Cambios

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De acuerdo con la organización territorial de España en tres niveles administrativos –nacional, autonómico y local–, los cuerpos de seguridad se organizan según cada nivel. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se componen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación –Policía Nacional y Guardia Civil–; los Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas; y la policía dependiente de las corporaciones locales. Una particularidad es que la Guardia Civil, como cuerpo de seguridad, sin perjuicio de realizar en determinadas circunstancias misiones de carácter militar, centra su actuación en el ejercicio de funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. Su principal misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Pero, además de estos cuerpos, existen las denominadas unidades adscritas que conviven en el territorio autonómico con los cuerpos nacionales y las que constituyen las policías locales dependientes de los ayuntamientos, que también realizan labores de seguridad ciudadana. El problema es que, cuando se habla de Policía Local, según algunos autores, se habla de más de 1.700 cuerpos policiales con su propia idiosincrasia y características.

Todo esto supone una distribución amplia en todo el país, si bien es la Guardia Civil la que tiene una implantación más importante. Posee competencias en el mantenimiento del orden público en los municipios menores de 10.000 habitantes donde no hay policía nacional o autonómica, además de competencias en seguridad vial, al vigilar el tráfico en las carreteras nacionales. En las ciudades se ocupa de la lucha antiterrorista, del control de aduanas, espionaje y contraespionaje y delitos informáticos. También actúa en el control de las armas, en la violencia de género, la desactivación de explosivos, la protección del medio ambiente, de edificios públicos y de altas personalidades. Considerando el número de efectivos en relación a la población (véase mapa ''[[:Archivo:Espana Efectivos-de-la-Guardia-Civil 2017 mapa 16203 spa.jpg|Efectivos de la Guardia Civil]]''), su presencia más importante se da en Soria, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Zamora, Ávila, Segovia, Palencia, La Rioja y Huesca. En las regiones con policía autonómica su despliegue es mínimo, a favor de sus respectivas policías.

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El incremento global del volumen de delitos en los últimos años es común en la mayor parte de las sociedades modernas. Sin embargo, a pesar de los discursos negativos por el aumento de la población inmigrante, la falta de trabajo por los efectos de la ''gran recesión'', la pérdida de capacidad adquisitiva y de la crisis general de valores, hay un descenso de las victimizaciones por detenciones e imputaciones por infracción penal. Entre los tipos de infracciones se encuentran los delitos y faltas, hurtos, robos con fuerza, daños, robos con fuerza en domicilios, delincuencia violenta, robos con violencia e intimidación, sustracción de vehículos a motor, etc. Así, según datos del Ministerio del Interior en 2016 han disminuido con respecto al año anterior, los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 25%; los robos con fuerza en domicilios un 15,9%; los robos con violencia un 15,5%; la delincuencia violenta un 14%; los robos con fuerza un 12,2% y la sustracción de vehículos a motor un 5,8%. En el mapa ''[[:Archivo:Espana Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal 2015 mapa 16208 spa.jpg|Detenciones e imputaciones por infracción penal]],'' en el año 2015, se observa que ha descendido el número de detenciones y la variación anual respecto del año anterior es negativa; en cualquier caso, el descenso ha sido más acusado en Las Palmas, Bizkaia, Salamanca y Zamora (-21%), Zaragoza, Cantabria, Ceuta, Soria, Lleida, Burgos y Asturias (-18%); y en las provincias que albergan las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante también han descendido hasta valores inferiores al -12%. Véase.

Estas cifras globales dan una idea positiva en cuanto al nivel de protección de la sociedad española frente a los delitos e infracciones cometidos. Sin embargo, el éxito del trabajo policial no solo depende de las infracciones conocidas, sino más bien de las esclarecidas y de la detención de los autores. Según los datos del Ministerio del Interior, siete de cada diez delitos quedan sin esclarecer, al menos en el año en que se cometieron. Además, tal y como se aprecia en el mapa ''[[:Archivo:Espana Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas 2015 mapa 16207 spa.jpg|Infracciones penales conocidas y esclarecidas]],'' hay un descenso en el esclarecimiento de delitos en la mayoría de las provincias.

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Dentro de la gestión de la seguridad se contempla la gestión de los centros penitenciarios, que se localizan en las zonas más densamente pobladas como Madrid (10 centros), Barcelona (9 centros), Sevilla y Cádiz (5 centros), seguidos de Illes Balears con 4 centros, y Murcia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con 3 (véase mapa ''[[:Archivo:Espana Poblacion-reclusa 2015 mapa 16285 spa.jpg|Población reclusa]]''). En todos ellos se ha registrado un notable descenso en el número de presos desde 2009. Hasta 2016 el número de reclusos se ha rebajado en un 19%. Según estas mismas fuentes, la comunidad que más ha visto reducir su población carcelaria ha sido Andalucía, que ha perdido 3.122 reos (un 21,3%), seguida de Castilla y León (2.679, un 18,5% menos), Madrid (2.262, un 15,6% menos), Cataluña (1.720, un 11,9% menos) y Comunitat Valenciana (1.536, un 10,62% menos). En todas las provincias, la mayor parte de los presos son hombres, si bien, España es uno de los países de Europa con mayor tasa de población femenina en prisión (7,6% de los presos, frente al 5,3% de media europea). Hurtos, robos y estafas son los delitos más habituales. En la actualidad, España tiene las tasas de criminalidad más bajas de la UE, 45 por mil habitantes frente a la media europea de 62 por mil (la tasa de criminalidad es el número de delitos y faltas por mil habitantes).

No obstante, en términos relativos, en 2009 había una tasa de reclusos de 161,8 por cada cien mil habitantes, lo que convertía a España en el país europeo con la mayor tasa de encarcelamiento (excluyendo a Suiza y Luxemburgo). La explicación está en la duración de las penas y no en el número de presos que ingresaban cada año. Durante estos años habían aumentado los delitos por hurtos, robos, tráfico de drogas o lesiones, y esto incidió directamente en que hubiera más personas en prisión. El cambio de tendencia tiene que ver con nuevas reformas del Código Penal que reducen los castigos para algunos delitos. Las modificaciones de la normativa en 2010 provocaron que comenzaran a salir reclusos (por ejemplo los pequeños narcotraficantes que se dedicaban al menudeo). El límite máximo de prisión pasó de nueve a seis años para determinados delitos, y esto supuso la revisión de numerosas penas, además de la consiguiente salida de muchos internos.

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Atendiendo a la seguridad vial, los accidentes de tráfico, a pesar de los buenos resultados obtenidos tras las últimas reformas realizadas para mejorarla, se mantienen en unas cifras muy altas. Esta situación es lógica si se tiene en cuenta que el parque de automóviles ha crecido en más de un millón de unidades en el último decenio, contando todas las categorías de vehículos (los turismos representan el 68%). Además, también ha aumentado el número de conductores y el envejecimiento paulatino de la población con permiso de conducir, lo que puede asimismo explicar el aumento de la siniestralidad (el 14% de los conductores tienen más de 65 años). En el año 2016 fallecieron un 3% más de personas en las vías interurbanas respecto al año anterior. El 36% de los accidentes de tráfico con víctimas se registraron en estas, alcanzando la cifra de 36.721 accidentes. En ellos se produjeron el 71% de las víctimas mortales (1.291 fallecidos), y el 52% de los heridos hospitalizados (5.050).

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Igualmente, participan en la cooperación al desarrollo, vigilancia y protección de las relaciones económicas y comerciales con otros países del mundo. Dentro de este ámbito hay que resaltar, por un lado, la política de asilo y la acogida a refugiados desde la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, por otro, la labor de algunos cuerpos se seguridad como la Guardia Civil que se ocupa de tareas de cooperación en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores. A pesar de la crisis migratoria que afecta al espacio euromediterráneo, las solicitudes de protección internacional no han sido muy elevadas: destacan Melilla (6.336 solicitantes), Madrid (2.934) y Barcelona (1.143) en el año 2015. Se trata de provincias o ciudades que constituyen puntos de entrada dentro de las rutas de los movimientos internacionales.

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[[Categoría:Servicios y equipamientos sociales]]