Cambios

La política desarrollista de la dictadura franquista a partir de 1960 afianzó las ganancias y las pérdidas demográficas. De la organización centralista del Estado se vieron favorecidas también las capitales provinciales (centros delegados del poder político estatal). Evidencia de ello es el tratamiento diferencial que la primera [https://www.boe.es/gazeta/dias/1956/05/14/pdfs/BOE-1956-135.pdf Ley de Suelo] (1956) hace de ellas, junto con aquellas ciudades que albergaban más de 50.000 habitantes. Ambas se ven obligadas a la elaboración de un índice municipal de Valoración del Suelo y a la formación de un Presupuesto especial de Urbanismo. En definitiva, esto lleva a la redacción de sus planes generales de ordenación urbana, que guiarán su crecimiento inmediatamente posterior.</br>

Ya en 1960, la población de España era más urbana que rural. El 56,69% residía en municipios de más de 10.000 habitantes (418 de 9.200 habitantes). De ellos, solo Madrid (2.606.254) y Barcelona (1.557.863) superaban el millón de habitantes. València era el único municipio de entre el medio millón y el millón de habitantes (505.066). El siguiente nivel (entre 100.000 y 500.000 habitantes), donde despuntaba Sevilla (442.300), se componía de una serie de 23 ciudades, de las que más de la mitad tenía una población inferior a 150.000 habitantes. Por lo tanto, el sistema urbano seguía siendo claramente bicefálico, y en la distribución territorial de los niveles inferiores la tendencia a situarse en la costa, o cercano a ella, solo era rota por algunas capitales provinciales. De entre ellas, las más pobladas serían a la postre capitales autonómicas: Sevilla, Zaragoza y Murcia. En este grupo de ciudades medias, solo seis carecían del estatus político de capital provincial, si bien Sabadell y L’Hospitalet de Llobregat formaban parte ya del área metropolitana de Barcelona. El resto (Vigo, Jerez de la Frontera, Gijón y Cartagena) justificaban su posición por el peso de sus actividades portuarias e industriales (ver mapa Municipios de más de 10.000 habitantes, 1960).</br>

Los núcleos del sistema urbano español inferiores a 100.000 habitantes ejercían su influencia política y económica sobre un entorno marcadamente ruralizado y dependiente, con población laboral adscrita de forma mayoritaria al sector primario, tónica dominante en la España preindustrial. Cuando la industrialización desarrollista pasó de largo, los centros urbanos capitalinos y, en menor medida, las cabeceras comarcales, reforzaron el protagonismo del sector secundario (construcción) y del terciario (administrativo y comercial), como alternativas funcionales. Esta era la situación de buena parte de la España interior, donde las agrovillas (Campesino, 2012) mantenían fisonomías urbanas, pero esencia rural.</br>

Así, durante los últimos 60 años, el sistema urbano ha madurado debido a muchos cambios y de toda índole. El desarrollo industrial en polos favoreció un fuerte éxodo rural generalizado y una equivalente concentración urbana en pocas ciudades. Posteriormente, la democratización del Estado a partir de 1978 y su descentralización promovió un lento pero continuo incremento del policentrismo, sustentado en nuevas infraestructuras. Esto mitigó la pérdida demográfica de algunas regiones y, principalmente en aquellas menos pobladas, ha potenciado a las ciudades designadas capitales autonómicas (Escolano, 2012), anteriormente capitales provinciales salvo Mérida (Extremadura) y Santiago de Compostela (Galicia).</br>

La Unión Europea difunde una imagen de la ciudad como espacio de atracción y motor de crecimiento económico; como plataforma para reforzar la democracia participativa en contextos socioculturales diversos, y como ámbitos dotados de alojamientos equilibrados, y con servicios sociales, de salud y educativos para sus residentes. Una imagen que dista mucho de la reciente realidad.</br>

Los actuales riesgos sociales, que se ciernen fundamentalmente sobre inmigrantes, jóvenes, mayores y parados de larga duración, contribuyen a deteriorar la convivencia –llegando en ocasiones a la hostilidad– y a aumentar las situaciones de vulnerabilidad. Y, al mismo tiempo, generan efectos negativos en las redes de apoyo sociales, formales e informales.</br>

En este contexto urbano diverso y fragmentado, la renta es determinante a la hora de elegir el lugar de residencia (Nel·lo, 2018). Las personas con menos recursos se concentran allí donde los precios y la calidad urbana –en términos de urbanización, vivienda, servicios, equipamientos o accesibilidad– son más bajos, mientras que las de mayor poder adquisitivo eligen y disfrutan de los sectores mejor dotados.</br>

No obstante, la elección del lugar de residencia está condicionado por otros factores tales como:</br>

* La localización periférica de la vivienda pública, históricamente escasa en España, en correspondencia con los menores costes del suelo. Generalmente son sectores urbanos deficitarios o desprovistos de servicios y equipamientos, por lo que contribuyen a acentuar los procesos endémicos de segregación. La distancia tiene un impacto negativo sobre estos hogares menos favorecidos, por el incremento de los costes en tiempo y en dinero asociados a la movilidad pendular.

* Las barreras ambientales, tales como la presencia de vías de alta capacidad (Avda. Mare Nostrum, Almería), férreas (Cuenca) o de equipamientos “que la ciudad no quiere”, condicionan a la baja el precio de la vivienda y favorecen la aparición de enclaves de autoconstrucción (la Cañada Real, Madrid).</br>

Los procesos de gentrificación y turistificación, por el contrario, elevan los precios del alquiler y del suelo, atrayendo a especuladores y nuevos residentes, mientras favorecen la expulsión de los de rentas medias y bajas.</br>

En España, aunque el mosaico social está condicionado fundamentalmente por el precio de la vivienda, es difícil cartografiar la diferenciación social entre los extremos ocupados por las clases altas y los barrios que cobijan a los más desfavorecidos, tanto en el interior de la urbe como en la periferia cada vez más alejada, por las dificultades que conlleva cuantificar el nivel de acceso a los equipamientos y servicios y la distancia social entre los distintos colectivos. Los inmigrantes, por ejemplo, suelen concentrarse en áreas envejecidas y obsolescentes. Con frecuencia ocupan barrios de aluvión construidos durante el desarrollismo, aunque muy pocas veces llegan a conformar enclaves étnicos (Usera en Madrid).</br>

Ante la creciente fragmentación social y segregación urbana, algunas administraciones han diseñado en los últimos años estrategias para favorecer la cohesión social y territorial (Fondo de Reequilibrio Territorial en Madrid, o el ''Pla de Barris'' en Barcelona) o para incrementar la calidad de vida (Eidus, A Coruña). Sin embargo, lo más habitual es que la dimensión social quede en un segundo plano en los procesos de planificación y diseño urbano.

La historia urbana española muestra cómo los modelos urbanos han tendido hacia la homogeneidad propia de las sociedades contemporáneas. La huella preindustrial se caracteriza por una impronta tamizada, alterada e incluso enterrada en la ciudad actual. Los intramuros ofrecen, en su falta de regularidad, grandes diferencias debido a la cultura medieval que los conformó, aunque su origen fuera anterior. Al-Ándalus creó ciudades más cerradas, laberínticas y densas que las de los reinos cristianos, relativamente más regulares en su organicidad. Los arrabales, a partir de su conformación periférica inicial, han dado lugar a entramados históricos diversos como el arrabal de la Magdalena en Oviedo o el de Triana en Sevilla; y a arrabales que terminaron convirtiéndose en sectores intramuros por la ampliación de las murallas (el Raval en Barcelona).</br>

La expansión industrial decimonónica estableció tres modelos de intervención y expansión urbana durante los últimos decenios del siglo XIX y primera mitad del XX: reforma interior (grandes vías y similares); ensanches (pioneros en Barcelona y Madrid); y barrios modestos al margen de la legalidad urbanística, mayoritariamente de autoconstrucción. La ciudad de la primera industrialización se completaba con la implantación fabril y las improvisadas infraestructuras ferroviarias, que tantos problemas darían en el desarrollo urbano. Además, desde inicios del siglo XX, se incorporaron entramados como los de las colonias para clases medias y elevadas, y los poblados obreros, ligados a comportamientos paternalistas de algunas compañías industriales.</br>

Superadas ya las crisis del petróleo, avanzados los años ochenta, las ciudades españolas inauguran un proceso de crecimiento potente. En un primer momento, se implementan políticas de reequilibrio y dotación de la ciudad consolidada y, posteriormente, se produce una segunda explosión urbana, con renovadas pautas de crecimiento, nuevas prioridades y polarizaciones (regenerar y crear fachadas urbanas, sustituir el modelo de polígono industrial por el del parque empresarial, conseguir medios de transporte más rápidos, etc.). El signo de los tiempos fue la difusión del proceso urbano de baja densidad a partir de vías de comunicación de alta capacidad y la aparición de las centralidades periféricas en macrocentros de ocio y consumo. El resultado fue un crecimiento descontrolado y la incorporación de municipios pequeños a las realidades metropolitanas.</br>

La crisis de 2008-2014 dio al traste con estos desmanes y abocó a un proceso de metabolización urbana (no culminado) de las exageradas y despilfarradoras propuestas urbanísticas de los años anteriores (imagen 1). A esto se une la modernización de las grandes infraestructuras del transporte como aeropuertos o estaciones de alta velocidad que conforman macropiezas de doble dimensión espacial: metropolitana (imagen 2), pero también en el interior de las ciudades, en las que se convierten en motor de expectativas urbanísticas (imagen 3). Las universidades reclaman nuevos espacios en diferentes ámbitos urbanos, los grandes centros comerciales, de mayores dimensiones, siguen organizando bordes y periferias. Las políticas de aperturas urbanas a grandes láminas de agua, que reaprovechan los espacios centrales de puertos que han diversificado sus usos y se han vuelto más accesibles, también siguen estando presentes (imagen 4), toda vez que los intereses inmobiliarios y de otros usos se han hecho atractivos para las autoridades portuarias como ya lo venían siendo para las ferroviarias. El resultado es que las áreas metropolitanas, siguen ofreciendo, además de los resultados antes apuntados, otros en los que alternan el caos de la integración de antiguos barrios periféricos que no alcanzan a encontrar su sitio en la ciudad actual (imagen 5), y otros que apuntan a fórmulas diferentes, menos impactantes tal vez por su escala, pero que denotan nuevas demandas de usos, nuevas sensibilidades y nuevos caminos, con formas originales (no siempre rastreables en las imágenes satelitales). A esto responden los huertos urbanos (imagen 6) o, ya en espacios más centrales, los museos y centros culturales resignificados, la reconversión de barrios sostenibles, la aparición de iniciativas de arte colaborativo en espacios públicos, etcétera.</br>