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La asistencia sanitaria del SNS, la sanidad penitenciaria y los hospitales de Defensa se financian a través de los impuestos de todos los ciudadanos. En el momento actual, y con la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, cada comunidad autónoma decide qué presupuesto asigna a sanidad. La financiación de la asistencia sanitaria prestada por las mutuas colaboradoras es a través de las cotizaciones sociales (trabajadores y empresarios), así como parte del mutualismo administrativo (cotizaciones de funcionarios).<br>
En España hay dos estadísticas principales para el estudio del gasto sanitario: las Estadísticas de Gasto Sanitario Público (EGSP) y el Sistema de Cuentas de Salud (SCS). La primera se centra exclusivamente en el gasto público y permite comparaciones entre comunidades autónomas. La segunda se basa en clasificaciones y metodologías pactadas en organismos internacionales (OCDE, OMS y Eurostat), incluye el gasto privado y permite comparaciones internacionales.<br>
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El '''gasto sanitario total''' en nuestro país fue del 9,5% del PIB en 2023: 73,6% del mismo es gasto público (7,0% del PIB) y un 26,4 privado (2,5% del PIB). La mayor parte de este gasto global se destina a servicios de asistencia curativa y rehabilitación (55,7%), seguido del gasto en productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios (20,2%); la menor cantidad de gasto se destina a servicios de prevención y salud pública (3%). Si se analiza el gasto según proveedor, el 46,5% del mismo fue generado por los hospitales (91,3% en hospitales generales). Los gastos en compras al sector privado a través de conciertos representaron el 10% del gasto sanitario público.<br>
El '''gasto sanitario público''' (según las EGSP) hace referencia al gasto real e incluye el gasto de las instituciones sanitarias, empresas públicas del sector sanitario y de aquellas administraciones no sanitarias que desarrollan actividades sanitarias. Éste ha ido aumentando en los últimos diez años en términos absolutos. Las comunidades autónomas soportan el 92,6% del gasto público. Al referenciar el gasto sanitario público al PIB, su valor fue del 6,5% en el 2023, con una disminución respecto a años previos (dato sesgado por el impacto de la COVID-19).<br>
