Hábitat rural
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España. Actualizado
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El término hábitat hace referencia al asentamiento de la población en el territorio, teniendo en cuenta sus variables naturales. Así, el hábitat rural se refiere a las aldeas, los lugares, los pueblos o los barrios existentes en España, en municipios que no alcanzan un efectivo superior a 10.000 habitantes. Estos asentamientos tienen un origen histórico, que puede remontarse a la romanización o al período medieval, y su distribución está condicionada por factores de tipo topográfico (presencia de terrenos llanos o en pendiente), la abundancia o escasez de agua, la cobertura vegetal disponible, y las técnicas constructivas existentes en cada momento. En la actualidad, se podría replantear esta definición de hábitat rural al considerar otros factores en su delimitación y no solo el tamaño del asentamiento. Así, en áreas tradicionalmente consideradas rurales por el tamaño de los asentamientos, en la actualidad, se han extendido modos, estilos de vida y procesos urbanos y metropolitanos.
Siguiendo con la definición clásica, se pueden distinguir tres categorías o tipos de hábitats rurales: concentrado, diseminado y mixto o intercalar. Por lo general, el hábitat rural es concentrado cuando la población se agrupa en aldeas grandes; disperso, en los casos donde los lugares son minúsculos, de dos a diez casas. También se utiliza la expresión hábitat diseminado, para referirse a un asentamiento de la población en entidades de una sola casa en el campo, característico del País Vasco y otras áreas del Cantábrico, que reciben el nombre de caserío o el más genérico de lugar. Entre las tipologías del hábitat concentrado y disperso, se puede encontrar el mixto o intercalar, donde al agrupamiento histórico de la población rural en aldeas, se le une una dispersión o diseminación reciente, de nuevas casas localizadas en las proximidades de una vía de comunicación, cerca de un paraje atractivo o en una finca amplia, que al generalizarse rompen con la tendencia a la agrupación del hábitat en núcleos mayores. Se trata de procesos de dispersión de la urbanización facilitado por los estilos de vida vinculados a elevadas tasas de movilidad motorizada.
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Resulta habitual que en el estudio del hábitat se definan elementos significativos que explican el asentamiento de una población determinada en el ámbito rural. Así, junto con las casas que sirven de residencia habitual, las que se ocupan solo en épocas de vacaciones y las que están abandonadas, aparecen un conjunto de construcciones complementarias menores, normalmente relacionadas
con las tareas agrícolas, como establos, cuadras, pequeños cobertizos y los edificios simbólicos del lugar (como la iglesia, a veces escuelas o locales asociativos, etc.). Pero para comprender el hábitat rural es necesario también interpretar la organización interna del espacio agrario, donde las huertas y tierras de cultivo suelen buscar la proximidad a las viviendas, en tanto que los prados y pastos, que necesitan de un suministro continuo del agua, y el monte se encuentran habitualmente más alejados, en los confines de la aldea o del límite simbólico del caserío.
Un último elemento asociado al hábitat rural son las vías de comunicación, desde las carreteras hasta los senderos casi inapreciables, pasando por pistas, caminos y vías de todo tipo, tanto asfaltadas como cubiertas de tierra. La red viaria condiciona la disposición actual del hábitat y, a su vez, la localización de los núcleos de población determina la forma que adoptan las redes de abastecimiento de electricidad, telefónicas y de agua o alcantarillado centralizadas, cuando éstas existen.
Transformación del hábitat rural tradicional
Las intensas transformaciones que ha registrado España en los últimos decenios introducen profundos cambios en la configuración y características del hábitat rural. De hecho, existe un amplio consenso que considera que el hábitat tradicional, definido desde la Edad Media y afirmado, propiamente, hasta mediados del siglo XX, ya no se conserva más que en áreas remotas. Ha sido sustituido por nuevas formas de asentamiento condicionadas por el proceso de urbanización, el desarrollo de las redes de infraestructuras, la implantación de nuevas actividades económicas en espacios cada vez más amplios y la aparición de nuevos usos vinculados a procesos de urbanización global como la logística, las infraestructuras energéticas e incluso la agroindustria.
En un intento por sistematizar estos cambios en el hábitat rural, es posible identificar diferentes procesos que han favorecido estas transformaciones:
- Industrialización y globalización de la actividad agropecuaria. Se trata de un proceso que se podría considerar de deslocalización de la actividad agraria y ganadera tradicional favoreciendo la implementación en el territorio de instalaciones vinculadas a la exportación de los productos hacia mercados internacionales o de larga distancia, en detrimento de la producción local y de las pequeñas y medianas explotaciones. Así, el desarrollo de la agricultura intensiva, y en general todas las actividades relacionadas con la agroindustria, implantadas en importantes regiones del Mediterráneo español necesita elevados consumos de suelo y energía para el establecimiento de sus instalaciones, almacenar los productos, los insumos agrarios y la maquinaría que han permitido una acusada tecnificación del trabajo agrícola. Un caso paradigmático es el de la llamada agricultura bajo plástico (invernaderos) desarrollada en amplias zonas del sur y sudeste peninsular (imagen 1). Algo similar sucede con las grandes explotaciones ganaderas intensivas de gran tamaño, popularmente conocidas como macrogranjas que, al igual que en el caso anterior, producen profundas transformaciones de la trama parcelaria, que se regulariza y ve ampliar el tamaño medio de sus unidades junto con la necesidad de concentrar y ampliar infraestructuras complementarias al servicio de estas nuevas instalaciones con un importante impacto ambiental (imagen 2). Este proceso va acompañado de otras transformaciones económicas y físico-espaciales en los núcleos originales con la aparición, en muchos casos, de espacios segregados para el alojamiento de los trabajadores que implican además impactos socioespaciales de importante calado.
- Multiplicación de las infraestructuras de comunicación que atraviesan el espacio rural vinculadas a procesos de dispersión urbana y suburbanización. Las carreteras y travesías principales registran un proceso generalizado de edificación en sus márgenes y los nuevos desarrollos urbanísticos se apoyan en ellas para constituir un mosaico de redes de comunicación de las que penden piezas encapsuladas. Frente a criterios clásicos de crecimiento basados en la contigüidad de los tejidos y las extensiones de los núcleos urbanos, se desarrollan crecimientos vinculados a su conexión a las redes de infraestructuras de comunicación. Ejemplo de este proceso serían la proliferación de grandes piezas de suelo industrial relacionadas con la actividad logística apoyadas en importantes infraestructuras de comunicación por carretera (imagen 3); o los nuevos desarrollos urbanísticos, sean residenciales o de uso terciario, incluso declarados de interés regional, que han proliferado por el territorio con mayor o menor éxito desde el punto de vista inmobiliario (imagen 4).
- Aparición de nuevas actividades en el territorio como espacios servidores de las grandes áreas urbanas, vinculadas fundamentalmente a la generación de energía. Un ejemplo destacable sería la proliferación, en los últimos años, de grandes proyectos (macroproyectos) de implantación de parques eólicos y huertos solares. Estas instalaciones generan un nuevo paisaje y una nueva configuración del territorio con tanto o más impacto que los procesos de urbanización al uso (imagen 5).
- Junto a estos procesos, coexisten modelos más tradicionales en proceso de decadencia y abandono de la población y la actividad agropecuaria más tradicional (imagen 6), con procesos de mantenimiento y cierta recuperación de formas de vida rural adaptadas a los nuevos marcos de referencia relacionados con la sostenibilidad del territorio y la recuperación de los mercados locales y de proximidad (imágenes 7 y 8).
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Expansión de los asentamientos rurales
Los procesos de transformación del suelo en España han sido muy intensos durante las tres últimas décadas. Partiendo de los datos del proyecto europeo Corine Land Cover (CLC), se desprende que entre 1990 y 2018 los suelos artificializados se han duplicado hasta llegar a representar el 2,2% de la superficie del país. Llama la atención, sin embargo, que en términos relativos sean los territorios del medio rural aislado donde más suelo se ha artificializado (ver mapas Usos del suelo 1990 y Usos del suelo 2018). Profundizando en el análisis de estos datos, se constata que la mayor parte de este incremento se ha producido al cartografiar núcleos de población preexistentes que en las primeras ediciones de CLC no habían sido considerados.
Como apuntan varias investigaciones, los cambios metodológicos en la producción de CLC, especialmente en las ediciones de 2012 y 2018, invitan a tomar con precaución el análisis de sus resultados en perspectiva diacrónica (García Álvarez y Camacho Olmedo, 2023). Si bien es una constatación que los procesos urbanísticos detectados en torno a los espacios más dinámicos han duplicado el suelo artificializado, afectando a una parte importante del espacio otrora rural circundante, (como en la región metropolitana de Madrid, las diferentes franjas del arco mediterráneo, los territorios insulares y las grandes áreas urbanas del norte y del interior peninsular) es difícil que esto haya ocurrido también en el medio rural más aislado.
Otras investigaciones, utilizando el Catastro como fuente primaria de sus datos, refuerzan la conclusión de que en los espacios de transformación más dinámicos se ha duplicado el suelo artificializado desde 1990. Los territorios que han sufrido más intensamente estas transformaciones han sido la Comunidad de Madrid; las áreas litorales de Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana; Illes Balears; el litoral de Cataluña y el archipiélago canario. En este último, la isla de Gran Canaria experimentó cambios en el uso del suelo que afectaron al 19% de su territorio entre 1990 y 2018 (ver mapa Variación de los usos del suelo en la isla de Gran Canaria). El avance de la artificialización (7.545 ha) es fruto del desarrollo urbanístico en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria y el crecimiento del sector turístico, especialmente en el sur. Sin embargo, casi la mitad de los cambios responden a ganancias de zonas forestales y espacios abiertos, que se dan en las zonas de cumbre y medianías, en detrimento de los espacios agrícolas.
En el resto del país, más allá de las mayores concentraciones urbanas del norte y el interior peninsular (que también han experimentado considerables fenómenos de expansión suburbana), las dinámicas de transformación urbanística han sido más comedidas, aunque con todo se evidencia que el suelo artificializado en el medio rural es un 40% mayor que hace tres décadas. En cualquier caso, esta notable artificialización del medio rural, incluso en las áreas más alejadas de las concentraciones urbanas, no ha ido de la mano de su recuperación demográfica más allá de las áreas de influencia suburbanas y metropolitanas. En estas zonas, aunque se conservan ciertas características morfotipológicas propias de la ruralidad, los tejidos residenciales dependen hoy de la movilidad pendular cotidiana hacia las centralidades urbanas. En las áreas más alejadas, la artificialización está intrínsecamente vinculada con la producción de segundas residencias y da cuenta de la dependencia que tuvieron estos territorios rurales del sector de la construcción durante el periodo más intenso de la burbuja inmobiliaria (Gómez Giménez, 2022).
En este sentido, la comparativa de los datos que aporta el Nomenclátor de Población en 1991 y 2022 viene a corroborar lo dicho hasta ahora (ver mapas sobre Entidades de población de menos de 10.000 habitantes; 1991 y 2022). Anteriormente el Nomenclátor era un subproducto de los censos, pero a partir del nuevo sistema de gestión continua del padrón municipal está disponible anualmente. Esta fuente de datos recoge la población de todas las unidades poblacionales de España, diferenciando entre ellas a entidades singulares y colectivas, núcleos de población y diseminado. Se entiende como entidad singular de población a cualquier área habitable de un término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión. Las entidades colectivas son agrupaciones de las anteriores que pueden tener diferentes denominaciones dependiendo de la tradición histórica a la que pertenezcan (parroquia, concejo, diputación, anteiglesia, etc.), por lo que solo existen en algunas regiones. Además, el Nomenclátor define la forma en que habita la población en esas entidades, puede ser en núcleos de población o en diseminado. Un núcleo de población es un conjunto de al menos diez edificaciones conformando una trama urbana cohesionada por calles y plazas, incluidas aquellas otras edificaciones aisladas distantes menos de 200 m de los límites exteriores del mencionado conjunto. Excepcionalmente, el número de edificaciones podrá ser inferior a diez si su población supera los 50 habitantes. Por el contrario, se refiere a diseminado cuando no se cumplen estas condiciones, es decir, se trata de edificaciones o viviendas de una entidad de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo. Por lo tanto, las entidades pueden constar de hábitat agrupado en un núcleo y de hábitat diseminado, disperso. E incluso de más de un núcleo o de ninguno, alojando solo población en diseminado.
En 2022 fueron registradas en España 61.963 entidades singulares de población, de las cuales 3.671 estaban despobladas. En cuanto a su distribución territorial, más del 70% se concentran en tres comunidades autónomas: Galicia, Principado de Asturias y Castilla y León, si bien Galicia destaca sobre el resto al acoger un total de 30.432 (que suponen la mitad del total), mientras que el Principado de Asturias y Castilla y León acogen 6.177 y 6.900 respectivamente. La Rioja, Illes Balears y Extremadura son las comunidades autónomas que menor número de entidades singulares registran, con 259, 318 y 622 respectivamente.
Un total de 78.402 unidades poblacionales configuran los núcleos y el diseminado. Los primeros, con 37.426 unidades representan el 47,7% del conjunto, al tiempo que el diseminado con 40.976 unidades supone el 52,3% aunque solo aloja al 3,4% de la población española. Galicia, que representa tan solo el 5,9% del territorio nacional, es la comunidad autónoma en la que el diseminado alcanza mayor representatividad, al suponer el 66,6% y acoger al 13,7% de su población. Esta realidad responde no solo a factores físicos como el relieve accidentado, la cobertura vegetal de bosque templado caducifolio y la disponibilidad hídrica propias de las fachadas peninsulares atlántica y cantábrica (dando lugar a un modelo de poblamiento disperso muy similar al que caracteriza otras regiones europeas de clima oceánico), sino también a su secular aislamiento y a un modo de vida campesino que tiene sus raíces en los diferentes modelos de poblamiento que se reprodujeron durante la Edad Media y que también es causante, entre otras cosas, de la gran fragmentación municipal de Castilla y León o del régimen latifundista que ha caracterizado tradicionalmente a gran parte de la mitad sur peninsular.
Los cambios que se han producido en el Nomenclátor durante la última década también nos aportan algunas conclusiones que merece la pena reseñar. Entre 2011 y 2022, se han despoblado 682 entidades locales, la gran mayoría en Galicia y Castilla y León. Además, la población que acogen las entidades locales menores de 1.000 habitantes ha pasado del 10% al 9,2%.
En cuanto a la población que habita en unidades poblacionales diseminadas, la evolución ha sido desigual. Aumenta ligeramente en Illes Balears, Ceuta, Extremadura y Comunitat Valenciana. Disminuye especialmente en Galicia, Principado de Asturias y Comunidad Foral de Navarra. El patrón de estos cambios, más que autonómico, debería buscarse en la reconfiguración del sistema interurbano español. Las entidades singulares menores de 1.000 habitantes solo ganan población cuando se encuentran situadas en las áreas suburbanas y metropolitanas de las mayores concentraciones urbanas, en las zonas litorales del arco mediterráneo o los territorios insulares de Baleares y Canarias. Lo mismo ocurre con las entidades singulares de entre 5.000 y 10.000 habitantes, si están aisladas con respecto al resto del sistema interurbano, se enfrentan a la misma pérdida demográfica que las unidades de menor tamaño. En concreto, las entidades de este tamaño localizadas fuera de la influencia de las áreas urbanas funcionales han perdido el 9% de su población durante la última década. No se trata, por lo tanto, de la desaparición de unidades poblacionales de exigua entidad, sino de un reto que afecta especialmente a los principales centros de prestación de servicios públicos en los territorios rurales más aislados.
Este patrón de transformaciones en los municipios de menos de 10.000 habitantes se puede observar perfectamente en el mapa Variación de la población en asentamientos rurales 2011-2021. En conjunto, este rango de municipios ha pasado de acoger al 21% de la población española en 2011 al 20,3% en 2021, con lo que ha perdido un 2,2% de su base demográfica inicial. Sin embargo, esta pérdida poblacional no se ha repartido de manera homogénea. Los municipios integrados en las áreas urbanas funcionales han ganado un 2,4% de población mientras que aquellos situados en los territorios rurales aislados del sistema interurbano han perdido un 8,2% de sus efectivos.
Llaman la atención las ganancias demográficas de los municipios menores de 10.000 habitantes situados en la región metropolitana de Madrid, que en conjunto consiguen aumentar un 10,2% su población inicial durante la última década. El área de influencia de la principal metrópolis española consigue difuminar crecimientos demográficos casi generalizados en un radio que supera los 100 km de distancia. Como ya se ha mencionado, sería una entelequia referirse a lo rural para conceptualizar estas dinámicas de urbanización extendida. Son igualmente importantes las ganancias poblacionales para este tipo de municipios en torno al arco mediterráneo catalán y la región metropolitana de Barcelona, aunque en este caso el aumento ha sido del 5,4%. Aquellos integrados en las áreas urbanas funcionales de Illes Balears y Canarias han crecido un 5,1%. Una cifra similar aparece en la franja litoral de Andalucía y en torno a sus principales áreas metropolitanas (Sevilla y el eje que la conecta con Huelva, Málaga, Granada y Almería) donde los crecimientos han sido del 4,9%. Ligeramente más bajos han sido las ganancias de este tipo de municipios en el arco mediterráneo levantino (Valencia, Alicante y Murcia), donde la tasa de crecimiento durante la última década ha sido del 3,6%. Por último, también aparecen crecimientos considerables, aunque circunscritos a dinámicas de suburbanización de relativa proximidad en torno a una buena parte de las grandes ciudades del norte y del interior peninsular (Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Jaén, Toledo, Talavera de la Reina, Segovia, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia/San Sebastián, Pamplona/Iruña, Logroño, Zaragoza, Huesca, Lleida, Santander, León, Lugo, Ourense, Vigo-Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña, etc.). En muchas ocasiones, las ciudades centrales de estas áreas urbanas funcionales están perdiendo población, pero los municipios aledaños, antes rurales, experimentan ganancias poblacionales.
En el lado opuesto, se observa una situación especialmente delicada en los pequeños municipios de la mitad norte del interior peninsular y de las comunidades autónomas del Principado de Asturias y Galicia (con la excepción de algunos municipios del eje atlántico que articulan las ciudades de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña). En la mitad sur del interior peninsular las pérdidas poblacionales son aún más contenidas, aunque ello solo se debe a una estructura poblacional menos envejecida. Sin embargo, la emigración también sistemática de sus cohortes más jóvenes evidencia que en las próximas décadas sufrirán pérdidas demográficas similares. En este sentido, conviene relativizar algunos de los municipios del sur que parecen perder una gran proporción de sus efectivos demográficos, como son los casos de Talayuela en la provincia de Cáceres; Jimena de la Frontera en Cádiz; Fuente Palmera y Santaella en Córdoba; Arenas del Rey, Iznalloz y Pinos Puente en Granada; o Calañas en Huelva. En realidad, se trata de un efecto inducido por la creación de nuevos municipios por segregación, que anteriormente formaban parte de ellos.
GARCÍA ÁLVAREZ, D. y CAMACHO OLMEDO, M. T. (2023). “Analysing the inconsistencies of CORINE status layers (CLC) and layers of changes (CHA) (1990-2018) for a Spanish case study”. Annals of GIS, 29(3), 369–386. https://doi.org/10.1080/19475683.2023.2166583
GÓMEZ GIMÉNEZ, J. M. (2022). Fracturas socioespaciales en la Península Ibérica, 1986-2016. Universidad Politécnica de Madrid. https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.70373
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