Cambios

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Los EA establecieron la estructura político-administrativa con que cuentan las CC.AA.; se trata de lo que se denomina «regiones constitucionales». Desde su aprobación, todas disponen de capacidad de autogobierno: ejecutiva (el gobierno autonómico) y legislativa (los parlamentos autonómicos). De ahí el calificativo de «Estado compuesto» con el que el Tribunal Constitucional (TC) define el modelo español. Como la AGE, también el nivel autonómico de gobierno está dotado de instituciones parlamentarias y de competencias y poderes amparados constitucionalmente, posteriormente regulados por los EA. En caso de existir conflictos competenciales con la AGE, el TC es el encargado de dirimirlos. Así pues, el ejercicio de las competencias autonómicas por parte de las CC.AA. no está sometido a control político, aunque sí al control de constitucionalidad por parte del TC en caso de conflicto.

Progresivamente, todas las CC.AA. irán accediendo a las mismas atribuciones competenciales; una condición que el legislador entenderá previa para poder definir y acordar los sucesivos marcos plurianuales de financiación autonómica. Las CC.AA. que accedieron por la vía del art. 143 CE habían asumido en 1998 casi las mismas competencias principales que las que lo hicieron por el art. 151. En 1992, la aprobación de la Ley Orgánica de Transferencia de Competencias intentó igualar las diferencias cualitativas en la asunción de las competencias más importantes entre las CC.AA. El proceso uniformador, que pactaron los dos grandes partidos que se han venido alternando en el gobierno de España desde 1982, se cerraba con los acuerdos del sistema de financiación autonómica aprobados a partir de 2002. Mediante el mismo se obligaba a todas las CC.AA. a asumir las competencias de educación (desaparecía «el territorio MEC») y sanidad (desaparecía «el territorio INSALUD»).

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Como se decía, son las mancomunidades la forma más típica de intermunicipalidad. Es la fórmula mediante la que los municipios se asocian de manera voluntaria (entre administraciones iguales, a diferencia de los consorcios) para poder llegar a prestar determinados servicios y hacerlo de forma más eficiente, persiguiendo lograr economías de escala y la articulación de un determinado territorio. Cuentan con personalidad y capacidad jurídicas para cumplir sus fines específicos de acuerdo con sus estatutos. Se regulan por el art. 44 de la LBRL, que reconoce el derecho de los municipios «a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia». El tipo de servicios es muy variado y equilibrado en importancia (si acaso destacan las infraestructuras y equipamientos y el medio ambiente). Una misma mancomunidad suele prestar varios servicios y un mismo municipio pertenecer a varias de ellas, hasta seis en algunos casos, lo que parece poco sostenible desde el punto de vista de la gestión municipal. Su orientación es más funcional (múltiples funciones) que de organización territorial, lo que las diferencia de la vocación histórica de las comarcas (o las merindades en el caso de Navarra). Las mancomunidades han acabado asumiendo algunas de sus posibles funciones.

Mención especial merecen, por su renovada actualidad, las áreas y consorcios metropolitanos. Figuras asociadas a los planes urbanísticos de las grandes ciudades desde la década de los cuarenta, recobraron actualidad con la llegada de la democracia. Las regula el art. 43 LBRL, que las define como entidades locales «integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras». Se crean por ley autonómica de acuerdo con los EA, aunque se requiere audiencia previa de la AGE y de los ayuntamientos y diputaciones afectados. Esta ley establecerá los servicios que debe prestar, sus órganos de gobierno y el régimen económico y de funcionamiento, con el límite de deber garantizar la representación, participación y justa distribución de cargas entre todos los municipios implicados. Como en el caso de las comarcas también pueden presentar una doble naturaleza: un nuevo gobierno local o un ente local con unas funciones específicas para cuyo cumplimiento tienen claramente delimitadas sus potestades. Se trata entonces de áreas metropolitanas especializadas, monofuncionales, unas estructuras sectoriales de colaboración en un espacio metropolitano.

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[[Categoría:Estructura territorial]]