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[[Archivo:Espana Indice-de-envejecimiento-provincial 2011-2021 mapa 18825 spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Índice de envejecimiento. 2011-2021. España. | [[Archivo:Espana Indice-de-envejecimiento-provincial 2011-2021 mapa 18825 spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Índice de envejecimiento. 2011-2021. España. |
Revisión del 11:07 4 abr 2024
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España. Actualizado
Estructura temática > Población, poblamiento y sociedad > Demografía > Estructura demográfica
En la España de 1900, más de un tercio de los 19 millones de habitantes eran menores de 15 años y más de un 60% se encontraba en edad de trabajar, mientras, los mayores de 65 años apenas representaban un 4% de la población censada. La Pirámide de población de 1900 muestra una estructura poblacional en forma de pagoda, fiel reflejo de un régimen demográfico tradicional, caracterizado por unas elevadas tasas de natalidad y mortalidad, una escasa esperanza de vida y el predominio del grupo de población más joven. Se aprecia un brusco descenso de la población alrededor de los 15 años, posiblemente debido a movimientos migratorios al iniciar la edad laboral, hacia destinos transoceánicos, lo que indirectamente afectó la procreación de las décadas siguientes, en los inicios de la transición demográfica.
La población tenía una base amplia con altas tasas de mortalidad en todas las edades, puntualmente sobredimensionada por episodios epidémicos o bélicos, especialmente visible en las incisiones por el efecto de la guerra civil española, con importantes pérdidas de adultos jóvenes y el posterior déficit de nacimientos que puede apreciarse en las últimas cohortes más envejecidas de la actual pirámide de población.
A partir de los años sesenta, y como consecuencia del crecimiento económico, comienza el proceso de transición demográfica y la llegada del baby boom. La pirámide adquiere forma de campana, con una base amplia que engloba las generaciones más numerosas de la historia. La mortalidad disminuye en todas las edades –incluida la infantil–. Progresivamente se traduce en un redondeo de la cúspide, el incremento de personas mayores de 65 años y la feminización de los grupos de población mayor. Se suceden diversos periodos de emigraciones, especialmente de población masculina en edad de trabajar, lo que provocará mayores desequilibrios entre sexos.
En un lapso menor de cien años, la estructura de la población española ha transitado de un perfil joven a uno maduro y envejecido. A partir de los años ochenta se inicia la última etapa de la transición demográfica y se consolida una pirámide de estructura fusiforme: prevalece la población adulta, la base se estrecha progresivamente por la reducción drástica de la natalidad –envejecimiento por la base– y la cúspide acumula población mayor por el extraordinario aumento de la esperanza de vida –envejecimiento por la cúspide–. La sustancial mejora de la sanidad y de las condiciones de vida han dado lugar a la notable mejora de la supervivencia en la vejez y a la superposición de tres y hasta cuatro generaciones, que plantea cambios en el relevo generacional y las relaciones entre los diferentes grupos de edad.
En la Pirámide de población de 2021 se constata una marcada reducción del crecimiento natural de la población y la escasa presencia de nacimientos en la base, visible en la clara regresión de la cohorte de los cinco años. Se aprecia también la acelerada disminución de los menores de 15 años en términos absolutos y relativos, que representan actualmente menos del 15% de la población. Las cohortes comprendidas entre 15 y 64 años suponen un 66,2%, el 28,2% son adultos jóvenes (de 15 a 39 años) y el 38% adultos entre 40 a 64 años. Son datos que apuntan hacia una población potencialmente activa de tendencia regresiva (mapas Población menor de 15 años y Población mayor de 65 años). Se refleja claramente el impacto estructural de los millones de jóvenes extranjeros llegados a España a comienzos de los dos mil, que provocó un leve incremento de la natalidad y el rejuvenecimiento de las edades de adultos jóvenes en edad de trabajar. Las entradas se interrumpieron en los años más duros de la gran recesión, cuando se produjo una importante emigración de retorno a sus lugares de origen, que se añadió a las bajas tasas de fecundidad españolas y al acelerado proceso de envejecimiento que se extiende hasta la actualidad.
El crecimiento del grupo de mayores de 65 años ha sido especialmente acelerado en el siglo XXI: representa en la actualidad casi un 20%, con un aumento de cuatro puntos porcentuales desde 2001. Además, la proporción de octogenarios está creciendo de manera significativa, representa actualmente el 6% del total de la población, cuando en 2001 era del 3,7%. En este proceso de acusado sobrenvejecimiento es digno de apuntar la feminización de la vejez, con más del 56% de la población mayor de 65 años y el 63% en la población de 80 y más años.
Desde una perspectiva geográfica, en los mapas Índice de juventud e Índice de envejecimiento se observa la pérdida de población joven en las provincias de la mitad noroccidental del país –Ourense, Lugo o Zamora están por debajo del 20% de población menor de 25 años y se extiende a Huesca, Teruel, Cuenca o Soria–. Se trata de provincias con menor densidad demográfica y mayor dispersión geográfica, donde la proporción de los mayores sobre los jóvenes es muy elevada, consecuencia de las grandes oleadas de migración campo-ciudad, que sufrieron en la segunda mitad del siglo XX. Los valores más altos de juventud siguen un gradiente creciente hacia el mediterráneo y la mitad meridional de la península. Está ligado al proceso de urbanización y aglomeración económica, donde Madrid muestra una visible influencia metropolitana, extendida a las provincias limítrofes de Guadalajara y Toledo. En segundo plano aparece el cuadrante nororiental, Álava, La Rioja o Navarra. La población joven se localiza en núcleos con una mayor implantación de industria y servicios.
A medida que disminuye el tamaño de los municipios aumenta la proporción de mayores, con el consiguiente declive demográfico y riesgo de despoblación de los pequeños núcleos rurales en las próximas décadas. Así, provincias como Asturias, León, Lugo, Ourense, Palencia, Zamora o Salamanca alcanzan valores superiores al 2,2 de índice de envejecimiento, con una tendencia marcadamente regresiva de su estructura demográfica. Tan sólo Madrid, Toledo, Guadalajara y Sevilla, así como varias de las provincias costeras e insulares, presentan valores de envejecimiento inferiores a la media. No obstante, determinadas provincias costeras muestran un mayor ritmo de envejecimiento que las provincias del interior por el progresivo envejecimiento de las amplias cohortes en edad laboral y su atractivo como destino para la migración residencial de personas jubiladas nacionales e internacionales.
A pesar de que la proporción de mayores es superior en el mundo rural, son las zonas más urbanizadas las que albergan una mayor concentración de ancianos en términos absolutos, con las considerables implicaciones en materia asistencial, previsión sociosanitaria, vivienda y equipamientos. El desafío se acentuará en un futuro próximo cuando lleguen a las edades más avanzadas los nacidos en los años del baby boom. Son los nacidos entre 1958 y 1977, quienes ya están entrando en la edad de jubilación. Será entre 2030 y 2040, cuando se registren los mayores incrementos de pensionistas, como dibujan las tendencias de las proyecciones del INE, que prevén un máximo del porcentaje de los mayores de 65 años del 30,4% en torno a 2050, cuando actualmente se sitúa próximo al 20% del total.
Este amplio grupo deberá ser sostenido por las menguantes cohortes de la población en edad de trabajar, que implica la falta de relevo generacional de la población activa.
Precisamente el mapa Índice de dependencia, que relaciona la población potencialmente no activa o dependiente –menores de 16 años y mayores de 65 años– y la potencialmente activa –población entre 16 y 64 años– refleja que actualmente la media nacional se encuentra en el 0,51, indicativo de la existencia de un muy leve predominio de la población potencialmente inactiva, pero con contrastes territoriales notables. Es especialmente acusada en la mitad noroccidental, que contrasta con la situación más positiva de los archipiélagos, la mitad sur del país, así como Madrid y su entorno, territorios que aún disponen de tasas de dependencia por debajo de la media.
Una variante de la anterior se expresa mediante el mapa Índice de dependencia juvenil, que relaciona la proporción de menores de 20 años respecto a la población de 20 a 59 años. El valor promedio de este indicador apenas llega al 0,35 y es una muestra más de la debilidad del grupo de población joven. Se trata de un indicador interesante para aspectos socioeconómicos, referentes a la infancia, adolescentes y jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social.
A comienzos del milenio la tasa de dependencia juvenil llegaba al 0,37, cuando la base ya se había estrechado. Actualmente estos valores solo los supera Murcia y algunas provincias de la costa mediterránea –especialmente la andaluza– que responden a los espacios metropolitanos o de crecimiento turístico no vinculado a la fijación de personas mayores, y áreas relacionadas con la agricultura de invernaderos, con una fuerte concentración de población joven y aportaciones de población extranjera menor de 20 años.
En un contexto demográfico regresivo como el español, el mapa Índice de dependencia senil adquiere gran valor explicativo, pues relaciona la proporción de población mayor de 59 años y la de 20 a 59 años, útil para analizar las necesidades asistenciales de las familias con personas mayores a su cargo, proyectar servicios públicos –centros de día, residencias, centros de salud, transporte público, etc.– y establecer políticas de vivienda o de empleo. Los valores altos indicarán más peso de los mayores y, por lo tanto, el mayor esfuerzo económico a la cohorte en edad laboral.
Las tasas por encima del 0,7 se encuentran en la mitad septentrional, caso de las provincias de Lugo, Ourense, León y Zamora, fuertemente envejecidas y espacios rurales tradicionalmente afectados por la emigración, lo que deriva en graves descompensaciones y dificultades sociodemográficas y socioeconómicas. En situación similar se encuentran las provincias de Asturias, Salamanca, Ávila, Palencia, Burgos, Soria, Teruel que también muestran valores muy por encima de la media, un 0,47.
A comienzos del siglo XXI la media nacional estaba cercana al 0,38, por debajo de la media europea, pero ha subido cerca de diez puntos en veinte años –once en el caso de la dependencia senil femenina–, muestra una vez más del incremento acelerado de la población envejecida. Este crecimiento será más acentuado en los próximos años e, irremediablemente, producirá un importante aumento de dependencia de los mayores. Se plantearán grandes retos sobre la prestación de los servicios sanitarios, sociales y asistenciales, sin olvidar, el aumento de costes, la reducción de las tasas de ahorro y la incertidumbre económica y social que significa la financiación y sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Entre todas las implicaciones derivadas, destaca el llamado cuarto pilar del estado del bienestar –la atención a la dependencia–, una realidad tradicionalmente invisible, pero que ha adquirido una gran relevancia por su magnitud e intensidad, fruto del incremento de los mayores y los cambios habidos en la dinámica familiar –reducción del número de miembros, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, distintos modelos de convivencia, etc.– y en la tipología de los hogares, con el incremento de los hogares unipersonales, así como los establecimientos colectivos con una progresiva institucionalización de la vivienda de los ancianos.
A pesar de los mayores niveles de instrucción y menor brecha digital de los mayores, se mantendrán o incrementarán problemas existentes como la soledad, la vulnerabilidad ligada a las pensiones más bajas, las dificultades de movilidad y accesibilidad.
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