br>

En 2022, el 26,3% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social según el índice AROPE. Este indicador, estandarizado a nivel europeo, mide la proporción de población que o bien tiene un nivel de ingresos inferior al umbral de riesgo de pobreza (60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo), o bien vive en hogares con baja intensidad en el empleo (aquellos en los que se aprovecha menos del 20% del trabajo potencial anual de sus miembros en edad de trabajar), o bien sufren carencia material y social severa, considerando como tal la carencia de al menos 7 ítems de la siguiente lista de 13:<br>