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Al abordar el estudio de la ''[[:Archivo:XXX|Población en relación con la actividad económica ]]'' resulta preciso, ante todo, definir las categorías empleadas y el volumen de población al que se refieren.<br>
En primer lugar, se distingue entre población activa e inactiva, siendo la primera el conjunto de personas residentes en España que cuentan con la edad legal para trabajar (16 años y más) y se hallan inscritas en el mercado laboral. La población activa representaba en 2022 el 58,6% de los cerca de 40 millones de residentes en España mayores de 16 años. Por su parte, la población inactiva incluye las personas mayores de esta edad que no tienen empleo ni lo están buscando: estudiantes, personas jubiladas o pensionistas, individuos con discapacidad, que se dedican a labores del hogar, etc. Cabe mencionar, que esta última denominación, tradicionalmente utilizada en la terminología estadística, se encuentra hoy cuestionada por quienes subrayan la importancia de los cuidados en la sociedad: la atención a los menores y a los ancianos, las tareas domésticas o el sostén a personas enfermas. Se trata de tareas ejercidas de manera mayoritaria por mujeres, que difícilmente denotan inactividad, antes al contrario.<br>
En segundo lugar, se distingue, dentro de la población activa, entre población ocupada y población desocupada o parada. En 2022, la primera representaba el 87% de la población activa y la segunda, el 13% de la misma.<br>
<div style="font-size:120%; color:#93481b">Población activa</div>
La [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595 Encuesta de población activa ] del Instituto Nacional de Estadística (INE) constituye una fuente clave para comprender el panorama del mercado laboral. La población activa, que se refiere al conjunto de personas mayores de 16 años que se encuentra trabajando o en búsqueda activa de empleo, ha crecido en más de cinco millones en las dos últimas décadas, hasta alcanzar los 23,4 millones en 2022. Se divide en ocupada o parada y su incremento se atribuye principalmente a la incorporación de los trabajadores extranjeros, que continúan ganando protagonismo en el mercado laboral con más de tres millones de activos, de los que el 81,7% están trabajando.<br>
Por contra, la población inactiva incluye, como se ha dicho, las personas mayores de 16 años que no tienen empleo ni lo están buscando. Constituye un indicador clave para medir la temperatura del mercado laboral, ya que refleja los cambios tanto en la estructura y dinámica demográfica como del mercado laboral. Así, el crecimiento de la población inactiva puede atribuirse a procesos demográficos como el envejecimiento o la prolongación de años dedicados a los estudios, pero también a factores laborales como la renuncia a la búsqueda de empleo por falta de expectativas o la presencia de barreras que dificultan la entrada al mercado laboral.<br>
A pesar de que las mujeres mayores de 16 años superan en número a los hombres, en parte debido a la mayor esperanza de vida que incrementa las cohortes femeninas de edades avanzadas, la población activa femenina siempre ha sido inferior a la masculina. Esta evolución de la población activa según sexo es reflejo de las persistentes dificultades de acceso al mercado laboral y la desigual distribución por género de las responsabilidades del cuidado. El número de mujeres paradas supera al de hombres, provocando que las tasas de paro femeninas, tanto de españolas como de extranjeras, sean superiores.<br>
La distribución de la ''[[:Archivo:XXX|Población activa según sexo y grupo de edad ]]'' por comunidades autónomas evidencia marcadas disparidades, al ser Madrid y Cataluña las que concentran las tasas de actividad más elevadas, mientras que Galicia, Castilla y León, Cantabria y, especialmente Asturias, presentan tasas inferiores al 55%. Madrid y Cataluña también presentan los valores más elevados de tasas de actividad femenina, aunque persiste una brecha de casi diez puntos respecto a la tasa de actividad masculina. Al examinar la ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la población activa según sexo y grupo de edad]]'', se evidencia que la población activa masculina tiende a disminuir mientras que la femenina ha experimentado un crecimiento significativo desde 2006, reflejo de la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral.<br>
Por grupos etarios, tanto la población joven como la que se encuentra en edades avanzadas representa un porcentaje reducido de la población activa. Al analizar el nivel de estudios, en prácticamente todas las comunidades autónomas predomina la población que cuenta con una formación superior a los estudios secundarios. Este patrón se mantiene para las mujeres en todos los casos, excepto en Ceuta, mientras que la población activa masculina que cuenta solo con estudios secundarios u obligatorios tiene un peso significativo en comunidades como Extremadura, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha.<br>
La ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la población activa extranjera ]]'' muestra un patrón cíclico marcado por las fluctuaciones económicas. En particular, los extranjeros de América Latina han experimentado la disminución más notable tras la crisis financiera de 2008, posiblemente debido a procesos de retorno a sus países de origen. La población ''[[:Archivo:XXX|Población activa extranjera ]]'' presenta tasas de actividad superiores a las españolas en todas las comunidades autónomas. Su distribución territorial no es uniforme pues Cataluña, Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía concentran un mayor volumen de población activa extranjera. Aunque predomina la población procedente del resto del mundo, la población de la Unión Europea también tiene una representación importante en algunas comunidades autónomas, especialmente en Canarias. En cambio, en la Región de Murcia su presencia es limitada, mientras que en Ceuta y Melilla es prácticamente inexistente.<br>
<div style="font-size:120%; color:#93481b">Población ocupada</div>
El mercado laboral español muestra una trayectoria sumamente procíclica, de tal manera que la ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la distribución sectorial del empleo ]]'' se caracteriza por un buen comportamiento en las fases expansivas y una rápida destrucción del empleo en las recesivas. Esta evolución refleja también la terciarización de la economía: el sector servicios se consolida como el principal generador de empleo, pues llega a aglutinar el 77% del mismo en 2023. En cambio, la industria y, especialmente, la construcción experimentaron notables pérdidas de empleo tras la crisis de 2008, mientras que la agricultura se ha mantenido relativamente estable, aunque con una baja participación en la ocupación total.<br>
La dinámica del empleo en España se ve influenciada tanto por factores endógenos como externos, entre los que destaca la masiva incorporación de mano de obra inmigrante en la primera década del siglo XXI. La población inmigrante contribuyó al crecimiento del empleo, asumiendo con frecuencia trabajos poco cualificados y en sectores intensivos en mano de obra. Sin embargo, el impacto de la crisis redujo notablemente su presencia, especialmente por su afección al sector de la construcción donde trabajaba un alto porcentaje de inmigrantes, aunque en la actualidad se perciba una recuperación notable.<br>
Cataluña es la comunidad autónoma con un mayor volumen de ''[[:Archivo:XXX|Población ocupada extranjera ]]'' seguida por la Comunidad de Madrid y, a relativa distancia, por Andalucía y Comunitat Valenciana. La mayoría de los ocupados extranjeros no pertenecen a la Unión Europea, aunque en Castilla y León y Castilla-La Mancha se produce un mayor equilibrio y las personas procedentes de la Unión Europea casi representan la mitad de los ocupados extranjeros. Además, salvo en Asturias, Cantabria, País Vasco y Madrid, la ocupación de extranjeros hombres supera a la de las mujeres.<br>Esta marginación femenina en el empleo se refleja también en la mayor prevalencia de contratos a tiempo parcial en las mujeres, tal como evidencia el mapa de la ''[[:Archivo:XXX|Población ocupada según tipo de jornada]]''. En el ámbito nacional, en torno a un 13,5% de los ocupados están contratados a tiempo parcial. Sin embargo, en todas las comunidades autónomas, el empleo femenino a tiempo parcial supera al masculino. Esta brecha se acentúa al relacionarla con el empleo total por sexo, ya que solo el 6,6% del empleo masculino es a tiempo parcial, mientras que, en el caso de las mujeres, este porcentaje asciende al 21,6%. La mayor diferencia se registra en La Rioja (26,3% en las mujeres frente a 4,3% en los hombres), destacando también Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón. La parcialidad indeseada, claro indicador de precariedad laboral, persiste pese a las diversas reformas dirigidas a flexibilizar el mercado laboral, reformas que se han mostrado ineficaces para resolver este problema.<br>Otro rasgo endémico del mercado laboral son los bajos salarios, como evidencia el mapa ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la población asalariada con salarios bajos]]'', influenciados probablemente por el alto nivel de paro, que lleva a las personas desempleadas a aceptar empleos mal retribuidos. Esta disparidad de la estructura salarial, superior a la de otros países europeos, contribuye a ampliar la pobreza, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y personas con bajos niveles educativos. Se encuentran más expuestos los residentes en Canarias, Extremadura o Murcia. En cambio, en el País Vasco y Navarra y, en menor medida en Cataluña, los trabajadores con bajo salarios son relativamente menos frecuentes. La incidencia de bajos salarios se vincula principalmente a los convenios colectivos, aunque el salario mínimo interprofesional también puede contribuir. En este sentido, los recientes incrementos del salario mínimo interprofesional pueden aliviar esta problemática, aunque, si no se controla la inflación, resultarían insuficientes para compensar adecuadamente la subida del costo de vida.<br>En 2022, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó los 20.159.276 de trabajadores, reflejando un crecimiento sustancial, especialmente, del empleo femenino. Sin embargo, perdura una brecha de género en la ocupación evidente, pese a que las diferencias en la ocupación por sexo se han reducido desde 2008. De hecho, mientras que el empleo masculino aún no ha recuperado los niveles precrisis, el número de mujeres afiliadas a la seguridad social ha aumentado en casi 1,4 millones. Aun así, al profundizar en los datos, se observa que esta brecha se amplía en las mujeres en función del número de hijos que tienen. La evolución ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la tasa de empleo según número de hijos ]]'' demuestra que aquellas que cuentan con tres o más hijos encuentran grandes dificultades para permanecer en el mercado laboral, con la exclusión de cerca de la mitad de ellas. Por contra, cuando es el hombre quien tiene familia numerosa, tiende a tener una mayor empleabilidad que los hombres sin hijos. Esto refleja nuevamente la desigual distribución de las responsabilidades del cuidado, evidenciando que son las mujeres quienes suelen renunciar a sus empleos en caso de maternidad.<br>
Las recientes reformas en la regulación de la contratación laboral han tratado de hacer frente a la alta temporalidad, muy presente tradicionalmente en el sector turístico y agrícola. La temporalidad se ve influida, en gran parte, por la estacionalidad del empleo y genera una mayor volatilidad de este durante periodos de incertidumbre económica, cuando los despidos se han utilizado como estrategia para adaptarse a las dinámicas del mercado. La incidencia de la temporalidad laboral resulta especialmente alta en regiones como Melilla (31,2%), Extremadura (28,8%), Andalucía (28,2%) y Canarias (24,9%). Además, se producen diferencias significativas entre las tasas de temporalidad de hombres y mujeres, siendo País Vasco y Navarra las comunidades autónomas con mayores disparidades.<br>
Muchos jóvenes se encuentran también atrapados en la temporalidad, lo que dificulta su emancipación y les somete a inestabilidad laboral. La temporalidad juvenil, exacerbada por la crisis del COVID-19, ha llevado a una elevada rotación en el empleo al no renovarse los contratos temporales en los periodos económicos adversos. Sin embargo, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) evitaron una pérdida masiva de empleos y proporcionaron un colchón económico no sólo a los jóvenes, sino al conjunto de trabajadores afectados, contribuyendo a mantener la estabilidad laboral y la demanda interna en un contexto de incertidumbre económica global.<br>
Los gráficos de Evolución de la tasa de paro de larga duración según sexo, nivel de estudios, grupos de edad y origen, aun reflejando una evolución similar, revelan diversos factores que aumentan la probabilidad de sufrir desempleo de larga duración. Históricamente, las mujeres han experimentado tasas superiores, aunque durante la gran recesión esta brecha se estrechó principalmente a causa de la pérdida de empleo masculino en el sector de la construcción. El nivel educativo también es un factor relevante, ya que la población con niveles educativos inferiores se encuentra mucho más expuesta, lo que confirma que la inversión en educación puede contribuir a solucionar el problema.<br>
Por edades, se da una mayor incidencia en los jóvenes menores de 25 años. Influye la falta de experiencia profesional que actúa como barrera de entrada al mercado laboral y la precariedad de su contratación, con alto grado de temporalidad y parcialidad, que facilita su despido en épocas de destrucción de empleo. Asimismo, los mayores de 50 años se ven especialmente afectados, en gran medida debido a la falta de competencias digitales, al menor nivel educativo o a la discriminación laboral por razón de edad. Por último, el estatus migratorio también influye, siendo más discriminatorio para los inmigrantes de fuera de la Unión Europea, mientras que estos últimos muestran valores bastante semejantes a los de la población nacional.<br>
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La Evolución de las trabajadoras no asalariadas, según categorías, muestra cómo según los datos de la Encuesta de población activa del INE, desde el año 2006 el número de las trabajadoras no asalariadas se ha mantenido estable, en términos generales. Cabe destacar la reducción progresiva de las no asalariadas en la empresa o negocio familiar y de aquellas que eran miembros de una cooperativa y el incremento de empresarias sin asalariados. Hay que señalar que la figura del empleo no asalariado no siempre representa un trabajo independiente o trabajo autónomo, sino que, en ciertos casos, traduce la relación exclusiva con un único cliente. Ello implica una situación de dependencia que no va acompañada por la protección social de la que, en general, disponen las personas asalariadas. Por esto, tal y como refiere el Banco de España, la condición de trabajadoras asalariadas se deriva en muchos casos, más que de una libre opción, de la falta de oportunidades y alternativas en otras categorías laborales.<br>
La brecha salarial, la asunción de tareas de cuidados y las intermitencias en la trayectoria profesional tienen su corolario en la menguada presencia de mujeres en altos cargos de las administraciones públicas y las empresas. La presencia de mujeres en los distintos ámbitos del poder político se ha incrementado notablemente a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prevé el avance progresivo hacia una composición equilibrada de los órganos colegiados. Sin embargo, la presencia de las mujeres resulta todavía muy reducida en los órganos de dirección de las empresas privadas, incluidas las más grandes, aun cuando se han producido avances destacados en los últimos años.<br>
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Más allá de las condiciones materiales objetivas, los datos relativos a la Evolución de los hogares según dificultad para llegar a final de mes muestran que las situaciones más severas de estrés económico se han reducido significativamente en los últimos años, sobre todo desde el final de la gran recesión. Entre 2014 y 2022, la proporción de población española que llegaba a final de mes con muchas dificultades pasó de un 16,1% a un 8,7%. Esta tendencia se observa en todas las comunidades autónomas, excepto en Ceuta, donde este porcentaje se sitúa en 2022 en el 17,8%, y en Asturias, Galicia, y Castilla y León, donde esta percepción aumentó ligeramente entre la población entre 2016 y 2022.<br>
Pese a esta mejora, el 46,5% de la población española percibe que llega con algún tipo de dificultad a final de mes, proporción que aumentó en tres puntos porcentuales en 2022 respecto al año anterior. Este aumento del estrés económico de las familias coincide con un escenario económico marcado por una fuerte inflación que ha afectado a ámbitos de consumo básico como el energético, los combustibles, los alimentos y la vivienda. Aquellas que se han incrementado de manera más destacada son las situaciones de dificultad moderada, pues el 24,8% de la población declara tener sólo ciertas dificultades para llegar a final de mes.<br>
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