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En España el acceso a una vivienda adecuada se ha convertido en un problema estructural sin resolver. A pesar de constituir un derecho fundamental reconocido por la Constitución de 1978, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Agenda Urbana de la UE sobre vivienda y la Estrategia relativa a la Oleada de Renovación, la realidad es que según el [https://provivienda.org/observatorio/ Observatorio de Vivienda Asequible] de Provivienda para el año 2023, más de 5,5 millones de hogares (29,5%) están afectados de una forma u otra por exclusión residencial; el sinhogarismo se ha incrementado en un 25% en los últimos diez años; solo el 15,9% de los jóvenes puede emanciparse, al tiempo que un 8,2% de la población tiene un sobrecoste en el que se destina más de un 40% de los ingresos a sufragar el pago de la vivienda y suministros. Una problemática que se empezó a visibilizar con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, se hizo más patente con la pandemia del COVID-19, y que actualmente es demasiado tangible para seguir siendo ignorada por las políticas públicas.<br>
Las administraciones públicas ven en los fondos ''Next Generation '' una oportunidad para, por un lado, (re)organizar el enfoque de las políticas de vivienda para que el acceso a una asequible se sitúe por encima de las lógicas del mercado; y por otro, garantizar ese derecho al conjunto de la población a través de procesos de rehabilitación y regeneración urbana, que mejoren las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética de los inmuebles, siguiendo el camino marcado por el [https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/ Pacto Verde Europeo]. Unas iniciativas que se recogen en la [https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/es/noticias/declaracion-gijon-reunion-informal-ministerial-vivienda-desarrollo-urbano/ Declaración de Gijón] (2023) firmada por los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE, pero que exigen una planificación coordinada entre la administración regional (con competencia en materia de vivienda) y la local (que diseña y gestiona los Planes Generales de Ordenación Municipal). Es clave insertar en el sistema de planificación urbanística las determinaciones requeridas por las políticas de vivienda. El problema está, como apunta M. Varquer (2017), en que en España ha existido un largo desencuentro histórico entre los planes urbanísticos y los de vivienda, pues hay disparidad de contenidos, de competencias y de ''tempo'', lo que dificulta su coordinación. En consecuencia, urge (re)pensar el modelo de planificación urbanística y de vivienda.<br>
Si a priori se podría pensar que existe una falta de vivienda, la realidad es bien distinta. Desde los años noventa en España se impulsó su creación mediante diversos mecanismos (Lois, Piñeira y Vives, 2016; Piñeira, López, Durán, 2022):<br>
*Aprobación de la [https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-8788 Ley 6/1998 sobre, régimen del suelo y valoraciones], que determinó que el suelo urbanizable alcanzase su valor máximo de mercado (como si estuviera construido).
*Mantenimiento de una fiscalidad que incentivaba el endeudamiento mediante ayudas públicas destinadas a subvencionar préstamos –tanto a personas como a promotores y constructores– para la liberalización del suelo y la compra de vivienda libre.
*Supeditación de la planificación urbanística, proceso urbanizador y generación de vivienda a los intereses de un ''lobby '' financiero-inmobiliario que atraía divisas, generaba financiación, incrementaba el mercado del suelo y promovía grandes proyectos inmobiliarios.<br>
Fue así como España se convirtió en uno de los países europeos donde más creció la superficie urbanizada, con un modelo inmobiliario en el que predominaba la vivienda libre y en propiedad, y en el que la producción de inmuebles no estaba justificada por la demanda de primera residencia sino por la inversión. Por ello se pasó de 17.220.399 viviendas en 1991 (443 viviendas por cada 1.000 habitantes) a 26.068.233 en 2022 (550 viviendas por cada 1.000 habitantes). Es decir, desde 1991 el parque inmobiliario se ha incrementado en un 51,4%, aunque a diferentes
*Se aplican normas más estrictas en el control de precios en el caso de los grandes tenedores de vivienda (los que poseen cinco o más inmuebles en área tensionada), con el fin de reducir la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión.<br>
Por su parte, las administraciones locales, con el fin de garantizar oferta suficiente de alquiler residencial para población permanente o flotante en las zonas tensionadas, han empezado a limitar el número de licencias concedidas a viviendas de alquiler turístico, y evitar así su crecimiento exponencial. Además, se han animado a promover nuevas fórmulas de acceso a vivienda de calidad con alquileres por debajo del precio de mercado. Entre ellas destacan las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Una opción consolidada en países como Suecia, Alemania o Dinamarca, y que empezaron a implementarse en Barcelona (La Borda, La Balma, Princesa 49) y Madrid (Entrepatios, con las promociones Las Carolinas y Vallekas). También la opción del ''coliving '' (Urban Campus Atocha-Malasaña-Mellado, VIU) o los Alojamientos de Proximidad Provisionales (APROP) que han sido una solución innovadora a la emergencia habitacional en barrios como el de Ciutat Vella y Glòries en Barcelona (Piñeira, López y Durán, 2022). Unas iniciativas todas ellas innovadoras, que tratan de dar solución al acceso a la vivienda en alquiler, pero que son insuficientes para dar respuesta a la demanda existente.
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