Cambios

En este contexto global, el mapa de ''[[:Archivo:enelaboracion.jpg|Gasto militar en la Unión Europea]]'' ilustra tanto el gasto militar nacional total con relación al PIB, como el per cápita. En 2022, el incremento del desembolso en materia de defensa fue casi un 12%. El gasto militar se capitalizó en las principales potencias económicas de la Unión. Por orden, los países que más han invertido , en valor absoluto, han sido Alemania, Francia e Italia, que superaron con creces, en ese mismo año, la mitad del gasto total comunitario (57,03 %); y si a estos tres países unimos España, Polonia y Países Bajos, los seis casi alcanzan las tres cuartas partes de toda la inversión en defensa de la UE. Su gasto militar medio per cápita dobla la ratio mundial. Está encabezado por Finlandia, Dinamarca y Suecia, junto a otros países centroeuropeos; a la lista se incorpora también Grecia, obligada por las tensiones geopolíticas con su vecina Turquía, seguidos de Suecia, Francia o Alemania, y deja a otros países mediterráneos y de la Europa oriental sustancialmente por debajo de la media (534 € 534 € per cápita). A su vez, los estados bálticos, junto con Grecia, son los países que destinan un mayor porcentaje de su PIB para reforzar su defensa, ante la amenaza de la beligerante Rusia. Esta desigual distribución espacial es expresión directa del [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690558/EPRS_ATA(2021)690558_ES.pdf Fondo Europeo de Defensa], que tiene por objetivo garantizar el apoyo a las acciones colaborativas y de cooperación transfronteriza en la UE para todas las etapas del ciclo industrial de los productos y tecnologías de defensa, y se sustenta en la Declaración de Versalles (2022). Como consecuencia de las alternativas geopolíticas anteriormente citadas se ha generado en la UE una relativa inestabilidad en los alineamientos políticos internos, en las preferencias estratégicas globales y en los acuerdos internos de seguridad europeos.

La UE, consciente de la importancia de la criminalidad interior y de su interdependencia con la exterior, también se ha visto obligada a afrontar amenazas que van desde las más complejas y sofisticadas manifestaciones de terrorismo, tráfico de armas y drogas, crimen organizado, ciberdelincuencia, trata de seres humanos, explotación sexual y corrupción, entre otras muchas, hasta las más básicas y recurrentes formas de delincuencia común. Un evidente ejemplo de estas últimas muestra el mapa de ''[[:Archivo:enelaboracion.jpg|Delitos de robo en la Unión Europea]]'' que representa la densidad de robos y, atendiendo a las unidades regionales (NUTS2), presenta unos claros contrastes entre territorios occidentales y orientales por un lado y entre espacios litorales y del interior por otro. Las regiones con mayor conflictividad y tasas superiores a los 100 robos por cien mil habitantes se localizan en tres ámbitos geográficos: algunas áreas urbanas consolidadas con importantes densidades demográficas y áreas metropolitanas con marcadas desigualdades internas (región urbana de Bruselas, Cataluña, Île de France, Comunidad de Madrid, Liège, Bremen, Provence-Alpes-Côte d’Azur-Marsella, Berlín, o Luxemburgo); algunas regiones ultraperiféricas y territorios de ultramar que no están representados en el mapa (Guyana, Mayotte, Guadalupe o Martinica); y por último otros espacios litorales con una cierta gran especialización turística (Región de Murcia, Algarve, Comunitat Valenciana o Illes Balears).

En la UE existen notables diferencias entre los sistemas judiciales nacionales. Por ejemplo, los países nórdicos, junto con Irlanda y Países Bajos destinan una mayor parte de su presupuesto a la asistencia jurídica en comparación con los países del sureste y este, que invierten más en tribunales y fiscalías. Otro dato, la media europea de 17 jueces por cada 100.000 habitantes encubre realidades muy contrastadas, : los países mediterráneos orientales superan ampliamente los 30, Centroeuropa y la mayor parte de los países bálticos los 20 jueces y los mediterráneos occidentales apenas alcanzan la media comunitaria. La elección observación del mapa de ''[[:Archivo:enelaboracion.jpg|Casos penales en primera instancia en la Unión Europea]]'' evidencia otros contrastes importantes. Así, países como Francia, Polonia e Italia, con montos nacionales anuales superiores al millón de personas juzgadas, seguidos a cierta distancia, por Alemania, Rumania y España, representan a los sistemas en los que los tribunales de primera instancia juzgan a un mayor número de personas en Europa y, sin embargo, son estos países los que garantizan una mayor accesibilidad a la justicia para sus habitantes. La consideración de la misma variable para este grupo de países, atendiendo a unidades de población relativa, hace bajar a España y Alemania hasta posiciones intermedias, con unas densidades mediocres, pero mantiene a los restantes, junto a Dinamarca, Grecia, Bulgaria y Bélgica, con unas ratios superiores a las 1900 1.900 personas juzgadas por cien mil habitantes. Por otra parte, es destacable la variabilidad en el número relativo de condenas registrado, que va desde las casi 1400 1.400 de Finlandia, hasta las 45 por cien mil habitantes de Grecia. Sin duda, el mapa refuerza la idea de diversidad en el heterogéneo espacio judicial europeo.