Cambios

La otra gran iniciativa del Gobierno central ha sido el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, aprobado con amplio apoyo parlamentario y sin ningún voto en contra, por el que se establecía el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero, en este caso, los problemas de coordinación entre administraciones han dificultado su despliegue de forma muy significativa. Fue la respuesta del Gobierno central al problema estructural de pobreza existente en España y se concibió como mecanismo para favorecer la integración social. Su puesta en marcha fue acelerada para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la pandemia. Según las estimaciones gubernamentales, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que vivirían más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños. De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30% se estimaba que eran menores. También habría una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondría

el 16% de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% estarían encabezados por una mujer. A juicio del Gobierno supondría la práctica erradicación de la pobreza extrema, que afectaría a unos 600.000 hogares y 1,6 millones de personas, la medida sería compatible con rentas salariales, incluía incentivos al empleo y establecía una amplia variedad de tipologías de hogar, cada uno con un nivel de renta garantizado que oscila entre los 5.538 y 12.184 euros anuales.

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