Cambios

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Al abordar el estudio de la ''[[:Archivo:XXX|Población en relación con la actividad económica]]'' resulta preciso, ante todo, definir las categorías empleadas y el volumen de población al que se refieren.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Población activa</div>

La [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595 Encuesta de población activa] del Instituto Nacional de Estadística (INE) constituye una fuente clave para comprender el panorama del mercado laboral. La población activa, que se refiere al conjunto de personas mayores de 16 años que se encuentra trabajando o en búsqueda activa de empleo, ha crecido en más de cinco millones en las dos últimas décadas, hasta alcanzar los 23,4 millones en 2022. Se divide en ocupada o parada y su incremento se atribuye principalmente a la incorporación de los trabajadores extranjeros, que continúan ganando protagonismo en el mercado laboral con más de tres millones de activos, de los que el 81,7% están trabajando.<br>

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<div style="font-size:120%; color:#93481b">Población parada</div>

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<div style="font-size:120%; color:#93481b">Paro de larga duración</div>

El desempleo de larga duración conlleva la pérdida de la protección social, circunstancia que puede provocar situaciones de exclusión y vulnerabilidad difíciles de revertir. De ahí la relevancia de articular políticas que eviten su cronificación. La ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la tasa de paro de larga duración]]'' ha seguido un patrón altamente procíclico. Durante la fase expansiva, la tasa de paro de larga duración en España se situó por debajo del 2%. Sin embargo, la crisis de 2008 desencadenó un aumento significativo de los parados de larga duración, alcanzando su valor máximo en 2013 con más de 3,5 millones de personas afectadas. A partir de 2014, disminuyó de forma continuada, hasta situarse en valores inferiores al 6% en 2020. Con la llegada del coronavirus, y a pesar de la política de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que intentó mitigar los impactos de la pandemia, volvió a subir. A partir de 2021, se reduce ligeramente, pero la incertidumbre económica y los conflictos internacionales actuales no permiten prever cuál será su evolución futura.<br>

Existen claras diferencias entre el norte y el sur peninsular. Ceuta, Melilla, Andalucía, Extremadura o Canarias se han disputado, a lo largo de estos años, los primeros puestos en cuanto a mayores tasas de paro de larga duración. En cambio, las comunidades autónomas de Navarra, La Rioja o País Vasco muestran cifras estructuralmente bajas en este periodo.<br>

Por edades, se da una mayor incidencia en los jóvenes menores de 25 años. Influye la falta de experiencia profesional que actúa como barrera de entrada al mercado laboral y la precariedad de su contratación, con alto grado de temporalidad y parcialidad, que facilita su despido en épocas de destrucción de empleo. Asimismo, los mayores de 50 años se ven especialmente afectados, en gran medida debido a la falta de competencias digitales, al menor nivel educativo o a la discriminación laboral por razón de edad. Por último, el estatus migratorio también influye, siendo más discriminatorio para los inmigrantes de fuera de la Unión Europea, mientras que estos últimos muestran valores bastante semejantes a los de la población nacional.<br>

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|epigrafe=Cuidados y brecha de género

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Las actividades del cuidado abarcan un amplio conjunto de responsabilidades relacionadas con la vida cotidiana de las personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, dichas actividades se pueden dividir en aquellas destinadas a prestar cuidado directo y relacional, como alimentar a un bebé o asistir a un familiar enfermo, y de cuidado indirecto, como preparar alimentos y limpiar. Son indispensables para el bienestar y la estabilidad de la sociedad, aunque a menudo no se remuneren y, por tanto, queden al margen de su cómputo en el mercado laboral.<br>

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<div style="font-size:120%; color:#93481b">La importancia de los cuidados</div>

El papel de la mujer en los cuidados limita sus oportunidades laborales y dificulta su participación plena en la esfera pública. De este modo, la desigualdad en la asunción de los cuidados se relaciona con la existencia de una notable brecha de género en las retribuciones salariales de los hombres y las mujeres, así como en las posibilidades profesionales de estas.<br>

La dedicación a los cuidados tiene un impacto directo en el mercado de trabajo, tanto en lo que respecta a las excedencias como a la inactividad laboral o jornada a tiempo parcial motivadas por la prestación de cuidados. Así, los datos relativos a las ''[[:Archivo:XXX|Excedencias por cuidados de hijos y familiares]]'' reflejan de nuevo un escenario de desigualdad entre hombres y mujeres, siendo ellas las que, en todas las comunidades autónomas, asumen de manera muy mayoritaria las excedencias. Sin embargo, se aprecia un incremento de las excedencias masculinas, que han experimentado un crecimiento del 175,3% entre 2010 y 2021 en el conjunto de España. Por otra parte, la dedicación a los cuidados explica en buena medida los porcentajes de ''[[:Archivo:XXX|Inactividad y trabajo a tiempo parcial de las mujeres por responsabilidades familiares]]'', hasta el punto de que en 2022 más del 20% de la inactividad laboral de las mujeres y el 15% de su trabajo a tiempo parcial se explicaba por el cuidado de niños o adultos enfermos incapacitados o mayores. La distribución de las ''[[:Archivo:XXX|Horas dedicadas al cuidado según sexo]]'' evidencia también la asimetría existente entre hombres y mujeres en estas tareas, con un alto porcentaje de mujeres que refieren dedicar tres o más horas al cuidado de personas dependientes.<br>

La dependencia familiar y la feminización de los cuidados podrían verse paliados por la extensión de los sistemas públicos de servicios sociales autonómicos. Entre ellos destaca el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que reconoce la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidados no profesionales para la atención a personas en situación de dependencia. Del mismo modo, la [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990 Ley 39/2006] de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia regula en su catálogo de servicios esta prestación económica y reconoce otra serie de servicios (servicio de atención residencial, servicio de centro de día, prestación económica vinculada al servicio, entre otras). Este sistema público de protección social contempla igualmente, en principio, prestaciones vinculadas con la provisión de cuidados ante situaciones de necesidad en otros colectivos, como personas con diversidad funcional, menores en situación de desprotección o víctimas de violencia de género. No obstante, debido a las carencias en las dotaciones presupuestarias, la diversidad territorial de las necesidades y la heterogeneidad de los sistemas públicos de servicios sociales persiste una notable desigualdad territorial en el acceso a dichos recursos sociales.<br>

Así, por ejemplo, el mapa ''[[:Archivo:XXX|Población que se encarga de la mayor parte de los cuidados a menores o dependientes según sexo y edad]]'', confirma la asimetría entre sexos en estas tareas y el protagonismo de las mujeres en todos los grupos de edad. Muestra, asimismo como esta situación es general pese al hecho de que algunos territorios con mayor densidad demográfica –como la Comunidad de Madrid, Cataluña o la provincia de Valencia– disponen de una mayor dotación de recursos institucionales para la provisión de cuidados a personas menores de edad o mayores dependientes que en el resto de España. Otra muestra de las carencias de la red institucional de cuidados, pública y privada, es la proporción de menores de tres años que acuden a centros de cuidados: aun cuando la situación española es mejor que la media europea, entre 2018 y 2021 cerca de la mitad de las criaturas de estas edades no se encontraban acogidos a este tipo de servicios.<br>

Cabe destacar, asimismo que a partir de la pandemia de 2020 se detecta una refamiliarización de los cuidados, debida al cierre y posterior restructuración de distintos centros que prestaban cuidados institucionales, tales como centros de día, centros ocupacionales y centros de atención temprana, entre otros. La feminización de los cuidados y la refamiliarización que se produjo a raíz de la pandemia ha supuesto un amortiguador en el periodo de crisis económica y sociosanitaria, pero los déficits institucionales pueden venir a consolidar un retroceso en la situación de las mujeres y el derecho a los cuidados. La equidad de género en la prestación de los cuidados y la ampliación de las prestaciones y servicios que proveen los distintos sistemas de protección social continúan siendo uno de los grandes retos que se deberán afrontar en España en los próximos años.<br>

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<div style="font-size:120%; color:#93481b">Brecha de género y vulnerabilidad</div>

La intensificación de las brechas sociales, generacionales y de género, está derivando en la conformación de una sociedad vulnerable y vulnerada con procesos de reducción de las clases medias y la emergencia de las denominadas geografías del malestar. Las carencias de los sistemas públicos de servicios sociales junto con el resto de déficits de los sistemas de protección social incrementan la vulnerabilidad social de una parte no desdeñable de la población española, afectando a grupos sociales cada vez más amplios y heterogéneos. Una de las causas destacadas de la desigualdad es la denominada brecha de género entre hombres y mujeres, que como ya se ha visto, afecta tanto al empleo como a los cuidados.<br>

<div style="font-size:120%; color:#93481b">Renta</div>

Las diferencias territoriales en la distribución de la renta son notables. Por comunidades, el País Vasco (23.886 €), Navarra (23.578 €) y Madrid (23.338 €) presentan un nivel de renta más elevado, seguidas de Cataluña (21.637 €). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (14.843 €), Andalucía (15.862 €), Canarias (15.901 €) y Murcia (16.128 €). La distribución por municipios de la ''[[:Archivo:XXX|Renta media por unidad de consumo]]'' permite observar dos ejes de desigualdad socioeconómica territorial: una divisoria norte-sur, y un eje urbano-rural perceptible sobre todo en las comunidades autónomas más empobrecidas.<br>

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<div style="font-size:120%; color:#93481b">Fuente de ingresos</div>

La renta de los hogares proviene mayoritariamente de los ingresos por trabajo y prestaciones sociales. Los primeros constituyen la fuente principal de los recursos, pero tienen también una importancia muy destacada las prestaciones sociales reconocidas por el estado del bienestar, principalmente de las pensiones de jubilación y de las prestaciones de desocupación, que constituyen las transferencias sociales públicas de mayor cuantía en España.<br>

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<div style="font-size:120%; color:#93481b">Desigualdad</div>

Las desigualdades en la distribución de la renta presentan notables diferencias espaciales, como evidencia el cálculo del '''índice de Gini''', que mide la desigualdad entre los ingresos de la población que reside en cada territorio. Este indicador ofrece valores entre 0 y 1, siendo 0 la situación de máxima igualdad en la que toda la población tendría los mismos ingresos y 1 la situación de máxima desigualdad en la que el 1% de la población obtendría todos los ingresos. En 2021, el nivel de ''[[:Archivo:XXX|Desigualdad de renta según índice de Gini]]'' para el conjunto de España ofrecía un valor de 0,330, uno de los más elevados de Europa. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los territorios con un grado de desigualdad de renta más elevado, 0,405 y 0,403, respectivamente. La Comunidad de Madrid (0,352) también presenta una desigualdad de ingresos alta, por encima del valor del conjunto del país. En cambio, Aragón (0,291) y Galicia (0,292) son las comunidades autónomas más igualitarias.<br>

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<div style="font-size:120%; color:#93481b">Pobreza</div>

En 2022, el 26,3% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social según el índice AROPE. Este indicador, estandarizado a nivel europeo, mide la proporción de población que o bien tiene un nivel de ingresos inferior al umbral de riesgo de pobreza (60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo), o bien vive en hogares con baja intensidad en el empleo (aquellos en los que se aprovecha menos del 20% del trabajo potencial anual de sus miembros en edad de trabajar), o bien sufren carencia material y social severa, considerando como tal la carencia de al menos 7 ítems de la siguiente lista de 13:<br>

|epigrafe=Hogares y formas de convivencia

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La evolución del número y estructura de los hogares depende de la interacción de diferentes mecanismos demográficos, sistemas legales y pautas culturales. La teoría de la Segunda Transición Demográfica (STD) proporciona un marco de referencia para entender las transformaciones recientes de los hogares. Desde los años ochenta del siglo XX, España ha experimentado una significativa disminución de la fecundidad y un incremento paulatino de la esperanza de vida, con diferentes efectos sobre las familias: mayor supervivencia de las personas y por extensión de los matrimonios, un decrecimiento de los parientes colaterales, con una reducción del número de hermanos y primos. Se ha pasado así de una estructura del parentesco dominada por las relaciones horizontales a otra donde las familias se caracterizan por relaciones de parentesco basadas en la verticalidad y en las que se acumulan con una mayor frecuencia hasta cuatro generaciones viviendo simultáneamente.<br>