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Un sistema urbano puede definirse como un conjunto de asentamientos interconectados dentro de un territorio, donde cada uno de ellos desempeña roles específicos en la escala supramunicipal, lo que determina su jerarquía. De esta forma, la organización funcional delimita un sistema (Duncan, 1960), que teje un ámbito común de relaciones mutuas, aunque asimétricas, entre nodos. Este marco espacial es, a su vez, una unidad de análisis y aplicación de políticas socioeconómicas (Terán, 1969).
El tamaño, la cantidad y la variedad de asentamientos, flujos y actividades determina su dinamismo, complejidad y madurez. La inclusión de nodos en el sistema depende de unos criterios inequívocos de definición de lo urbano, de lo que España, como otros países, carece. Para realizar un análisis inicial, dividir el espacio en dos partes es simplista, aunque puede resultar útil. Por ejemplo, se puede inferir de la [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493 Ley 45/2007], de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, que lo urbano es aquel espacio geográfico construido que posee una población de 30.000 habitantes o más, o una densidad poblacional que excede los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es compatible con la existencia de clasificaciones menos complejas, pero más habituales. El Instituto Nacional de Estadística utiliza el umbral de los 20.000 habitantes para determinar las unidades espaciales del proyecto [https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas Urban Audit], aunque mucho más extendido es el uso del umbral de los 10.000 habitantes.
A partir de este, se pueden establecer los niveles del sistema urbano español. En el análisis del mismo, se debe tener en cuenta la influencia de las organizaciones preexistentes del Estado y de los distintos ciclos económicos, lo que ha resultado también en la aparición de subsistemas urbanos.
Desde 1860 a 1900, lo urbano en España alcanza una magnitud superior a la hasta entonces conocida. De hecho, la tasa de crecimiento medio anual de la población urbana más que duplicó la de la población total (Valero, 1985). En esos momentos predominaba una España rural y agraria (solo uno de cada tres españoles vivía en núcleos de más de 10.000 habitantes) y el sistema urbano se caracterizaba por su bicefalia e inmadurez. Mientras Madrid y Barcelona lograban superar los 500.000 habitantes, proliferaban pequeñas ciudades de alrededor de 10.000 habitantes, incluyendo aquí buena parte de las capitales provinciales establecidas en 1833. En términos geográficos, era un sistema urbano más vigoroso en el área meridional y costera, que muy gradualmente denotó el mayor impacto de la explotación minera, la industrialización y la expansión de la red ferroviaria en la parte septentrional (Fernández, 2011).
En la primera mitad del siglo XX, las dos principales ciudades del país fueron las más beneficiadas de la primera transición demográfica y de los flujos demográficos interiores (principalmente tras la I Guerra Mundial). En menor medida sumaron efectivos poblacionales los subsistemas costeros del norte (Bilbao, Santander, Donostia/San Sebastián) y de todo el arco meridional y sudoriental (València, Málaga, Sevilla, Murcia). A estos les siguen de lejos algunas capitales provinciales de interior o insulares, que despuntaron en un contexto previo al éxodo rural de mitad de siglo (Zaragoza, Granada, Córdoba, Valladolid, Palma, etc.).
La política desarrollista de la dictadura franquista a partir de 1960 afianzó las ganancias y las pérdidas demográficas. De la organización centralista del Estado se vieron favorecidas también las capitales provinciales (centros delegados del poder político estatal). Evidencia de ello es el tratamiento diferencial que la primera [https://www.boe.es/gazeta/dias/1956/05/14/pdfs/BOE-1956-135.pdf Ley de Suelo ] (1956) hace de ellas, junto con aquellas ciudades que albergaban más de 50.000 habitantes. Ambas se ven obligadas a la elaboración de un índice municipal de Valoración del Suelo y a la formación de un Presupuesto especial de Urbanismo. En definitiva, esto lleva a la redacción de sus planes generales de ordenación urbana, que guiarán su crecimiento inmediatamente posterior.
Ya en 1960, la población de España era más urbana que rural. El 56,69% residía en municipios de más de 10.000 habitantes (418 de 9.200 habitantes). De ellos, solo Madrid (2.606.254) y Barcelona (1.557.863) superaban el millón de habitantes. València era el único municipio de entre el medio millón y el millón de habitantes (505.066). El siguiente nivel (entre 100.000 y 500.000 habitantes), donde despuntaba Sevilla (442.300), se componía de una serie de 23 ciudades, de las que más de la mitad tenía una población inferior a 150.000 habitantes. Por lo tanto, el sistema urbano seguía siendo claramente bicefálico, y en la distribución territorial de los niveles inferiores la tendencia a situarse en la costa, o cercano a ella, solo era rota por algunas capitales provinciales. De entre ellas, las más pobladas serían a la postre capitales autonómicas: Sevilla, Zaragoza y Murcia. En este grupo de ciudades medias, solo seis carecían del estatus político de capital provincial, si bien Sabadell y L’Hospitalet de Llobregat formaban parte ya del área metropolitana de Barcelona. El resto (Vigo, Jerez de la Frontera, Gijón y Cartagena) justificaban su posición por el peso de sus actividades portuarias e industriales (ver mapa Municipios de más de 10.000 habitantes, 1960).
Los núcleos del sistema urbano español inferiores a 100.000 habitantes ejercían su influencia política y económica sobre un entorno marcadamente ruralizado y dependiente, con población laboral adscrita de forma mayoritaria al sector primario, tónica dominante en la España preindustrial. Cuando la industrialización desarrollista pasó de largo, los centros urbanos capitalinos y, en menor medida, las cabeceras comarcales, reforzaron el protagonismo del sector secundario (construcción) y del terciario (administrativo y comercial), como alternativas funcionales. Esta era la situación de buena parte de la España interior, donde las agrovillas (Campesino, 2012) mantenían fisonomías urbanas, pero esencia rural.
Tradicionalmente se ha identificado lo urbano y lo rural en oposición, vinculando lo urbano con las densidades, concentración económica, centralidad en la dotación de servicios, intensidad de las infraestructuras, altos niveles de renta, congestión, contaminación, etc. En contraposición, lo rural se relaciona habitualmente con la dispersión demográfica, actividad económica agraria, aire puro, naturaleza… Muchas cosas no han dejado de ser ciertas, al menos en términos relativos, pero, en la medida que todo se ha complejizado, ambos mundos han quedado engarzados por la expansión de las redes urbanas. La dispersión urbana, la conectividad, los equipamientos, la terciarización económica, y también la riqueza, han colonizado una parte del otrora territorio rural. ¿Cómo se acota lo urbano en este contexto?
Multitud de autores desarrollaron sus propias teorías y conceptos para recoger las nuevas realidades territoriales que se estaban gestando en sus contextos geográficos. Desde que Luis Wirth (1938) publicase ''Urbanism as a Way of Life'', hace ya más de ochenta y cinco años, se han ido acumulando trabajos teóricos y empíricos. Entre los ejemplos más significativos en España se encuentran los trabajos de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid desde 1964. Con posterioridad no han dejado de aparecer nuevas propuestas metodológicas entre las que destacan la definición de lo urbano de Capel (1975), el análisis de las áreas metropolitanas en España de Esteban Alonso (1981), el trabajo coordinado por López Groh (1987) sobre la crisis de las áreas metropolitanas españolas, la publicación de Vinuesa y Vidal (1991), o los trabajos sobre mercados locales de trabajo de Salom Carrasco (2007), entre otros muchos imposibles de citar. Más recientemente, el [https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/atlas-estadistico-de-las-areas-urbanas Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España ] del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (2023) merece una mención especial debido a su iniciativa institucional. Ha sido actualizado periódicamente desde el año 2000 y se ofrece en versión digital desde 2007. También es aquí importante mencionar las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística dentro del proyecto europeo [https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas Urban Audit ] (EUROSTAT, 2021; INE y EUROSTAT, 2023).
Especial atención merecen las aportaciones metodológicas de Feria Toribio y sus colaboradores (Feria, 2004, 2008; Feria y Bernabéu, 2016). En sus investigaciones han abordado el análisis del sistema metropolitano español en 2001 y 2011 delimitando sus áreas metropolitanas a partir de los datos censales sobre movilidad residencia-trabajo. Para ello, primero realizaron una selección de los potenciales focos (municipios mayores de 50.000 habitantes) y les adscribieron los municipios más cercanos siempre que cumplan unas condiciones de flujo mínimo, absoluto y relativo. Posteriormente, agregan municipios a sus áreas metropolitanas realizando dos vueltas reiterativas de adscripción en las que el flujo estudiado es el constituido por el sumatorio con destino a los municipios que conforman el área metropolitana en el paso anterior. (ver mapa Delimitación de las áreas metropolitanas según la variable residencia-trabajo). Con ello fueron identificadas 44 áreas metropolitanas, que incluyeron 1.309 municipios.
La metodología de delimitación de Áreas Urbanas Funcionales (AUF) de Gómez Giménez es heredera directa de estos trabajos, aunque incorpora algunas novedades para ampliar el estudio funcional de los procesos urbanos más allá de la metropolización (2022, 2023; 2020). El proceso de expansión metropolitano, esencialmente dinámico, está ligado a la previa existencia de una metrópoli en términos de concentración, fomentada por la recepción masiva de inmigración, el aumento de los servicios, las inversiones, los progresos económicos y las mejoras tecnológicas (Esteban, 1981). Sin embargo, el fenómeno metropolitano no es el único que aparece en nuestra realidad urbana. Si bien puede ser el que absorbe la mayor parte de los crecimientos demográficos, existen otros fenómenos no menos importantes de reseñar. Las dinámicas de integración funcional no son procesos monopolizados por las grandes metrópolis. La movilidad cotidiana pendular es también el principal modo de integración de los mercados de trabajo en el mundo rural (Camarero ''et al.'', 2009). En muchos lugares, este proceso de integración urbana funcional es una alternativa a la emigración frente a la ausencia de oportunidades laborales en el municipio de residencia. Por ello, se opta por el término genérico de “área urbana funcional”, un núcleo urbano caracterizado por una acumulación de actividades, flujos y personas en términos contextuales y el área de influencia que genera, funcionalmente dependiente, sobre un fluido espacio territorial circundante, más o menos dilatado. Con esta elección se evitan dos peculiaridades que el hecho metropolitano requiere: una concentración mínima y elevada en el núcleo matriz, bien sean 500.000, 50.000 habitantes o cualquier otra cifra, y una lógica de expansión que genera una transferencia del desarrollo urbanizador a las zonas de dependencia funcional. En la mayor parte de los fenómenos urbanos del territorio español no se conjugan estos dos fenómenos y por tanto no se puede hablar de procesos de metropolización.
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