Diferencia entre revisiones de «Discusión:Sociología electoral»
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Revisión del 09:33 26 jul 2019
Estructura temática > Población, poblamiento y sociedad > Sociedad > Sociología electoral
El sistema electoral español responde fundamentalmente al que se acordó para celebrar las elecciones, finalmente constituyentes, de 1977. La Constitución recogió en su artículo 68 el marco general por el que se regiría la conversión de votos en escaños a partir de entonces (diciembre de 1978). El legislador concretaría los extremos del sistema en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (5/1985, de 19 de junio, conocida como LOREG).
Los componentes del sistema electoral han contribuido a que la democracia española destaque por la estabilidad de sus gobiernos, siendo las legislaturas nacionales de las más largas en términos comparados, al menos hasta 2015. El bipartidismo imperfecto propio del sistema de partidos español ha respondido en gran medida a un sistema electoral que, como efectos automáticos, sobrerrepresenta a las candidaturas grandes de ámbito estatal –Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) inicialmente, Partido Popular (PP) y PSOE con posterioridad-, infrarrepresenta a las candidaturas pequeñas de ámbito estatal –Partido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP) de manera destacada al comienzo del actual período democrático, o Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) posteriormente-, y otorga una representación en el Congreso de los Diputados proporcional a los votos conseguidos en el cómputo nacional a las formaciones políticas que solo se presentan en las circunscripciones en que gozan de apoyo ciudadano, cual es el caso, no exclusivo, de las candidaturas nacionalistas. Como efecto automático complementario, el sistema sobrerrepresenta a las circunscripciones tanto más cuanta menos población tienen, y, al contrario, las infrarrepresenta tanto más cuanta más población registran.
Son consecuencias mecánicas de un sistema cuya fórmula electoral es la ley D’Hondt, menos proporcional cuanto menor es la magnitud, es decir, cuanto menor es el número de representantes que se eligen en la circunscripción. No quiere ello decir que la responsable única de los efectos automáticos del sistema sea la fórmula, pues componentes del mismo, previos de hecho a su aplicación, son:
- la circunscripción, constitucionalmente restringida a la provincia tanto en las elecciones generales como en las autonómicas,
- el tamaño de la cámara de representación, fijado en 350 diputados por la LOREG en el caso del Congreso,
- la elección de un mínimo de diputados nacionales por circunscripción (dos, LOREG), y
- una barrera electoral que excluye de la aplicación de la fórmula a quienes no superan un porcentaje del voto válido (3% en el caso de la elección de diputados nacionales, 5% en las elecciones municipales y uno u otro según la comunidad autónoma en sus correspondientes elecciones).
Salvo la barrera electoral en el caso de alguna comunidad autónoma, ningún otro de los componentes indicados ha cambiado desde 1977.
Sin embargo, en 2015 se ha producido una profunda alteración del sistema de partidos. No es entonces el sistema electoral y sus efectos, sino una distribución inédita de las preferencias electorales de los votantes. El resultado ha sido la sustancial pérdida de presencia parlamentaria de los dos grandes partidos de ámbito nacional en beneficio de dos nuevas formaciones políticas, Ciudadanos (C’s) y Podemos, que a su vez se ha presentado en determinadas circunscripciones en candidaturas de convergencia con otras formaciones políticas. El resultado ha sido la transformación del bipartidismo en cuatripartidismo, igualmente imperfecto, pero generalizado en todo el país y con suficiente implantación como para que en el Congreso resultante de las elecciones de 2016, como en el de las de 2015, solo alcance la mayoría absoluta la suma de dos grupos parlamentarios, los otrora dominantes de la escena política nacional: PP y PSOE. El sistema se ha hecho, de esta manera, menos concentrado y más fragmentado, al tiempo que más polarizado, en este caso tanto en el eje izquierda-derecha (por Podemos y sus confluencias) como en el centro-periferia (por el procès catalán).
Elecciones al Congreso
Las elecciones generales de 2011 cierran un ciclo: desde 1977, los dos partidos más votados en el conjunto nacional sumaban un mínimo del 64% de los votos válidos, con una media del 73% en las 11 elecciones celebradas hasta entonces. El sistema electoral traducía esa expresión de la voluntad popular en una media del 85% de los escaños para los dos grupos parlamentarios con más diputados. En 2011, la sobrerrepresentación del PP (8,5 puntos) daba lugar a una mayoría absoluta de 186 diputados. Solo en 17 provincias conseguían representación candidaturas distintas a las de PP y PSOE, y solo en nueve conseguían escaños más de tres listas, cinco en el caso de Barcelona y de Valencia.
Al no haberse producido investidura de candidato alguno como presidente del Gobierno de resultas de las siguientes elecciones, celebradas en diciembre de 2015, las Cortes fueron disueltas y se celebraron las decimoterceras elecciones, en junio de 2016. En sintonía con el resultado de 2015, fue sustancialmente distinto, no ya del de las elecciones de 2011, sino de todo el actual período democrático: los dos partidos más votados, de nuevo PP y PSOE, se quedaron a unas décimas de sumar el 56% de los votos válidos. Aun viéndose sobrerrepresentados, apenas superaban conjuntamente el 63% de los escaños. La dispersión del voto fue tal que en Tarragona, caso extremo, los seis escaños en liza se repartieron entre otras tantas candidaturas; así ocurrió, también, con los cuatro de Álava.
No solo entraban en el Congreso nuevas formaciones políticas, como ya ocurrió anteriormente con candidaturas tan dispares como UPyD o Geroa Bai (GBAI), sino que lo hacían con capacidad de condicionar la actividad parlamentaria: Unidos Podemos (45 escaños) y C’s (32). Junto a Unidos Podemos (lista única de IU, Podemos y Equo), cabe señalar tres candidaturas en las que tales formaciones se sumaron a otras en sus respectivas comunidades autónomas: En Comú Podem-Guanyem el Canvi (Cataluña, 12 escaños), Compromís-Podemos-Eupv (Comunitat Valenciana, 9) y En Marea (Galicia, 5), la única que no ha formado parte en su totalidad del grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A diferencia de lo que ocurriese durante la última legislatura de Felipe González (PSOE) y la primera de José María Aznar (PP) como presidentes del Gobierno, las formaciones políticas nacionalistas menos escoradas en el eje ideológico izquierda-derecha dejaban de ser suficientes para conformar mayorías de gobierno apoyando al grupo parlamentario mayoritario. La deriva independentista del nacionalismo catalán tampoco permitía contemplar la suma de sus apoyos a un gobierno popular.
Aritméticamente inviable una solución a la portuguesa (gobierno coaligado de izquierdas, siendo primer ministro António Costa) y políticamente descartada una gran coalición a la alemana (en referencia al Gobierno de la CDU y el SPD), finalmente Mariano Rajoy vuelve a ser investido presidente del Gobierno gracias en esta ocasión al voto favorable de C’s y la abstención del PSOE, traumática para el partido.
Elecciones al Senado
La elección de senadores se rige por una norma distinta. Si bien las listas son abiertas y desbloqueadas, el resultado sobrerrepresenta al partido más votado en cada circunscripción en mayor medida que en el caso del Congreso, hasta el punto de que la representación es mayoritaria. En ningún distrito se han elegido senadores de más de dos candidaturas en las elecciones generales de 2016 y solo en una (Gipuzkoa) se los han repartido dos listas al 50%.
Los electores tienen la posibilidad de elegir entre candidatos (hasta tres en las circunscripciones peninsulares) con independencia de la lista y del número de orden en que se presenten, pero la mayoría de los votantes lo desconoce o prescinde de ese potencial, y marca las opciones de la única candidatura por la que se decanta. De resultas, la opción más votada consigue el 75% de los escaños, y el cuarto (nos referimos a las provincias peninsulares) lo consigue la segunda lista con más apoyos. En Ceuta, en Melilla y en las islas varían los números, pero el sistema es el mismo.
No obstante el mandato constitucional por el que el Senado ha de ser una cámara de representación territorial, las circunscripciones no son las comunidades autónomas, sino las provincias (véase mapa Elecciones al Senado). En todo caso, a los escaños asignados por mor de las elecciones generales (208 senadores) se unen los designados por las comunidades en razón de su población, un total de 58 en las autonómicas previas a las generales de 2016. Así, el PP sumaba a sus 21 senadores de designación autonómica los 130 elegidos en las generales y se hacía con la mayoría absoluta (151 de 266 escaños) pese a la sustancial transformación del sistema de partidos español y de los subsistemas autonómicos. Ello no ha impedido, conformación de grupos parlamentarios propios aparte, la presencia en el Senado de representantes socialistas y tanto de C’s como de Unidos Podemos y sus confluencias en Cataluña, Galicia y la Comunitat Valenciana, aparte de formaciones nacionalistas canarias, catalanas y vascas (ver gráfico de Composición del Senado).
Elecciones a los parlamentos autonómicos
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Tabla de Candidaturas
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A lo largo de 2015 y antes de las generales de 2016 se han celebrado elecciones en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y en Melilla. Los resultados ofrecen un mapa sustancialmente distinto del conocido hasta ahora, no obstante siguen las presidencias mayoritariamente en manos del PP y del PSOE. Es destacable, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad en cuyo Parlamento solo hay diputados de tres candidaturas, que en sus legislaturas anteriores solo habían estado representados PP y PSOE, por una parte, y, por otra, que en la legislatura de 2011 a 2015 se operó una reforma electoral en clave mayoritaria. La representación ciudadana es más plural en todas las demás comunidades, con cuatro candidaturas como mínimo presentes en la actualidad, un máximo de siete en Aragón, Canarias y La Rioja, y seis en Cataluña e Illes Balears (ver mapa Elecciones autonómicas).
En consonancia con esta inusitada fragmentación del voto ciudadano y la consiguiente pluralidad introducida en los parlamentos autonómicos, solo en Galicia y en Ceuta ha conseguido mayoría absoluta el partido más votado. Por ello, se trata de los únicos territorios en que el Ejecutivo saliente de las elecciones no es un gobierno de coalición o se sustenta en un pacto de legislatura. Tanto C’s como Podemos se han convertido en partidos decisivos en el resto del territorio nacional, dados sus apoyos ora al PP ora al PSOE, o a ambos en el caso de C’s, que ha facilitado los gobiernos populares de Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia, y el socialista de Andalucía.
El PSOE, a pesar de ser la segunda formación más votada en Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, ha acabado gobernando gracias al apoyo de Podemos; en Illes Balears, con el respaldo de la coalición ecosocialista Més, y en el caso valenciano con el apoyo de Compromís. Podemos ha facilitado así mismo una presidencia socialista en Extremadura. En Cantabria ha sido el PSOE el que ha apoyado a la segunda candidatura más votada, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Son pactos todos ellos fuertemente impregnados de una lógica izquierda-derecha, con independencia de los particulares acentos del eje centro-periferia. Cabe señalar a este respecto el gobierno de coalición entre Coalición Canaria (CC) y PSOE con que arrancó la legislatura en Canarias.
En el País Vasco sigue gobernando el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), que pasa de 27 escaños en 2012 a 29 en 2016, pero vuelve a hacerlo, como es habitual, sin mayoría absoluta propia, sino construida sumando apoyos de otros grupos. En todo caso, también en esa comunidad ha conseguido representación Podemos, que con 11 escaños adelanta en dos al Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezquerra, y quedan fuera del Parlamento autonómico tanto la coalición en que destaca IU (Ganemos Sí se Puede) como C’s y UPyD. En resumen, tanto PSOE como PP han visto mermada su representación, como ya les ocurriera en 2012 respecto de 2009, y Euskal Herria Bildu (EH Bildu) se mantiene segunda pero con poca incidencia en la aritmética parlamentaria efectiva.
Con Unión del Pueblo Navarro (UPN), el PP y el Partido Socialista de Navarra perdiendo escaños en 2015 respecto de 2011 y no entrando C’s en el Parlamento navarro, la mayoría de gobierno ha resultado de una coalición postelectoral también inédita en la Comunidad Foral, en este caso entre Geroa Bai, que asume la presidencia, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra (IE), de la que forma parte IU.
La transformación del sistema de partidos se ha visto atravesada en Cataluña como en ninguna otra región por el eje centro-periferia. Por otra parte, la complejidad de la problemática que experimenta ha dado lugar a la celebración de tres elecciones entre 2010 y 2015. Además de conseguir representación en 2012 la candidatura en que se integran Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Podemos (Catalunya Sí que es Pot, CSQP, 11), C’s (Ciutadans, presente en el Parlamento autonómico desde 2010), ha pasado de sus primeros 3 escaños a los 25 actuales. Así como CSQP es una opción estratégica para maximizar los efectos automáticos del sistema electoral, también lo es Junts pel Sí, una coalición electoral en la que se aúnan, de manera destacada, la ya extinta Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya. Por su parte, tanto el Partido Socialisra de Cataluña (PSC) como el PP pierden escaños (12 entre ambos), y la CUP (Candidatura de Unidad Popular) pasa de 3 a 10. Disuelta la federación de partidos Convergència i Unió en 2015, Unió Democràtica de Catalunya se presentó a los comicios, pero no obtuvo representación.
Elecciones municipales
Las elecciones municipales de 2011 tuvieron lugar cuando ya se había iniciado la acampada en la Puerta del Sol de Madrid y comenzaba a cobrar relevancia el movimiento social del 15M. A pocos meses de una disolución entonces imprevista de las Cortes Generales, se produjo un incremento de la participación ciudadana de dos puntos respecto de los comicios anteriores. Más significativo, el PP volvía a ser el partido más votado en el cómputo nacional y lo hacía con casi dos puntos más que en 2007, mientras que el PSOE, aun siendo la segunda fuerza con más respaldo ciudadano, perdía algo más de siete puntos. Cuatro años después, con una participación del 65% (intermedia entre las de 2007 y 2011), el PSOE perdía casi tres puntos más y el PP, más de diez. No menos relevante es que si en 2007 sumaban el 70,5% del voto válido y en 2011 bajaban al 65%, en 2015 se quedaban en un inusitado 52% y, sumando menos de 44.000 concejales, perdían 4.705.
Siempre según los datos del Ministerio del Interior, la tercera fuerza política más votada, no así en número de concejales, pasaba a ser C’s con casi un 7% del voto válido y 1.527 ediles, seguida de IU (4,5%, 2.029 concejales). Los datos son engañosos habida cuenta de la elevada cantidad de candidaturas de coalición presentadas en miles de municipios. Muchas de ellas contaban ora con IU ora con Podemos, pero respondían a distintas denominaciones y no son computadas por el Ministerio de forma aunada. Se conocieron como «candidaturas de unidad popular».
Se evidenciaba en el ámbito municipal una transformación del sistema de partidos de alcance tanto regional como nacional; se imponían como una necesidad los pactos, fueran de gobierno o de legislatura; se daba de hecho el entendimiento entre IU, Podemos y los demás integrantes de las confluencias, al tiempo que se generalizaba el acuerdo entre estas formaciones y el PSOE, y C’s se erigía en partido bisagra entre PP y PSOE, si bien tendiendo a apoyar la lista más votada de los dos y desmarcándose de cualquier acuerdo con los socialistas que incluyera a Podemos.
La distribución de la representación municipal en las capitales de provincia, Ceuta y Melilla incluidas, es ilustrativa de toda esta transformación, como se observa en el mapa Elecciones municipales en la capitales de provincia: el PP obtuvo más de dos millones de votos en el cómputo global, pero las candidaturas de unidad popular superaron los 1,4 millones y fueron las segundas en respaldo ciudadano, por delante del PSOE, de C’s, de CiU (que aún se presentó como tal en estos comicios) y de IU, concurriera –como el PSOE– sola o en coalición. Aunque el PSOE aventajaba en número de concejales a las candidaturas de unidad popular y CiU pasaba a ocupar la quinta posición por este concepto, son las cinco listas con mayor cuota de representación.
Por otra parte, si el PP y el PSOE han pasado a formar parte de los 52 ayuntamientos, C’s solo está ausente de seis e IU y Podemos, de siete. Por su parte, CiU está representada en las cuatro capitales catalanas, como ERC y la CUP, estas a la izquierda. También forman parte de los consistorios de las tres capitales vascas EAJ-PNV y EH-Bildu, como Compromís de las tres valencianas. La distribución de los escaños es tal que ninguna lista ha conseguido mayoría absoluta. En todos los ayuntamientos se ha impuesto la necesidad del pacto entre grupos, y ni siquiera siempre ha conseguido la alcaldía la lista más votada.
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Riesgo de polarización Según la Directiva del Consejo 94/80/EC, con el reconocimiento del derecho de sufragio municipal a los ciudadanos europeos que residen en un Estado miembro distinto del propio se pretende «capacitar a los ciudadanos de la Unión para integrarse mejor en sus países de acogida», si bien se matiza que existe «riesgo de polarización» entre «listas de candidatos nacionales y no-nacionales», en particular, en los Estados miembros «en los que la proporción de ciudadanos comunitarios extranjeros mayores de edad excede del 20% del total de ciudadanos comunitarios mayores de edad que residen en ellos». En el mapa se hace extensible el «riesgo de polarización» a cuantos ciudadanos extranjeros gozaban de derecho de sufragio en los comicios de 2015. |
En otro orden de cosas, el número de representantes que se eligen por circunscripción está determinado por la población de derecho en las elecciones municipales y en las autonómicas. En el caso de las elecciones generales, el criterio no afecta a los senadores de elección directa, pero sí a los que designan las comunidades autónomas y a los diputados. La población de derecho incluye a todas las personas empadronadas, con independencia de su edad y de su nacionalidad. Es decir, así como los extranjeros residentes contribuyen a la representación de sus convecinos, no participan en la elección de los representantes, salvo en los comicios locales. En efecto, el derecho de sufragio se ha extendido en ese nivel de autogobierno a los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea y a los de países latinoamericanos y asiáticos con los que España, como con Islandia y Noruega, ha firmado acuerdos de reciprocidad.
Así como están participando en la elección de concejales, también se están presentando como candidatos, y lo hacen en listas de integración, no en listas comunitaristas, esto es, no están defendiendo una representación, excluyente, de los de su misma comunidad identitaria, sino que están presentándose en listas que acogerían esa diversidad como parte del nuevo «nosotros». De manera preventiva, la Unión Europea ha facultado a los estados miembros a restringir el derecho de sufragio allí donde puede existir «riesgo de polarización». El umbral fijado del 20% está pensado solo para los ciudadanos europeos. Si aplicamos la lógica comunitaria al conjunto de la población mayor de edad con derecho de sufragio, para las elecciones de mayo de 2015 había en España 170 municipios en los que los extranjeros empadronados con derecho a voto por su nacionalidad y por su edad habrían superado el 20% del censo electoral potencial, españoles incluidos; esto es, en un 2,1% de los 8.119 municipios españoles. Si bien se reparten por 28 provincias, la mayoría están en Alicante (50 de municipios), Málaga (21) y Almería (12). En cada una de las demás provincias hay menos de 10 municipios por encima del umbral y aun menos de cinco.
Elecciones al Parlamento Europeo
Las elecciones a la Eurocámara se rigen por un sistema proporcional, gracias fundamentalmente a que, no habiendo barrera de exclusión, la circunscripción es única. Es por ello que en 2009, por ejemplo, consiguieron un escaño tanto Europa de los Pueblos-Verdes como UPyD pese a no superar el 3% del voto válido, e IU-ICV-EUiA-BA (conocido como La Izquierda) se hacía con dos diputados con menos del 4% de los votos. En esa legislatura consiguieron representación seis candidaturas. Sin embargo, en consonancia con el bipartidismo imperfecto característico del sistema de partidos español, PP y PSOE sumaban más del 80% del voto válido y ninguna otra formación superaba el 10%; de hecho, Coalición por Europa, la tercera lista más votada, se quedaba en el 6%.
De resultas de las elecciones de mayo de 2014, accedían al Parlamento Europeo 11 candidaturas. Son las elecciones que marcan el comienzo del nuevo sistema de partidos. Por una parte, por la pluralidad de voces representadas. Por otra, porque PP y PSOE, siendo las dos formaciones más votadas, apenas sumaban el 49% de los votos válidos. A la izquierda del PSOE crecía IU (Coalición La Izquierda Plural, 10% del voto) y aparecía un nuevo actor, Podemos (8%), al tiempo que se mantenía una coalición ecosocialista (Primavera Europea, 5%). Pugnando por un espacio electoral común a PP y PSOE, UPyD subía hasta el 6,5% de los votos y conseguía representación C’s, una formación que, como Podemos, se presentaba por vez primera y en solitario. Ver gráfico Representación española en el Parlamento Europeo.
A pesar de la escasa participación electoral (43,81%, un punto inferior a la de 2009) que se puede observar en el mapa de las Elecciones al Parlamento Europeo y a que las europeas son elecciones en que la ciudadanía suele hacer uso en mayor medida del voto protesta, se hacía explícito que el malestar ciudadano no era puntual ni superficial. De acuerdo con el Barómetro de mayo de 2014 (Estudio nº 3024 del Centro de Investigaciones Sociológicas), el 83,5% de los encuestados valoraba la situación económica como mala o muy mala y el 78,9% consideraba lo mismo de la situación política. De manera complementaria, si el paro era visto como el principal problema del país, le seguían la corrupción y el fraude y, tras los problemas de índole económica, los políticos en general, los partidos y la política. Se aunaban, pues, crisis económica y crisis de representación: uno de los eslóganes más coreados por el Movimiento 15M fue «No nos representan».
Cerrado el ciclo de elecciones con las generales de 2016, está por ver en qué medida se consolida el nuevo escenario político-electoral.
En la página Libros Digitales del ANE puedes descargar la obra completa España en mapas. Una síntesis geográfica.
