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{{ANEEtiqueta|palabrasclave=pandemia, covid19, áreas de salud, cohesión territorial, conferencias sectoriales, presupuestos de las comunidades autónomas, gasto sanitario, gasto social, ingreso mínimo vital, rentas mínimas autonómicas, renta activa de inserción|descripcion=Análisis de la gobernanza territorial a través de mapas, gráficos estadísticos y tablas del Atlas Nacional de España|url=valor}}{{ANEObra|Serie=Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España|Subtítulo=Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=2021|Contenido=Nuevo contenido}}
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[[Archivo:Espana_Evolucion-del-numero-de-conferencias-de-presidentes_2004-2020_graficoestadistico_18522_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico estadístico: Evolución del número de conferencias de presidentes. 2004-2020. España. ]]España forma parte del grupo de las democracias liberales que cuenta con uno de los estados con mayor grado de descentralización política. Desde que culminó el proceso de transferencias a las comunidades autónomas mediante los pactos políticos de 1992, somos un Estado integrado por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los gobiernos locales. Responde a un modelo en el que para hacer efectiva la combinación de ''autogobierno'' y ''gobierno compartido'', es necesario contar con mecanismos institucionales que faciliten dos principios fundamentales de la buena gobernanza territorial: ''coordinación'' y ''cooperación'' entre las partes que son Estado. Sin embargo, el balance que podemos hacer hasta ahora aconseja, en primer lugar, subrayar que hemos avanzado mucho en la parte de autogobierno y poco en la de gobierno compartido, los dos pilares fundamentales que dan significado al concepto genuino de ''foedus'' (pacto); y, en segundo lugar, afirmar que, aunque España sea uno de los estados más descentralizados de la Unión Europea (UE), ello no implica que no exista déficit de gobernanza territorial.
[[Archivo:Espana_Hombres-beneficiarios-de-la-Renta-Activa-de-Insercion-segun-colectivo_2020_graficoestadistico_18570_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico estadístico: Hombres beneficiarios de la Renta Activa de Inserción según colectivo. 2020. España.]][[Archivo:Espana_Personas-beneficiarias-de-la-Renta-Activa-de-Insercion-segun-colectivo_2020_graficoestadistico_18569_spa.jpg|right|thumb|none|300px|Gráfico estadístico: Personas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción según colectivo. 2020. España.]]La crítica más severa, en claro contraste con la puesta en marcha de los ERTE o del modélico proceso de vacunación, debe situarse en el ámbito de la gobernanza multinivel. Los desajustes y la ausencia de coordinación entre los tres niveles de gobierno comprometidos en la atención a los grupos más vulnerables afectados por la pandemia (Gobierno central, CC.AA. y gobiernos locales), además de ser uno de los mejores ejemplos de nuestro déficit de coordinación y cooperación, abocan a calificar de fracaso la gestión llevada a cabo.
El encaje con las normas autonómicas en materia de rentas de inclusión o rentas garantizadas de ingresos planteó disfunciones desde el inicio. En primer lugar, porque el Real Decreto-ley ya establecía una distinción entre País Vasco y C.F. de Navarra y el resto de CC.AA. al contemplar la atribución de competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a esas comunidades mediante convenio, aludiendo a la distinta naturaleza del régimen foral. Esta circunstancia se entendió como un agravio y un trato desigual. En segundo lugar, porque, aunque el R. D.-ley también contemplaba la posibilidad de impulsar convenio convenios con el resto de CC.AA. y/o entidades locales, lo cierto es que el Ingreso Mínimo Vital inició su andadura en paralelo a los sistemas de protección de las CC.AA., postergando ''sine die'' la celebración de convenios entre las administraciones. El Gobierno central argumentó que disponía de mejor información que las CC.AA. para poner en marcha la medida al disponer de los datos de la renta de las personas físicas y de la Seguridad Social, pero no ponderó la debilidad de sus propios servicios y recursos personales para atender el despliegue de la norma. En tercer lugar, creó confusión entre responsables autonómicos, perceptores de rentas regionales y también entre potenciales beneficiarios. Finalmente, colapsó unos departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos que ya arrastraban carencias de personal. Este último aspecto, al que tal vez se le ha prestado hasta ahora menos atención de la debida, resulta fundamental y explica, en buena medida, el colapso, el déficit de gestión y el fracaso relativo al impedir el acceso a una prestación (sea IMV o renta garantizada o de inclusión) a ciudadanos con derecho a percepción. Distintos informes de servicios sociales municipales o de organismos autonómicos equivalentes al Defensor del Pueblo así lo corroboran.
En conjunto, la ausencia de coordinación y cooperación entre niveles de gobierno con competencias compartidas ha desembocado en el fracaso relativo de una muy buena iniciativa que podrá mejorar una vez que se vayan celebrando los convenios previstos entre el Gobierno central y las CC.AA. y se doten adecuadamente de recursos a los servicios sociales de los gobiernos locales.
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