Cambios

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Pero, además, España se volvió un país de propietarios. La frase del ministro Arrese “no queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios” (ABC, 1959) marcó el punto de inflexión en la estructura del régimen de tenencia de la vivienda. Si en 1950 el 51% de la población vivía de alquiler –llegando al 90% en ciudades como Madrid o Barcelona–, en el momento del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007, el 90% de la población española era propietaria de una vivienda (Observatorio de la vivienda y Suelo, 2018). El resultado lo muestra el mapa de ''[[:Archivo:XXX|Viviendas por cada 1.000 habitantes de 2022]]'', donde se observa que la mitad norte ofrece una mayor disponibilidad de vivienda, destacando provincias como la de Ávila (donde la ratio supera las 1.000 viviendas), Soria, Teruel, Segovia, Zamora, Cuenca y Ourense (más de 800 viviendas). Los valores más bajos se encuentran en Ceuta y Melilla (333 viviendas), Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas, Illes Balears, Navarra y las tres provincias vascas (con valores que oscilan entre las 456 y 498 viviendas). Por otra parte, no deja de llamar la atención que sean las provincias de Ourense, Lugo, Soria, Zamora y Ávila las que registran una mayor diferencia entre las ratios de 1991 y 2022. En todo caso, aunque de modo incipiente, la tendencia está cambiando. Los datos del Censo de población y Vivienda de 2022 indican que se reduce ligeramente el porcentaje de viviendas en propiedad (75,5%) y se incrementa el del alquiler (16,1%). El mapa de ''[[:Archivo:XXX|Hogares según régimen de tenencia de la vivienda ]]'' permite observar que en el periodo 2011-2021 la vivienda en propiedad perdió peso en 38 provincias, principalmente en Asturias, León, Cuenca, Lleida (7%) o Barcelona (6%). Por el contrario, aumentó en las del País Vasco y territorios costeros como Ceuta (8,6%) o Málaga (7,3%), así como en Pontevedra, Granada, Cádiz, Almería, Murcia o Huelva, aunque en menor medida.<br>

El factor clave que limita el acceso a la vivienda es su precio unido a la pérdida de asequibilidad de la población, pues si en el periodo 2016-2022 los sueldos han subido un 5,9%, el precio de la vivienda lo ha hecho en un 15,6%. En 2005 el precio del metro cuadrado de vivienda estaba en torno a 1.824 €/m2 para las viviendas libres (945 €/m2 para la vivienda protegida) y en 2007 alcanzaba el máximo histórico de 2.085,5 €. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria el precio de la vivienda libre cayó (con reducciones entre el 4% y el 10%) hasta llegar a los 1.463,1 €/m2 registrados en 2014. A partir de entonces los precios volvieron a recuperarse hasta alcanzar, de media, en 2022 los 1.741 €/m2 para la vivienda libre y los 1.158,1 €/m2 en la protegida (ver mapa ''[[:Archivo:XXX|Precio medio de la vivienda]]''). Madrid y Gipuzkoa son las provincias que registran el precio medio más elevado (2.800 €/m2), seguidas de Barcelona e Illes Balears (2.500 €/m2), Málaga y provincias vascas (más de 2.000 €/m2). Por el contrario, Jaén, Zamora, Cuenca, Ciudad Real y Teruel son las que tienen los precios más bajos (700-800 €/m2). Atendiendo a la evolución de los precios desde 2015 (periodo de recuperación económica) hasta 2022, se aprecia una dicotomía costa-interior. Salvo Madrid, que va a ser la provincia que mayor variación de precios registra (38,6%), el resto de las provincias que tienen mayor variabilidad en los precios son costeras: Barcelona, Illes Balears, Málaga (más de un 30%), Valencia, provincias canarias y Melilla (20-24%). Por el contrario, doce provincias del interior peninsular vieron descender el precio del metro cuadrado, destacando Soria y Palencia (14 y 11% respectivamente), Ciudad Real y Zamora (7%), Ourense, León, Salamanca, Cuenca, Albacete, Teruel, Jaén y Córdoba (0,9-3,5%).

A pesar del incremento del precio de la vivienda, las transacciones continuaron. Las facilidades crediticias animaron a la población a pedir una hipoteca para hacerse con una propiedad. De este modo en 2006 se alcanzó el pico de 1,3 millones de hipotecas solicitadas para empezar a caer drásticamente a partir de 2007, con el colapso del crédito, hasta alcanzar las 199.703 registradas en 2013. A partir de entonces comenzó una recuperación hasta situarse en 463.614 en 2022. Si a principios del siglo XXI el importe medio de la hipoteca era de 97.202 €, en 2007 alcanzaba los 148.865 € (incrementándose un 53,1% en solo cinco años), para posteriormente decrecer hasta llegar a los 100.000 € en 2013, y situarse actualmente en los 145.510 € (Ver gráfico ''[[:Archivo:XXX|Evolución de las hipotecas constituidas]]''). El problema surgió cuando en plena crisis se implementaron políticas de austeridad (recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales) que incrementaron el grado de vulnerabilidad económica y residencial de miles de familias españolas. La situación de paro prolongado en el que se vieron inmersos sus miembros y su incapacidad para hacer frente a los pagos de las hipotecas y alquileres provocó una avalancha de desahucios sin precedentes. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta 2022, se registraron 869.286 ejecuciones hipotecarias, alcanzándose el pico en los años 2009-2010 (más de 93.000). Siete provincias acumularon el 46,8% del total, destacando las grandes aglomeraciones urbanas de Barcelona (104.585-12%) y Madrid (86.426-9,9%), y en menor medida Alicante, València, Murcia, Málaga y Sevilla, todos ellos destinos turísticos asentados en los que la burbuja inmobiliaria tuvo un mayor impacto. A partir de 2013 se observa una progresiva caída hasta llegar a las 24.935 que se registraron en 2022. Un descenso del 70,8% respecto al año 2014 donde se registró el máximo, que no obedece tanto a la mejora del nivel de renta de las familias, sino al agotamiento de los inmuebles susceptibles de sufrir una ejecución hipotecaria. Una idea que corroboran los datos de desahucios ofrecidos por la Estadística del Poder Judicial, pues de los 549.138 desahucios o lanzamientos practicados desde 2013, prácticamente el 35% responden a ejecuciones hipotecarias, mientras que el resto derivan de impagos del alquiler. Barcelona y Madrid registran el 26,2% del total (84.010 y 60.024 respectivamente), pero el porcentaje se incrementa hasta un 58,5% si se añaden las provincias de Valencia, Alicante, Málaga, Murcia, Illes Balears, Las Palmas y Girona. Atendiendo al peso de los desahucios por alquiler, son las provincias de Lugo y Cuenca las que mayor porcentaje registran con valores superiores al 90% (si bien su volumen de desahucios es reducido), seguidas de Madrid, Zamora, Segovia, Badajoz, A Coruña, Ourense, Asturias, Álava, Gipuzkoa e Illes Balears con valores superiores al 80%. Los valores inferiores los encontramos en Lleida, Castellón, Alicante, Almería, Jaén (oscilan entre el 54-58%) y Ávila (35%).<br>

A escala municipal, el mapa de ''[[:Archivo:XXX|Hogares que viven en alquiler ]]'' –en municipios de más de 500 hogares– muestra que los valores más altos (más de 20%) tienen una presencia destacada en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y sus coronas metropolitanas; capitales de provincia y municipios especializados en el turismo –donde los empleados del sector demandan vivienda en alquiler– y en actividades agrícolas, que demandan abundante mano de obra, cubierta principalmente por población inmigrante y temporeros.<br>

Se calcula que un ciudadano que quiera comprar una vivienda en Illes Balears debe destinar su sueldo íntegro durante 16,5 años al pago de esta. Una circunstancia que convierte al alquiler en la única alternativa. Sin embargo, esta comunidad lidera la subida del precio del alquiler desde 2005 (13,3%) por delante de Cataluña (12,4%), Comunitat Valenciana (11,7%) o Comunidad de Madrid (11,4%). En consecuencia, según el [https://www.ine.es/experimental/ipva/experimental_precios_vivienda_alquiler.htm índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA)], Illes Balears se mantiene entre las comunidades con un precio del alquiler más elevado (8,6 €/m2 mes), junto con Madrid (9,1 €/m2). La subida de precios afectó a todos sus municipios, pero especialmente a los de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), Maó (Menorca), e Inca, Palma, Andratx, Manacor, Felanitx y Artà (Mallorca) en los que la variación acumulada del precio del alquiler para el periodo 2015-2021 se incrementó en más del 17,5%. Tan solo tres municipios tuvieron incrementos por debajo del 9,5%: Pollença, Santanyí y Son Servera, todos ellos en Mallorca (ver mapa ''[[:Archivo:XXX|Variación acumulada del precio del alquiler de la vivienda. Illes Balears]]''). Sin embargo, si atendemos al precio del alquiler por metro cuadrado, los cinco municipios que sobresalen son Formentera, Sant Josep de sa Talaia (12,4 €/m2), Santa Eulària des Riu (11,1 €/m2) e Eivissa (10,9 €/m2) en Ibiza, y Calvià en Mallorca (10,6 €/m2), cuatro de los seis municipios de las islas Pitiusas y Calvià. Unos precios que resultan inalcanzables para numerosos trabajadores. El resultado, escasez de profesionales del sector turístico y del sector público ante la falta de vivienda a precio asequible; incremento de personas asalariadas sin techo y proliferación de condiciones de hacinamiento e insalubridad en los pisos alquilados.<br>

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