Cambios

Actualmente los servicios sociales se estructuran en dos niveles: por un lado, los servicios sociales generales, que están dirigidos a toda la población e integran prestaciones básicas y específicas, y también reciben otras denominaciones como servicios sociales de base, servicios sociales comunitarios o servicios sociales de atención primaria; por otro lado, están los servicios sociales especializados, dirigidos a colectivos específicos de población. Entre los objetivos de los primeros están informar y orientar sobre derechos y recursos; realizar prevención e inserción social y familiar; prestar ayuda a domicilio; y dar prestaciones de alojamiento y convivencia. Los segundos están dirigidos a colectivos específicos de población (tercera edad, infancia, juventud, toxicómanos, personas sin hogar, etc.), relacionados, más en concreto, con las necesidades personales y características grupales de los usuarios.

Los servicios sociales se organizan y ofrecen a través de catálogos y carteras de servicios sociales, determinando las características y modalidades de los mismos, así como la población beneficiaria. Por otra parte, los colectivos atendidos, además de prestaciones de servicios, pueden recibir asistencia económica en forma de rentas mínimas de inserción, ayudas a víctimas y beneficios económicos para personas en situación de dependencia.

Uno de los pilares de este modelo es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que es la entidad que gestiona las prestaciones económicas más importantes del sistema de Seguridad Social de España. Según señala su carta de servicios, el INSS es una entidad gestora dotada de personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema social, con excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), o servicios competentes de las comunidades autónomas. La Dirección General se ubica en la capital de España y sus oficinas se distribuyen de acuerdo a tres tipologías: direcciones provinciales, centros urbanos y centros comarcales (ver mapa ''[[:Archivo:Espana Oficinas-de-la-Seguridad-Social 2016 mapa 15375 spa.jpg|Oficinas de la Seguridad Social]]''). Si bien son mucho más numerosas en las ciudades más grandes, su reparto está muy ligado a la distribución y organización de la población. Por ello, su disposición territorial se correlaciona con la organización y ubicación geográfica de la población.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestiona el sistema de protección por desempleo, gestión y solicitud de prestaciones por desempleo, subsidios y otras ayudas (ver mapa ''[[:Archivo:Espana Oficinas-del-Servicio-Publico-de-Empleo-Estatal 2016 mapa 15860 spa.jpg|Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal]]''). También, su distribución territorial está muy en relación con el tamaño demográfico de las provincias, aunque en algunas como Asturias, Murcia, Jaén, Córdoba o Cádiz están sobredimensionados por su mayor capilaridad territorial y por el tamaño de los municipios.

Las políticas de prevención han favorecido que la tasa media de accidentes en España descendiese un 58% durante el periodo 1991-2014 (de 6.687,7 a 3.111,3 por cada 100.000 trabajadores). En el mapa ''[[:Archivo:Espana Accidentes-de-trabajo 2016 mapa 15583 spa.jpg|Accidentes de trabajo]]'' se refleja que actualmente con incidencia superior a la media se encuentra Illes Balears, así como las provincias de Bizkaia, Álava, Navarra, Burgos, Soria, Guadalajara y Huelva; le siguen muy de cerca, A Coruña, Asturias, Gipuzkoa, La Rioja, Huesca, las provincias mediterráneas de Tarragona, Castellón, Murcia y Almería; Sevilla, y las provincias limítrofes con Madrid: Segovia, Toledo y Cuenca. <div><ul style="text-align: left; float:left">

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</ul></div>No se puede marcar un patrón espacial claro ni ligado al tipo de actividad laboral, aunque en el caso del norte normalmente estará ligado a las actividades industriales, mientras que en Illes Balears al sector servicios. No obstante, cuando se analizan los accidentes mortales de trabajo en el mapa ''[[:Archivo:Espana Indice-de-incidencia-de-accidentes-de-trabajo-mortales 2016 mapa 15384 spa.jpg|Índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales]],'' aunque numéricamente están más en relación con los efectivos brutos de la población activa, su índice de incidencia es más alto en las zonas con actividades rurales (Jaén, Lugo, Ourense, Cuenca, Guadalajara, Soria, La Rioja, Huesca o Lleida); esto explica que, aunque hay un descenso importante en todos los sectores económicos, se mantiene en la agricultura todavía una significativa accidentalidad. En 2015, el 47,4% de ellos correspondió al sector servicios, el 25,2% al sector industrial, el 15,1% a la construcción y el 12,2% a la agricultura, siendo preocupante el aumento del número de accidentes desde 2013. La situación derivada de la reciente crisis económica ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de trabajo por la externalización de los riesgos; el incremento de los trabajadores autónomos y la aparición de los trabajadores autónomos dependientes han conllevado un repunte en el número de accidentes y de la siniestralidad laboral. Ello se explica por la consolidación de la precariedad y la temporalidad, la contratación a tiempo parcial y los incrementos en los ritmos y tiempos de trabajo.

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Por otra parte, en los últimos años, el Gobierno ha fomentado el empleo con ayudas a la contratación de determinados colectivos (mapa ''[[:Archivo:Espana Ayudas-de-apoyo-a-la-creacion-de-empleo 2015 mapa 15434 spa.jpg|Ayudas de apoyo a la creación de empleo]]''), facilitando el acceso al trabajo, apoyando el trabajo autónomo o el acceso al cooperativismo, procurando la integración laboral de las personas con discapacidad, o potenciando las empresas de inserción. Pero es la discapacidad la que más ayudas concentra en todas las provincias españolas con más del 80% del importe total. Excepciones son las de Murcia, con un importante apoyo a la promoción del empleo autónomo; A Coruña, con el fomento del empleo en cooperativas; o Santa Cruz de Tenerife, con un significativo fomento del desarrollo local.

Las prestaciones, subsidios y ayudas por desempleo son una parte del presupuesto social, ayudando a una adecuada redistribución de la renta social, y favoreciendo los reequilibrios sociales, territoriales y de equidad. No obstante hay que considerar otros servicios de materia social como jubilación, sanidad, formación, familia, etc., que, lamentablemente, todavía se mantienen en niveles anteriores a la crisis económica y han sufrido recortes sustanciales, como los recursos dedicados a la política familiar. Actualmente el capítulo de los gastos sociales es el grueso del presupuesto de 2017 y representa un 45% del gasto total. Se destina a transferencias corrientes donde se incluyen las pensiones contributivas, no contributivas y otras prestaciones sociales. Pero realmente el gasto público social, como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), es menos del 25%; todavía con niveles inferiores a la media de la Europa de los quince más desarrollados, y dedica 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona en protección social (17,6% frente al 20,3% de la UE). Por otra parte, hay una complejidad añadida entre la superposición y la falta de armonización entre prestaciones de las distintas administraciones (Estado, comunidades autónomas y municipios), que producen importantes variaciones en la calidad asistencial dependiendo de dónde se resida. Respondiendo al modelo descentralizado que se instituye con los gobiernos democráticos, la mayor parte de la financiación proviene de las corporaciones locales y autonómicas (mapa ''[[:Archivo:Espana Ayudas-de-las-Administraciones-Publicas-al-Plan-de-Prestaciones-Basicas-de-Servicios-Sociales 2015 mapa 15429 spa.jpg|Ayudas de las administraciones públicas al Plan de Prestaciones Básicas]]''), quedando la Administración General con una representación residual. Así, territorialmente, la aportación más elevada se está dando en comunidades como Asturias, Cantabria, Cataluña y Andalucía. Responden a regiones que se han apoyado en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de Servicios Sociales, con el objetivo de tener una red de servicios sociales municipales.<br/><br/>

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Una parte de las prestaciones sociales están relacionadas con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) –véase mapa ''[[:Archivo:Espana Prestaciones-del-Sistema-para-la-Autonomia-y-Atencion-a-la-Dependencia 2016 mapa 15372 spa.jpg|Prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia]]''–; se reparten entre prevención, dependencia y promoción de autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, atención residencial, prestaciones económicas vinculadas al servicio, para cuidados familiares y prestaciones económicas para asistencia personal. Dependiendo de las comunidades autónomas, la orientación del gasto difiere: en general casi el 34% son para cuidados familiares, mientras que en Murcia y Navarra superan el 50%; en España, las ayudas a domicilio suponen sobre el 16% y en Galicia es el 30%; en servicios de teleasistencia Andalucía dobla a la media nacional (15%) con más del 31%; la asistencia personal no llega al 15% y en Cantabria es de casi el 25%. Por otra parte, valores residuales se dan en los programas de prevención de dependencia (3,54%) y asistencia personal (0,51%).

Junto a estos programas más básicos, en las últimas décadas se están implantando equipamientos multifuncionales representados en el mapa ''[[:Archivo:Espana Equipamientos-complementarios-del-plan-de-prestaciones-basicas 2015 mapa 15546 spa.jpg|Equipamientos complementarios]]'' (centros de servicios sociales o espacios polivalentes), para colectivos específicos (como albergues), o que responden a las nuevas y obligadas sensibilidades de la sociedad española (centros de acogida para la mujer). En estos programas, se considera que se cubre a casi la totalidad de la población en comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Andalucía y comunidades insulares. Los casos más desfavorables son los de Extremadura y Aragón, que pueden deberse a una cuantificación diferente o a sus características de baja densidad demográfica y despoblación territorial. No obstante, a pesar del voluntarismo, la deriva socioeconómica de la última década hace insuficiente la atención, a pesar de la amplia distribución territorial.

Por otra parte, el progresivo y acelerado envejecimiento de la población conlleva una casi obligada mayor dotación de servicios específicos para este colectivo. En 2001 había en España 239.761 plazas distribuidas en 4.800 centros, lo que suponía una ratio del 3,34 plazas por cien habitantes de más de 65 años. En 2011 el número de plazas ascendía a 372.628, lo que representa un incremento medio anual de 13.287 plazas; y una cobertura del 4,53%. En 2013, la oferta de servicios de atención residencial ascendía a 381.480 plazas, distribuidas en 6.610 centros (mapa ''[[:Archivo:Espana Plazas-en-centros-residenciales-para-personas-mayores 2013 mapa 15505 spa.jpg|Plazas en centros residenciales para personas mayores]]''); el 61% de las plazas se concentran en Cataluña, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. No obstante, el mayor número de plazas respecto a la población mayor de 65 años se localiza en las comunidades más envejecidas del interior peninsular como Castilla y León (7,54 plazas por 100 habitantes mayores de 65 años), Castilla-La Mancha (7,35), Extremadura (6,06), Aragón (6,04) y el Principado de Asturias (6,00). A pesar de estas mejoras, algunos informes ponen de manifiesto que la ratio de plazas para mayores está por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y son, además de escasas, caras para la situación económica de estos colectivos. En cierta medida, esta realidad se explica porque tres de cada cuatro centros son privados. Solo el 53% son de financiación pública. En el mapa ''[[:Archivo:Espana Plazas-en-centros-residenciales-para-personas-mayores 2013 mapa 15505 spa.jpg|Plazas en centros residenciales para personas mayores]]'' se aprecia que en Galicia, Castilla y León, el Principado de Asturias, Aragón, Canarias, Comunitat Valenciana, Madrid y La Rioja predominan las plazas de financiación privada; en la Región de Murcia, prácticamente la mitad de las plazas son de financiación pública; mientras que, en las comunidades autónomas restantes, son mayoría las plazas financiadas mediante fondos públicos.

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