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|epigrafe=Relación de la población con la actividad económica

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Al abordar el estudio de la ''[[:Archivo:XXX|Población en relación con la actividad económica]]'' resulta preciso, ante todo, definir las categorías empleadas y el volumen de población al que se refieren.<br>

En primer lugar, se distingue entre población activa e inactiva, siendo la primera el conjunto de personas residentes en España que cuentan con la edad legal para trabajar (16 años y más) y se hallan inscritas en el mercado laboral. La población activa representaba en 2022 el 58,6% de los cerca de 40 millones de residentes en España mayores de 16 años. Por su parte, la población inactiva incluye las personas mayores de esta edad que no tienen empleo ni lo están buscando: estudiantes, personas jubiladas o pensionistas, individuos con discapacidad, que se dedican a labores del hogar, etc. Cabe mencionar, que esta última denominación, tradicionalmente utilizada en la terminología estadística, se encuentra hoy cuestionada por quienes subrayan la importancia de los cuidados en la sociedad: la atención a los menores y a los ancianos, las tareas domésticas o el sostén a personas enfermas. Se trata de tareas ejercidas de manera mayoritaria por mujeres, que difícilmente denotan inactividad, antes al contrario.<br>

En segundo lugar, se distingue, dentro de la población activa, entre población ocupada y población desocupada o parada. En 2022, la primera representaba el 87% de la población activa y la segunda, el 13% de la misma.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Población activa</div>

La [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595 Encuesta de población activa] del Instituto Nacional de Estadística (INE) constituye una fuente clave para comprender el panorama del mercado laboral. La población activa, que se refiere al conjunto de personas mayores de 16 años que se encuentra trabajando o en búsqueda activa de empleo, ha crecido en más de cinco millones en las dos últimas décadas, hasta alcanzar los 23,4 millones en 2022. Se divide en ocupada o parada y su incremento se atribuye principalmente a la incorporación de los trabajadores extranjeros, que continúan ganando protagonismo en el mercado laboral con más de tres millones de activos, de los que el 81,7% están trabajando.<br>

Por contra, la población inactiva incluye, como se ha dicho, las personas mayores de 16 años que no tienen empleo ni lo están buscando. Constituye un indicador clave para medir la temperatura del mercado laboral, ya que refleja los cambios tanto en la estructura y dinámica demográfica como del mercado laboral. Así, el crecimiento de la población inactiva puede atribuirse a procesos demográficos como el envejecimiento o la prolongación de años dedicados a los estudios, pero también a factores laborales como la renuncia a la búsqueda de empleo por falta de expectativas o la presencia de barreras que dificultan la entrada al mercado laboral.<br>

A pesar de que las mujeres mayores de 16 años superan en número a los hombres, en parte debido a la mayor esperanza de vida que incrementa las cohortes femeninas de edades avanzadas, la población activa femenina siempre ha sido inferior a la masculina. Esta evolución de la población activa según sexo es reflejo de las persistentes dificultades de acceso al mercado laboral y la desigual distribución por género de las responsabilidades del cuidado. El número de mujeres paradas supera al de hombres, provocando que las tasas de paro femeninas, tanto de españolas como de extranjeras, sean superiores.<br>

Por grupos etarios, tanto la población joven como la que se encuentra en edades avanzadas representa un porcentaje reducido de la población activa. Al analizar el nivel de estudios, en prácticamente todas las comunidades autónomas predomina la población que cuenta con una formación superior a los estudios secundarios. Este patrón se mantiene para las mujeres en todos los casos, excepto en Ceuta, mientras que la población activa masculina que cuenta solo con estudios secundarios u obligatorios tiene un peso significativo en comunidades como Extremadura, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Población ocupada</div>

Las recientes reformas en la regulación de la contratación laboral han tratado de hacer frente a la alta temporalidad, muy presente tradicionalmente en el sector turístico y agrícola. La temporalidad se ve influida, en gran parte, por la estacionalidad del empleo y genera una mayor volatilidad de este durante periodos de incertidumbre económica, cuando los despidos se han utilizado como estrategia para adaptarse a las dinámicas del mercado. La incidencia de la temporalidad laboral resulta especialmente alta en regiones como Melilla (31,2%), Extremadura (28,8%), Andalucía (28,2%) y Canarias (24,9%). Además, se producen diferencias significativas entre las tasas de temporalidad de hombres y mujeres, siendo País Vasco y Navarra las comunidades autónomas con mayores disparidades.<br>

Muchos jóvenes se encuentran también atrapados en la temporalidad, lo que dificulta su emancipación y les somete a inestabilidad laboral. La temporalidad juvenil, exacerbada por la crisis del COVID-19, ha llevado a una elevada rotación en el empleo al no renovarse los contratos temporales en los periodos económicos adversos. Sin embargo, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) evitaron una pérdida masiva de empleos y proporcionaron un colchón económico no sólo a los jóvenes, sino al conjunto de trabajadores afectados, contribuyendo a mantener la estabilidad laboral y la demanda interna en un contexto de incertidumbre económica global.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Población parada</div>

El mercado laboral español ha experimentado una fuerte volatilidad en la ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la tasa de paro según sexo]]''. Esta ha conocido un fuerte incremento entre 2007 y 2013, coincidiendo con la recesión económica, y una paulatina recuperación posterior, con la intermisión de la pandemia COVID-19, que generó un pequeño pico de paro. Durante todo el periodo las tasas de paro femeninas se han mantenido por encima de las masculinas evidenciando desigualdades de género, que se ven reducidas durante los periodos de crisis. Esto se explica por el hecho de que la reestructuración de la economía ha afectado principalmente a la industria y la construcción, sectores fuertemente masculinizados. Otra razón es la mayor flexibilidad de la oferta laboral femenina, que lleva a que en épocas de crisis, ante caídas en los ingresos del hogar, sean ellas, que a menudo se encuentran inactivas, las que busquen empleo para mantener la economía familiar. La representación cartográfica de las tasas de paro muestra la existencia de notables contrastes entre el norte y el sur en España, donde comunidades como Andalucía, Extremadura o Canarias padecen altas cifras de paro como mal endémico.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Paro de larga duración</div>

Las actividades del cuidado abarcan un amplio conjunto de responsabilidades relacionadas con la vida cotidiana de las personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, dichas actividades se pueden dividir en aquellas destinadas a prestar cuidado directo y relacional, como alimentar a un bebé o asistir a un familiar enfermo, y de cuidado indirecto, como preparar alimentos y limpiar. Son indispensables para el bienestar y la estabilidad de la sociedad, aunque a menudo no se remuneren y, por tanto, queden al margen de su cómputo en el mercado laboral.<br>

Reconocer el valor de la provisión de cuidados no remunerados es esencial para apreciar plenamente su impacto en la sociedad y para comprender la importancia de su inclusión en la narrativa más amplia del trabajo y la economía. Más aún cuando estas actividades juegan un papel central en la configuración de las dinámicas de género, dado que son las mujeres quienes asumen la mayor carga del cuidado no remunerado.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">La importancia de los cuidados</div>

Así, por ejemplo, el mapa ''[[:Archivo:XXX|Población que se encarga de la mayor parte de los cuidados a menores o dependientes según sexo y edad]]'', confirma la asimetría entre sexos en estas tareas y el protagonismo de las mujeres en todos los grupos de edad. Muestra, asimismo como esta situación es general pese al hecho de que algunos territorios con mayor densidad demográfica –como la Comunidad de Madrid, Cataluña o la provincia de Valencia– disponen de una mayor dotación de recursos institucionales para la provisión de cuidados a personas menores de edad o mayores dependientes que en el resto de España. Otra muestra de las carencias de la red institucional de cuidados, pública y privada, es la proporción de menores de tres años que acuden a centros de cuidados: aun cuando la situación española es mejor que la media europea, entre 2018 y 2021 cerca de la mitad de las criaturas de estas edades no se encontraban acogidos a este tipo de servicios.<br>

Cabe destacar, asimismo que a partir de la pandemia de 2020 se detecta una refamiliarización de los cuidados, debida al cierre y posterior restructuración de distintos centros que prestaban cuidados institucionales, tales como centros de día, centros ocupacionales y centros de atención temprana, entre otros. La feminización de los cuidados y la refamiliarización que se produjo a raíz de la pandemia ha supuesto un amortiguador en el periodo de crisis económica y sociosanitaria, pero los déficits institucionales pueden venir a consolidar un retroceso en la situación de las mujeres y el derecho a los cuidados. La equidad de género en la prestación de los cuidados y la ampliación de las prestaciones y servicios que proveen los distintos sistemas de protección social continúan siendo uno de los grandes retos que se deberán afrontar en España en los próximos años.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Brecha de género y vulnerabilidad</div>

El acceso de las personas a la renta y a la riqueza se deriva principalmente de su relación con la actividad económica, así como de las relaciones sociales y de género a ella aparejadas. La distribución de la renta presenta importantes disparidades sociales y territoriales. Según datos del [https://wir2022.wid.world/ World Inequality Report], en 2022, el 10% más rico de la población española concentra el 34,5% de la renta total, mientras el 50% más desfavorecido percibe solamente el 21,1%. Las diferencias son todavía mayores en términos de riqueza, ya que el 10% más acomodado atesora el 57,8%, mientras la mitad más pobre detiene solo el 6,7%. Estas diferencias, se traducen en notables desigualdades sociales y el riesgo de pobreza para una parte importante de la población.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Renta</div>

La ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la renta media de las familias]]'' ha conocido un progresivo incremento a partir de 2014, con la reactivación económica posterior a la gran recesión. De este modo, en 2022, la renta media anual por unidad de consumo se situó en 19.160 €, con un aumento del 24% respecto al 2014. La evolución positiva tan sólo se interrumpió el año 2020, como consecuencia de la pandemia COVID-19. No obstante, pese a la gravedad de la situación, no se produjo una caída significativa de los ingresos medios anuales debido a la corta duración de la crisis pandémica y al despliegue de un conjunto de medidas extraordinarias para sostener los ingresos de las familias. Después de este ''impasse'', la recuperación económica fue relativamente rápida lo que se ha traducido en un nuevo incremento de los ingresos de los hogares.<br>

Las diferencias territoriales en la distribución de la renta son notables. Por comunidades, el País Vasco (23.886 €), Navarra (23.578 €) y Madrid (23.338 €) presentan un nivel de renta más elevado, seguidas de Cataluña (21.637 €). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (14.843 €), Andalucía (15.862 €), Canarias (15.901 €) y Murcia (16.128 €). La distribución por municipios de la ''[[:Archivo:XXX|Renta media por unidad de consumo]]'' permite observar dos ejes de desigualdad socioeconómica territorial: una divisoria norte-sur, y un eje urbano-rural perceptible sobre todo en las comunidades autónomas más empobrecidas.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Fuente de ingresos</div>

La proporción entre las diversas fuentes de ingresos sobre el total de la renta presenta variaciones territoriales destacadas, según la estructura demográfica y la situación económica. En 2021, la provincia española en la que, de media, el peso de ingresos procedentes del trabajo era más elevada fue Guadalajara con un 67,1%, seguida de la ciudad autónoma de Ceuta (66,8%). En las provincias de Madrid, Toledo, Murcia y Barcelona, esta proporción también superó el 60% de la renta media anual por persona. Por el contrario, en Ourense, Zamora, León, Asturias y Lugo apenas superó el 50%. En este caso, se trata de las provincias con la mayor proporción de ingresos procedente de las pensiones de jubilación, lo que denota un mayor envejecimiento de la población en estos territorios. Por lo que respecta a las prestaciones por desempleo, es en las islas donde, de media, tienen un mayor peso en los ingresos de los hogares, particularmente, en Las Palmas (6%), en las Illes Balears (5,9%) y en Santa Cruz de Tenerife (5,6%). Cabe destacar que en Illes Balears es donde los ingresos por rendimientos de patrimonio o de capital (otros ingresos) tienen el peso más elevado en las rentas de los hogares, llegando a constituir de media el 17,6%.<br>

La distribución territorial de la ''[[:Archivo:XXX|Renta que procede de las prestaciones sociales]]'' muestra que el peso de las transferencias sociales públicas en los ingresos de los hogares es mayor en las áreas rurales, especialmente en aquellas más envejecidas o con una actividad económica más inestable. Estas áreas se encuentran principalmente en el noroeste del país, en zonas de Galicia, Principado de Asturias y Castilla-León, y también en territorios de la España más meridional, situados en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Desigualdad</div>

En el caso de la ''[[:Archivo:XXX|Renta media en el área funcional urbana de Madrid]]'' la desigualdad se presenta más bien entre el norte y el sur de la metrópoli, siguiendo una lógica muy marcada por el eje centro-periferia. En la misma ciudad central, en el municipio de Madrid, la desigualdad socioeconómica entre distritos es ya notable. La renta media anual por unidad de consumo más elevada se registra en el distrito de Chamartín (28.233 €), un 261,5% superior a la del distrito de Usera (10.797 €). Dentro del área metropolitana, el municipio que aglutina población con ingresos más altos es Pozuelo de Alarcón, adyacente al distrito de Moncloa-Aravaca y a los municipios de Boadilla del Monte y Majadahonda, también de rentas altas. En cambio, los municipios metropolitanos que aglutinan las rentas más bajas se sitúan en el sur más alejado de la ciudad central, muchos de ellos situados ya en la provincia de Toledo y con rentas medias anuales por unidad de consumo inferiores a los 15.000 €.<br>

Por su lado, en el área funcional urbana de Barcelona la desigualdad no se articula tanto en la dualidad centro-periferia, sino en la especialización de ejes metropolitanos. En el municipio de Barcelona, la desigualdad entre distritos también es considerable si se compara la renta media anual por unidad de consumo de Sarrià-Sant Gervasi (26.709 €) con la de Ciutat Vella (11.931 €) o Nou Barris (12.241 €). En el área metropolitana, se identifican dos ejes supramunicipales de localización de población con rentas altas. Uno que arranca de la zona alta de Barcelona y continua hacía Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès y Sant Quirze del Vallès; y otro que aglutina municipios del Maresme, desde Tiana y Montgat a Cabrera de Mar y que continua más allá de Mataró, alrededor de Sant Vicenç de Montalt. A parte de estos ejes destacan también los municipios de Matadepera, situado al norte de Terrassa y l’Ametlla del Vallès, al norte de Granollers. En cambio, los ejes donde se concentra más población de rentas bajas se sitúan en la primera corona metropolitana, principalmente, en los márgenes Besòs –con los municipios de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona– y el eje de la carretera de Collblanc –con barrios de l’Hospitalet de Llobregat y Cornellà–.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Pobreza</div>