Riesgos ambientales
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España.
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España es un territorio con elevado riesgo ambiental. El catálogo de peligros naturales que pueden afectar al conjunto del país es elevado, y a ello se une un grado importante de ocupación del territorio con población y actividades económicas que pueden verse afectadas por el desarrollo de episodios de rango extremo.
Una clasificación sencilla de estos peligros ambientales incluiría: a) riesgos biogeográficos y biológicos, entre los que sobresalen los incendios forestales y las plagas; b) fenómenos meteorológicos extremos (lluvias intensas y torrenciales, que originan inundaciones, sequías, tormentas de granizo, episodios de frío y calor, temporales de viento, tornados y fenómenos subtropicales en Canarias); c) riesgos geológicos y geomorfológicos (terremotos, maremotos, volcanismo, movimientos de terreno, avalanchas de nieve y erosión).
El grado de riesgo de un espacio geográfico está en función de la frecuencia y magnitud que pueden alcanzar los eventos naturales extremos y del grado de ocupación del territorio, esto es, la población, las viviendas, incluyendo el patrimonio histórico-artístico, las infraestructuras y las actividades económicas implantadas. La combinación de estos parámetros permite conocer el nivel de riesgo existente, que resulta esencial para la planificación del territorio y el desarrollo de políticas y prácticas de defensa ante la peligrosidad ambiental. Desde mediados del siglo pasado han tenido lugar algunos procesos que han incrementado el grado de riesgo existente en el conjunto del país y sus rasgos característicos:
- La litoralización de la población y las actividades económicas, especialmente del turismo; las áreas con mayor riesgo natural en España, consecuentemente, se localizan en el litoral mediterráneo, atlántico andaluz, litoral cantábrico y en el archipiélago canario.
- El mayor protagonismo que han adquirido algunos peligros naturales en relación con procesos climáticos (calentamiento térmico e incrementos de extremos atmosféricos) o prácticas humanas indebidas.
En la actualidad, junto a los procesos de inundación y sequía, que son los dos riesgos ambientales más destacados en nuestro país, han adquirido importancia la erosión, las olas de calor, los incendios forestales y los temporales con vientos violentos (borrascas explosivas). El desarrollo de peligros naturales origina efectos socioeconómicos destacados en las áreas afectadas, con elevadas pérdidas económicas y, desgraciadamente, también víctimas. Entre 1995 y 2015, los desastres naturales han ocasionado la pérdida de 1.200 vidas en España, destacando los desastres causados por lluvias intensas y torrenciales que originan eventos de inundación que suponen el 40% de esa cifra. Grandes eventos atmosféricos extremos, como inundaciones o sequías pueden llegar a causar la pérdida, algunos años, de entre el 1 y el 2% del producto interior bruto.
Incendios forestales
Los incendios forestales constituyen uno de los peligros ambientales con efectos territoriales–biogeográficos, paisajísticos y socioeconómicos–más destacados en España. Un incendio origina un elevado impacto ambiental debido a la pérdida instantánea de masa forestal, con sus especies vegetales y animales. A estos daños se unen la degradación coyuntural del área afectada, expuesta a procesos de pérdida de suelo si, con posterioridad al incendio, acontecen episodios de lluvia intensa que activan fenómenos de arrastre y erosión en laderas. Mayor gravedad reviste la pérdida de vidas humanas que se producen en algunas ocasiones.
Anualmente, se queman en España varios miles de hectáreas en los incendios forestales que se desarrollan en todo el territorio nacional. Entre 1961 y 2016 se han quemado en España 7.791.098 ha,casi la superficie de la comunidad de Castilla-La Mancha, o lo que es lo mismo el 15% de la superficie total. Se trata de una cifra global muy elevada, pero con matices territoriales destacados. En el conjunto del país, las extensiones calcinadas más importantes en las últimas décadas se concentran en las regiones septentrionales, especialmente en Galicia, aunque destacan también los efectos de los incendios forestales en Castilla y León, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Asimismo, son muy importantes, por el efecto territorial que causan en un área con mejor cobertura de vegetación, debido a sus condiciones ambientales más sensibles, las consecuencias de los incendios forestales en el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos, balear y canario. Desde mediados del siglo pasado han ocurrido grandes incendios forestales que han disparado la cifra anual de hectáreas quemadas; es el caso de los años 1978, 1985, 1994 con más de medio millón de hectáreas de superficie forestal quemada (arbolada y desarbolada) en cada año. Recientemente, destacan los incendios ocurridos en 2012 que afectaron especialmente a la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Asturias, Cantabria y las islas de Tenerife y La Gomera. (Ver mapa Incendios en términos municipales)
Las causas principales de los incendios forestales se vinculan con imprudencias o acciones deliberadas del ser humano; las causas naturales (tormentas secas, rayos) suponen una fracción apenas significativa. A ello se unen una serie de factores que contribuyen a favorecer y agravar los efectos de los incendios: desarrollo de años secos que agostan el sotobosque, falta de gestión forestal en los montes (plantación de especies pirófitas de rápido crecimiento, falta de cortafuegos, abandono de la ganadería como sistema para aligerar el sotobosque) y un deficiente tratamiento de la franja urbano-forestal en áreas de monte urbanizadas. Tras un incendio forestal las prácticas de recuperación del monte quemado más efectivas pasan por la regeneración natural del bosque o la reforestación con especies autóctonas resistentes al fuego. Los medios técnicos y materiales y los equipos humanos que llevan a cabo las labores de extinción, así como los protocolos desarrollados en los planes de prevención existentes en España, en sus diferentes escalas administrativas, son, por otra parte, ejemplares en el contexto europeo.
Riesgos meteorológicos
España es escenario de manifestaciones extremas muy diversas del tiempo y clima. Su configuración geográfica (península y archipiélagos) y su ubicación entre influencias atmosféricas templadas y subtropicales favorecen el desarrollo de episodios meteorológicos variados que, en ocasiones, alcanzan rangos extremos. Por su importancia socioeconómica y territorial pueden destacarse las inundaciones, las secuencias de sequía, los temporales de viento, los episodios de frío y calor anormal, las tormentas violentas con caída de granizo, los tornados... Y junto a ellos, algunos peligros de causa múltiple, donde el origen meteorológico juega un papel destacado, como las avalanchas de nieve o los deslizamientos de terreno. Un dato destacado en las últimas décadas, también aquí, es que se ha ocasionado un proceso de litoralización de los riesgos meteorológicos en España, en relación con el desarrollo de actividades económicas en los espacios costeros e insulares relacionadas con el ocio y la mayor acumulación de población en dichas áreas (población autóctona, residentes extranjeros). Esto ha convertido a nuestro país en uno de los territorios con mayor nivel de riesgo de la Unión Europea, especialmente en la fachada mediterránea y ambos archipiélagos. Estos espacios, junto a sectores orientales del litoral cantábrico, conforman las denominadas «regiones riesgo» por peligrosidad meteorológica.
Las lluvias intensas y torrenciales que provocan crecidas fluviales son el riesgo meteorológico más importante por sus efectos socioeconómicos y territoriales. Es, además, el peligro meteorológico de desarrollo más frecuente en nuestro país. Es posible distinguir entre inundaciones causadas por lluvias abundantes y continuas, denominadas masivas por la gran extensión de terreno invadida por las aguas de crecida, e inundaciones relámpago, causadas por chaparrones muy intensos y de corta duración que generan la crecida súbita de ríos, ramblas, rieras y barrancos. Las primeras son frecuentes en invierno y afectan a los ríos del interior y norte peninsular. Las segundas son habituales en la franja mediterránea peninsular y en ambos archipiélagos, aunque no faltan en áreas de montaña de otras regiones. Estas últimas son las que originan daños económicos más elevados y pérdida de vidas. Destacan desde 1950 las inundaciones de los ríos Turia en Valencia (octubre 1957), Llobregat en Barcelona (septiembre 1962), Júcar en Valencia (octubre de 1982), de los ríos en el País Vasco (agosto de 1983), del Júcar y Segura (noviembre de 1987), del barranco de Arás en Biescas (agosto de 1996) o de los arroyos Rivilla y Calamón en Badajoz (noviembre 1997), todas ellas de gran impacto socioterritorial. La rotura de presas o balsas puede ocasionar asimismo inundaciones súbitas, originando graves daños en los territorios afectados. Es el caso de la rotura de la presa de Tous, en octubre de 1982, que aumentó los efectos del episodio de lluvias torrenciales ocurrido en la ribera del Júcar.
En los últimos años se ha comprobado un aumento de episodios de inundaciones causados por tormentas súbitas, que puede ser resultado del proceso de calentamiento térmico en latitudes medias. La reducción del riesgo de inundaciones pasa por medidas estructurales (encauzamientos, canalizaciones, presas de contención), y no estructurales (educación, ordenación del territorio y cartografías de riesgo). La Directiva Europea de inundaciones (60/2007/CE) obliga a elaborar mapas de riesgo de inundación, que deben incorporarse, por la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, en los procesos de planificación urbanística y territorial.
La sequía es un peligro climático propio del territorio español. No es posible hablar de un único tipo de sequía. Asimismo, se debe diferenciar entre años secos y secuencias largas de sequía con al menos dos años de duración. Debido a la extensión y a la diversidad climática de España se pueden distinguir entre: sequías ibéricas, de larga duración y que afectan, con intensidad diversa, a todas las regiones españolas (sequías de 1981-84, 1990-95 y 2016-17); sequías surestinas, las de aparición más frecuente, que afectan al territorio del sudeste ibérico; las sequías cantábricas (1989-90), poco habituales, pero de consecuencias importantes en un área poco acostumbrada a la falta de lluvias. Y junto a estas hay modalidades singulares de sequías en Cataluña y Canarias. Los efectos de estas secuencias secas se manifiestan en reducciones de cosecha y pérdida de rentabilidad agraria y ganadera, y en casos graves, restricciones de agua en áreas urbanas. En 2009 se creó el Observatorio Nacional de la Sequía, coordinado por el gobierno central, para el seguimiento periódico de este riesgo climático. Asimismo, por la Ley 10/2000 del Plan Hidrológico Nacional, las demarcaciones hidrográficas han elaborado planes de gestión de sequías.
Debe destacarse, como riesgo meteorológico de amplios efectos en espacios terrestres y en áreas litorales, los temporales de viento que tienen modalidades de desarrollo diversas en el conjunto del territorio español: temporales de viento del noroeste que afectan a Galicia y litoral cantábrico, así como al conjunto del centro y norte peninsular; temporales del sudoeste con amplia repercusión en la costa atlántica andaluza; y temporales de levante, generadores de daños cuantiosos en las tierras del mediterráneo español. En los últimos años, se han desarrollado también, con inusitada frecuencia, temporales originados por borrascas explosivas, estructuras ciclónicas muy enérgicas formadas en el Atlántico norte y cuyos vientos huracanados barren la península ibérica causando graves destrozos y víctimas mortales (2009, 2010). Asimismo, Canarias ha sido objeto de los efectos de vientos muy fuertes originados por estructuras ciclónicas subtropicales de gran violencia (2013). Por su parte, en España se forman tornados y mangas marinas, con frecuencia creciente en los últimos años, que afectan especialmente a las regiones de la fachada mediterránea peninsular y Baleares, debido a la presencia de aguas cálidas en la cuenca occidental del Mediterráneo.
Riesgos tecnológicos
Las sociedades modernas, como sociedades de riesgo, han desarrollado nuevos peligros generados básicamente por la acción del ser humano. Se trata de peligros relacionados, paradójicamente, con el desarrollo económico y los avances tecnológicos que, en ocasiones, manifiestan su aspecto negativo ocasionando graves daños ambientales, económicos y, no pocas veces, la pérdida de vidas. El catálogo de riesgos de causa tecnológica existente en España es variado, como corresponde a una sociedad desarrollada.
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Las instalaciones de producción de energía eléctrica de origen nuclear constituyen áreas de alto riesgo ante posibles accidentes que puedan derivar en fugas de radiación. En España, funcionan siete reactores nucleares instalados en cinco centrales (Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo). El nivel de seguridad de las plantas nucleares españolas es muy elevado y todas ellas disponen de planes especiales de emergencia ante posibles accidentes, como se ve en el mapa Instalaciones nucleares o radiactivas con programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA). De la vigilancia y control de la seguridad de las centrales nucleares españolas se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear. Debe señalarse que la mayor proporción de residuos nucleares que se generan en España son de media y baja actividad y se almacenan en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba). A falta de la construcción prevista de un almacén de residuos nucleares de alta actividad, los existentes se envían a Francia. En los últimos años, el único accidente nuclear destacado ocurrido en España tuvo lugar el 19 de octubre de 1989 en la central de Vandellós debido a un incendio en la zona de turbinas, calificado a posteriori como incidente de nivel 3 (incidente importante) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), pero no comportó emisión de radioactividad al exterior. Ello llevó al cierre de este reactor y su posterior desmantelamiento. En noviembre de 2007, un fallo en la configuración de los conductos de ventilación del edificio de combustible de la central nuclear de Ascó produjo la liberación de partículas radiactivas a la atmósfera. Aunque no procedente de una central nuclear, debe mencionarse la fuga radiactiva ocurrida en mayo de 1998 en una planta de Acerinox que, al fundir chatarra contaminada con cesio-137 radiactivo, originó una nube radiactiva. Se midieron niveles de radiactividad 1.000 veces más altos que lo normal. El accidente contaminó la planta de procesamiento de metal y se llevaron a cabo revisiones médicas de urgencia entre el personal que trabajaba en la planta.
Las instalaciones petroquímicas existentes en España disponen de planes de emergencia coordinados por las comunidades autónomas donde se ubican. Y hay obligación de elaborar planes de autoprotección por parte de las propias empresas. Todo ello para evitar los efectos de posibles accidentes que puedan acontecer como el ocurrido en noviembre de 2013 en el polígono petroquímico de Tarragona a causa de una explosión en la planta química de Repsol, que activó el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña. El polo químico de Huelva, con sus industrias de fertilizantes y refinerías de petroleo y gas natural, ha padecido también algunos accidentes en los últimos años (1989, 2005, 2010, 2015) que convierten a esta población y su área de influencia en una de las zonas más contaminadas de España.
España registra un volumen de carga peligrosa transportada superior a los 11.000 millones de toneladas por kilómetro, que genera un importante negocio al año (más de 1.000 millones de € anuales). La carga transportada más importante son los líquidos inflamables que suponen el 48% de este transporte de mercancías peligrosas, seguido de las materias corrosivas, gases y materiales comburentes. El transporte por carretera de este tipo de carga requiere autorización administrativa y los vehículos deben cumplir unas normas de seguridad. En España, se registra una media anual de 45 accidentes en el transporte de mercancías peligrosas; son Andalucía y Cataluña las regiones que más siniestros registran. El paso de vehículos de transporte de mercancías peligrosas por autovías y carreteras nacionales constituye un elemento de alta peligrosidad, que en ocasiones deriva en accidentes muy graves, como el ocurrido el 11 de julio de 1978 en el camping de Los Alfaques, situado en el municipio de Alcanar (Tarragona), cuando un camión cisterna que transportaba 25 t de propileno licuado, por la carretera N-340 desde la refinería de Tarragona hacia Alicante, se incendió por causas no determinadas, dando lugar a una bola de fuego que ocasionó la muerte instantánea de 217 personas, y cerca de 300 heridos. Este accidente está considerado el más grave ocurrido en España en época reciente en la modalidad de transporte de mercancías peligrosas, sin olvidar otros importantes, con varias víctimas, como los ocurridos en junio de 1976 (Utebo, Zaragoza), agosto de 1990 (El Palmar, Murcia) o julio de 1992 en la N-III a la altura del término municipal de Tarancón (Cuenca). En 1996 el Gobierno aprobó la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, completada con otra del año 2003 relativa al riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
La costa española ha sido objeto de derrames de petróleo importantes que han originado graves efectos ambientales y daños económicos por las consecuencias sobre sectores de actividad que tienen su base de desarrollo en el mar o la costa (pesca, turismo). El litoral de Galicia es un área de elevado riesgo debido a que se sitúa en una ruta principal de transporte de petróleo del Atlántico norte. Han sido destacados los derrames del Urquiola, en mayo de 1976, del Mar Egeo en diciembre de 1992 y especialmente del Prestige en noviembre de 2002, por sus cuantiosos efectos ambientales y económicos en el litoral gallego. En estos grandes accidentes se han vertido varias decenas de miles de toneladas de petróleo que originan mareas negras y desastres ecológicos de gran magnitud en el área costera afectada. El litoral mediterráneo también se ha visto afectado por vertidos contaminantes procedentes de buques o de plataformas petrolíferas, como la ocurrida en diciembre de 2010 frente al delta de l’Ebre. Igualmente se han producido vertidos en las aguas del archipiélago canario por el elevado tráfico de buques de transporte de combustibles que circulan frente a sus costas. Desde 2004, la Unión Europea ha establecido una reglamentación para que el transporte de petróleo se realice con buques de doble casco como condición de acceso a puerto o a aguas interiores.
En ocasiones, la rotura de balsas o pequeñas presas de almacenamiento de residuos tóxicos o peligrosos ocasiona vertidos de amplio impacto ambiental. En estos casos, la causa no es meteorológica sino meramente tecnológica (degradación o corrosión de materiales). Así ocurrió el 25 de abril de 1998 con el vertido de materiales tóxicos en el Parque Nacional de Doñana debido a la rotura de una balsa de decantación de una mina en Aznalcollar. Resultaron afectadas 4.600 ha de la cuenca del río Guadiamar que amanecieron cubiertas de aguas ácidas y lodos procedentes de desechos que se almacenaban en esa balsa. La rotura de la presa vertió 4,5 millones de hm3 de desechos con una alta concentración de cinc y arsénico. La recuperación del área afectada llevó consigo la retirada de tierras y la creación de un corredor verde protegido.
Por último, las emisiones procedentes de vehículos o de calefacciones ocasionan, en determinadas circunstancias ambientales (predominio de situaciones anticiclónicas), concentraciones de contaminantes (óxidos de carbono y de nitrógeno, ozono troposférico) en el aire de grandes ciudades (Madrid y Barcelona, principalmente) que obligan a activar protocolos municipales de reducción de la contaminación atmosférica que contemplan niveles de riesgo y medidas que afectan al tráfico de vehículos.
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Planes de emergencia
La creación, en 1980, de la Dirección General de Protección Civil y su desarrollo a partir de 1982, con una estructura jerárquica de funcionamiento en la que están implicadas todas las administraciones públicas (estatal, autonómica y local), ha dado paso a la creación de un conjunto de planes y programas de actuación para reducir los efectos de los peligros naturales y tecnológicos. Estos planes contemplan, con detalle, la gestión de la emergencia, esto es, el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y protección de nuestro país, en sus distintas escalas de intervención; pero también incluyen medidas de planificación territorial y elaboración de cartografía de riesgo. Desde 1990 se han desarrollado Planes Especiales y Directrices Básicas para los riesgos principales, tanto naturales como tecnológicos. Una última e importante pieza básica en este sistema de gestión de las emergencias ha sido la creación, en 2005, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que resulta esencial cuando las emergencias alcanzan gran magnitud y elevado nivel de gravedad. |
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