Cambios

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El sistema educativo español tiene como marco normativo de los estudios no universitarios la Ley de Educación de 2020 (LOMLOE), así como la Ley de ordenación e integración de la Formación Profesional de 2022 y, de los estudios universitarios, la Ley del Sistema Universitario (2023). Todas ellas y las que les han precedido en este siglo tienen por objetivo proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía, adaptada a los objetivos educativos de la Unión Europea (también a su modelo y currículo de perfil competencial), de la UNESCO y de la más reciente Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las oscilaciones en la evolución del gasto contrastan con los suaves cambios en la oferta de centros, alumnado y profesorado. En el curso 2021/2022, el alumnado matriculado en España alcanza una cifra global de 10,7 millones, de los que la enseñanza no universitaria suma casi 9 millones de estudiantes. La evolución de este indicador se correlaciona con el camino seguido por la natalidad. Por su parte, el número de centros experimenta un notable crecimiento desde inicios de siglo hasta el curso 2021/2022 para dar respuesta a una demanda creciente. El 97% son de naturaleza no universitaria, si bien cabe mencionar el aumento de los centros universitarios en un 11% en las últimas dos décadas. Finalmente, en el curso 2021/2022, los docentes contratados son 933.000 (86% en enseñanzas no universitarias), aunque su trayectoria es discordante: el profesorado universitario crece de forma continuada mientras que el no universitario se congela entre 2008/2009 y 2017/2018.

{{ANEAutoria|Autores=Arlinda García Coll, Juan Sevilla Álvarez y Ana Isabel Escalona Orcao}}

El sistema educativo español se estructura en enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial. Las primeras incluyen la educación infantil, primaria y educación secundaria (comprende secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio), formación profesional de grado superior y educación universitaria. También están contempladas la enseñanza con necesidades educativas especiales, la educación a distancia y la de personas adultas. En las enseñanzas de régimen especial se distinguen las artísticas, las de idiomas y las deportivas.

España contaba en 2020/2021 con un total de 28.395 centros de régimen general. En valores absolutos, son las provincias más pobladas las que tienen un mayor número de centros, con Madrid (3.266) y Barcelona (3.039) a la cabeza. En cambio, Ceuta y Melilla, Palencia, Segovia y Soria disponen de menos de un centenar.

Los contrastes más pronunciados se aprecian en la titularidad de los centros: aunque la media española es de un 67% de oferta pública frente a un 33% de privada, las diferencias son significativas. En las provincias con mayor proporción de población rural y baja densidad, la oferta pública supera el 85% del total (Teruel y Huesca, buena parte de Castilla y León, Cuenca y Lleida). En cambio, en las más pobladas, con grandes centros urbanos, renta más elevada y mayor grado de internacionalización, el porcentaje de centros privados supera el promedio nacional (Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Illes Balears, Bizkaia y Gipuzkoa, junto con La Rioja, Almería, Córdoba, Granada y Málaga). Cabe recordar que los centros privados incluyen las escuelas concertadas, mayoritariamente centros religiosos, escuelas internacionales o que desarrollan un currículum alternativo. Su presencia no es baladí, pues suponen 2,7 millones de escolares.

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En los últimos años ha aumentado la oferta de programas de enseñanza reglada en lengua extranjera, mayoritariamente en inglés (frente al francés, al alemán u otros). El hecho de que haya comunidades autónomas con porcentajes relativamente significativos (incluso por encima del 30% en Murcia y Castilla y León) se debe a la posición tomada por las autoridades y entidades competentes respecto al beneficio de la formación en otras lenguas distintas a las del Estado, sin que se hayan obtenido aún resultados suficientemente concluyentes.

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La educación universitaria representa el nivel superior de la oferta formativa en todas las sociedades. Las funciones propias de la Universidad –docencia, investigación y transferencia a su entorno– le confieren una enorme importancia para la formación avanzada de las personas, así como para la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico, científico y tecnológico. Hay en España 86 universidades, 50 públicas y 36 privadas, surgidas en diversas etapas históricas. Los principios de autonomía universitaria, el desarrollo competencial del Estado de las autonomías y la intensificación de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior fundamentan todo el sistema universitario. Sin embargo, su organización territorial evidencia notables contrastes debidos a los factores demográficos, sociales, económicos, históricos o políticos, que están también en la base de las disparidades inter e intrarregionales españolas.

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