Cambios

En la UE existen notables diferencias entre los sistemas judiciales nacionales. Por ejemplo, los países nórdicos, junto con Irlanda y Países Bajos destinan una mayor parte de su presupuesto a la asistencia jurídica en comparación con los países del sureste y este, que invierten más en tribunales y fiscalías. Otro dato, la media europea de 17 jueces por cada 100.000 habitantes encubre realidades muy contrastadas, los países mediterráneos orientales superan ampliamente los 30, Centroeuropa y la mayor parte de los países bálticos los 20 jueces y los mediterráneos occidentales apenas alcanzan la media comunitaria. La elección del mapa de ''[[:Archivo:enelaboracion.jpg|Casos penales en primera instancia en la Unión Europea]]'' evidencia otros contrastes importantes. Así, países como Francia, Polonia e Italia, con montos nacionales anuales superiores al millón de personas juzgadas, seguidos a cierta distancia, por Alemania, Rumania y España, representan a los sistemas en los que los tribunales de primera instancia juzgan a un mayor número de personas en Europa y, sin embargo, son estos países los que garantizan una mayor accesibilidad a la justicia para sus habitantes. La consideración de la misma variable para este grupo de países, atendiendo a unidades de población relativa, hace bajar a España y Alemania hasta posiciones intermedias, con unas densidades mediocres, pero mantiene a los restantes, junto a Dinamarca, Grecia, Bulgaria y Bélgica, con unas ratios superiores a las 1900 personas juzgadas por cien mil habitantes. Por otra parte, es destacable la variabilidad en el número relativo de condenas registrado, que va desde las casi 1400 de Finlandia, hasta las 45 por cien mil habitantes de Grecia. Sin duda, el mapa refuerza la idea de diversidad en el heterogéneo espacio judicial europeo.

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