Diferencia entre revisiones de «Calidad e impacto ambiental»
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Revisión del 10:54 28 mar 2022
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España.
Estructura temática > Estructura territorial > Medio ambiente > Calidad e impacto ambiental
La condición medioambiental de un territorio es uno de los indicadores más importantes de la calidad de vida de los seres que lo habitan. Si en el subcapítulo Patrimonio Natural se evidencia la importancia de la conservación in situ en áreas de gran valor natural, no son menos importantes los parámetros ambientales que afectan a todo el territorio, con un impacto directo en la salud y el bienestar de sus habitantes
Se tratan en este apartado algunos aspectos que afectan, tanto de manera local como global, a esta calidad ambiental: suelos (erosión y uso de agroquímicos); aire (emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación lumínica); agua (tratamiento y uso de aguas residuales); y, por último, gestión de residuos.
El suelo, un recurso finito y no renovable, es el soporte donde se desarrolla toda la vida en la Tierra. Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), el 3,54% de la superficie de España se clasificaba como artificial en el año 2012, porcentaje inferior al de la media europea que era del 4,13%. Por otro lado, los países del sur de Europa sufren, en mayor medida, la pérdida de la capa superior del suelo por erosión, por acción del agua (erosión hídrica) o del viento (erosión eólica). Esta erosión se produce de manera más acusada, principalmente, por la pérdida de la cubierta vegetal como consecuencia de la acción antrópica: tala de bosques, métodos insostenibles de agricultura, sobreexplotación de los pastos, etc.
Como se aprecia en el mapa Erosión del suelo, con datos por demarcaciones hidrográficas, la vertiente mediterránea sufre, en términos generales, una mayor pérdida de suelo por erosión. En las zonas altas de la cuenca del Guadalquivir y del Tajo, junto con la cuenca del Ebro, se dan pérdidas superiores a 50 toneladas de suelo por hectárea y año.
Si bien la seguridad alimentaria está garantizada en la mayor parte de Europa, hay evidencia de que el aumento de producción ha llevado a efectos perjudiciales del medio ambiente en términos de la contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los daños a nuestro entorno natural. Buena prueba de ello es el giro que la política agrícola común ha dado desde hace ya más de treinta años, incrementándose cada vez más los rigores de la normativa de la Unión Europea (UE) para con el cuidado de un sistema de producción agraria verdaderamente sostenible.
En un contexto en el que se exige un aumento de la producción y competitividad, el sector agrario tiene que afrontarlo con unas prácticas más respetuosas con el medio ambiente, labores menos agresivas con el suelo, reducción en las emisiones de GEI, especialmente por parte del sector ganadero, y optimización en el uso de fertilizantes y fitosanitarios. Por ejemplo, un uso excesivo de fertilizantes es una fuente directa de contaminación del agua; en España, este uso ha disminuido ya de manera notable en los últimos 15 años, tanto en términos absolutos como relativos, por unidad de superficie.
En términos absolutos, el consumo de fertilizantes disminuyó un 16,3% entre 2001 y 2015, pasando de 2,21 millones de toneladas en el año 2001 (1,13 millones de nitrogenados, 0,61 de fosfatados y 0,47 de potásicos) a 1,85 millones de toneladas en el 2015 (1,06 nitrogenados, 0,41 fosfatados y 0,38 potásicos). En términos relativos, la disminución fue aún mayor en el mismo periodo (23,9%) desde los 136,4 kilogramos por hectárea de media en 2001 a 103,8 en 2015, demostrando con ello que la bajada no es atribuible a un descenso del terrazgo labrado, sino a un mejor manejo de la tierra, alentado por la política de la UE. Como se aprecia en el mapa Consumo de fertilizantes, si bien el consumo total es mayor en Castilla y León y Andalucía por su mayor tamaño, es en las comunidades con una mayor presencia de agricultura intensiva (sur del País Vasco y Navarra, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña) donde la utilización de fertilizante por hectárea cultivada es mayor.
El uso de productos fitosanitarios (entre los que herbicidas, insecticidas y fungicidas suponen casi el 90%) se incrementó ligeramente en el mismo periodo, hasta alcanzar los 2,74 kilogramos de ingrediente activo por hectárea cultivada en el año 2014. Como en el caso anterior, las comunidades con mayor extensión de agricultura intensiva destacan por su consumo por hectárea: Canarias consume casi el doble de la media nacional (51,2 kg/ha) seguida de la Región de Murcia (26,4 kg/ha) y la Comunitat Valenciana (20,5 kg/ha), mientras que Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón cuentan con consumos inferiores a 3 kg/ha. La lucha contra las enfermedades que atacan sistemáticamente a los cultivos es uno de los aspectos más difíciles de llevar a cabo con tratamientos exclusivamente biológicos dada la estructura física de las explotaciones, precisamente allí donde la producción es más intensiva.
El cambio climático global es el principal problema ambiental al que se enfrenta la humanidad en el presente siglo; España, por su situación, puede verse afectada de manera significativa por este cambio. Este problema se acentúa por el rápido incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antrópico. El Protocolo de Kioto establece que los gases de efecto invernadero son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y los hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Gran parte de las actividades humanas provocan emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático sólo se puede abordar si los actores de todas las partes de la sociedad –gobiernos, empresas y consumidores– hacen un cambio global y amplio hacia patrones de consumo y producción sostenibles. El reciente Acuerdo de París, de diciembre de 2016, establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir de 2020, con el objetivo de evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales.
Las emisiones de GEI en España se han incrementado desde el año 1990 (año base) hasta 2014 en un 15%, pasando de 285,93 millones de toneladas de CO2eq a 328,93 millones, si bien el máximo de emisiones se produjo en el año 2007 con unas emisiones cercanas a los 440 millones. Desde entonces hasta el año 2013, las emisiones han disminuido de forma constante, en gran medida por el descenso de la actividad económica asociada a la crisis, mostrando el primer repunte entre los años 2013 y 2014 con un incremento del 0,45%.
Por sectores de actividad, el procesado de energía generó el 72,4% de las emisiones totales (de estas el 24,3% corresponden al transporte, el 23% a la producción de electricidad y a la industria manufacturera y el 12,3% a construcción); los procesos industriales representaron el 11,5% del total y las de la agricultura el 11,4%; por último, las emisiones asociadas a la gestión de residuos aportaron el 4,8% del total.
Esta distribución por sectores en la generación de emisiones de GEI condiciona los datos de estas emisiones por comunidades; hay que tener en cuenta que una sola planta industrial de gran tamaño puede generar la mitad de todos los GEI de una provincia (refinerías, centrales termoeléctricas o cementeras). En términos absolutos, Andalucía y Asturias, seguidas por Galicia, son las comunidades que más GEI generan, mientras que, en términos relativos, (toneladas de CO2eq por habitante) la producción oscila entre menos de seis en la Comunidad de Madrid y Andalucía y más de once en Asturias, Navarra y Aragón
Residuos urbanos
La generación de residuos supone uno de los mayores derroches de recursos naturales en los países más industrializados. Su eliminación genera una importante fuente de contaminación y degradación del medio ambiente, por lo que su reducción es uno de los pilares del desarrollo sostenible.
El paso de una mentalidad de producir, consumir y tirar, a otra en la que los materiales presentes en los residuos vuelvan a ser incorporados al sistema productivo, es el objetivo principal en la gestión de residuos. En esta gestión, la reducción del residuo generado es la prioridad principal, seguida de la reutilización y el reciclado, por ese orden, dejando, por último, la eliminación del residuo, a través de su depósito en vertedero o incineración, como última opción.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, considera como «residuo» a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. En este sentido, se denominan «residuos domésticos» a los generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas y a los similares a los anteriores pero generados en servicios e industrias. En esta categoría se incluyen también, entre otros, los residuos de aparatos eléctricos, pilas, muebles y enseres, residuos y escombros procedentes de obras menores y los residuos procedentes de limpieza de vías públicas. Si bien la mayor parte de este flujo procede de los hogares, también están incluidos en esta categoría los residuos generados por el comercio, oficinas e instituciones públicas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2014 se recogieron en España 459,1 kg de residuos urbanos por habitante, un 4,5% menos que en el año anterior. Esta cifra, aun siendo alta, ahonda en la tendencia constante de reducción en la generación de residuos por habitante que desde el año 2000 ha disminuido cerca de un 25%.
Como cabe esperar, las comunidades más pobladas son las que más residuos generaron en términos absolutos: Andalucía, con casi 4,6 millones de toneladas, Cataluña, con 3,7 millones, y Comunidad de Madrid, con 2,5 millones. En la producción por habitante, el peso del sector turístico y las plazas hoteleras frente a la población residente influye en que Illes Balears y Canarias, con 671,1 y 630,1 kg de residuos por habitante, respectivamente, sean las comunidades con mayor tasa de generación. Estas cifras suponen más del doble de las comunidades donde menos residuos por habitante se generan: La Rioja, con 259,1 y Galicia con 313,0 kg de residuos por habitante (ver mapa Recogida de residuos urbanos).
De los 21,3 millones de toneladas de residuos que se recogieron en 2014, 17,5 millones correspondieron a residuos mezclados y 3,8 millones a residuos de recogida separada. Entre estos últimos, el papel y cartón representaron un 25,7 % del total, los vegetales y animales un 20,6% y el vidrio un 19,3%. Cabe destacar aquí que, como se aprecia en el gráfico Evolución de la generación de residuos urbanos, la reducción en la generación de residuos se debe a la disminución de los residuos mezclados, al haberse incrementado en este último periodo la recogida selectiva. Esta es una manifestación clara de la mayor conciencia ambiental por parte de la sociedad, acompañada, a su vez, de la puesta en servicio por parte de los gestores públicos del equipamiento adecuado para llevar a efecto el proceso selectivo aludido.
En cuanto al tratamiento de los residuos, se gestionaron 49,8 millones de toneladas de residuos, tanto de origen urbano como no urbano, lo que supuso un 9,4% más que en el año anterior. Del total de residuos tratados, el 54,3% se destinó al reciclado, el 38,9% al vertido y el 6,8% a la incineración.
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Contaminación lumínica
La contaminación lumínica se define como el brillo en el cielo nocturno producido por la iluminación artificial de origen antrópico, provocada, en la mayoría de los casos, por un incorrecto y excesivo alumbrado de las ciudades. La contaminación lumínica produce impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de los seres vivos. Sus efectos sobre el bienestar de los seres humanos, la influencia sobre algunas especies de aves nocturnas y migratorias y, por supuesto, el derroche energético que conlleva, son cada vez más evidentes. Además, la contaminación lumínica compite con la luz de las estrellas en el cielo nocturno en los entornos urbanos, interfiriendo con los observatorios astronómicos. La propia Declaración de los Derechos de las Generaciones Futuras de la UNESCO declara que «Las personas de las generaciones futuras tienen derecho a una Tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro». En este sentido, muchos núcleos de población están cambiando su iluminación a modelos de bajo consumo, lo que, unido a un diseño eficiente de esta iluminación, puede reducir de manera notable la contaminación lumínica además de suponer un importante ahorro energético. |
Tratamiento del agua
La presión sobre los recursos hídricos, ya alta en un clima mediterráneo como el de gran parte de España, se acentúa con el cambio climático global, haciendo cada vez más indispensable un correcto uso y tratamiento de este recurso escaso. Según la Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua del INE, el consumo medio de agua de los hogares en 2014 fue de 132 litros por habitante y día, un 1,5% más que en el año anterior.
Si bien existen problemas puntuales, principalmente en municipios de pequeño tamaño y áreas turísticas con una alta población estacional, la mayoría de las aguas residuales reciben un correcto tratamiento. Por el contrario, la utilización que se hace de las aguas residuales depuradas es aún muy escasa. El agua reutilizada supone sólo el 10,7% del total reciclado, vertiéndose el resto a cauces fluviales, un 57%, o al mar en un 32%.
Además del destino lógico del vertido al mar o a cauces fluviales, según la comunidad sea costera o no, este dato general muestra fuertes contrastes entre unas comunidades y otras; mientras que comunidades como la Comunitat Valenciana, Región de Murcia o Illes Balears reutilizan más del 50% de sus aguas recicladas, otras como La Rioja, Navarra o Extremadura, no llegan a reutilizar el 0,1% de su agua reciclada.
El uso que se da a esta agua reciclada es, en su mayoría, para la agricultura (61,3%), seguido del uso para jardines y zonas deportivas de ocio (18,5%), industria (8,2%) y limpieza de alcantarillado y baldeo de calles (0,6%), además de otros usos menores (11,4%). Como se aprecia en el mapa Usos de agua reutilizada, es en las comunidades que tienen un mayor aprovechamiento de este recurso en las que predomina el uso agrícola, frente a las que hacen un menor uso del agua reciclada, en las que predominan otros usos.
Autorización ambiental integrada
La autorización ambiental integrada es una resolución del órgano competente de cada comunidad autónoma por la que se permite, solo a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta ley. Su objetivo principal es mejorar la protección ambiental en su conjunto, aplicando los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada y simplificando la aplicación de determinadas normas sectoriales.
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En este permiso se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes, instalando y haciendo uso de las mejores técnicas disponibles y tomando en consideración las características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.
La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, (en inglés IPPC), es el marco normativo básico por el que se regula la concesión de la autorización ambiental integrada, y resulta de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. Esta directiva y su transposición en España marcan un importante hito en la prevención de la contaminación. Además de establecer la autorización ambiental integrada, introduce el concepto de las «mejores técnicas disponibles», por el que las empresas y administración trabajan de un modo continuo en disminuir los niveles de las emisiones.
Las mejores técnicas disponibles son aquellas que sean más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto, y que su nivel de desarrollo permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en el Estado miembro correspondiente como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables. También se entiende por «técnicas» la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada.
Esta normativa ha experimentado numerosas variaciones; en la actualidad, la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, detalla, en su primer anexo, las instalaciones sujetas a la autorización ambiental integrada: industrias energéticas, producción y transformación de metales, industrias minerales, industria química, gestión de residuos y otras actividades. Entre estas últimas destacan la industria maderera, la ganadería y la acuicultura, y la industria alimentaria.
Esta nueva directiva, transpuesta, en parte, por la Ley 5/2013 de 11 de junio, supone un paso más en la integración y simplificación de la normativa ambiental. Entre sus objetivos destaca:
- Desarrollar previsiones relativas al cierre de las instalaciones, la protección del suelo y las aguas subterráneas, con la finalidad de garantizar que se dispone de información adecuada para proteger estos medios de contaminación por sustancias peligrosas y que, en su caso, se adoptan las medidas de rehabilitación de los espacios afectados.
- Concretar más el concepto de mejores técnicas disponibles.
- Establecer niveles de emisión más estrictos para determinadas actividades industriales, con la finalidad de alcanzar los objetivos ambientales de la UE.
- Establecer un régimen comunitario de inspección, introduciendo requisitos mínimos relativos a la inspección y revisión de las condiciones del permiso y los informes de cumplimiento.
Un aspecto destaca en el mapa adjunto: la ganadería es, con mucha diferencia, la actividad que cuenta con más autorizaciones. Este hecho se debe, en su mayor parte, a las plantas de cría intensiva de aves de corral o de cerdos y explica que sea en Aragón y Cataluña donde más autorizaciones existen.
En la página Libros Digitales del ANE puedes descargar la obra completa España en mapas. Una síntesis geográfica.
