Diferencia entre revisiones de «Seguridad»
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Revisión del 09:52 14 mar 2019
Estructura, organización y reparto territorial
De acuerdo con la organización territorial de España en tres niveles administrativos –nacional, autonómico y local–, los cuerpos de seguridad se organizan según cada nivel. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se componen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación –Policía Nacional y Guardia Civil–; los Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas; y la policía dependiente de las corporaciones locales. Una particularidad es que la Guardia Civil, como cuerpo de seguridad, sin perjuicio de realizar en determinadas circunstancias misiones de carácter militar, centra su actuación en el ejercicio de funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. Su principal misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
La organización y estructura de estos cuerpos se remonta a la primera mitad del siglo XIX, cuando en 1824 Fernando VII crea una Policía General de Vigilancia y Seguridad Pública del Reino como un organismo de seguridad de carácter urbano separado de la jurisdicción militar. Casi coetáneamente se crea en el año 1844, por Real Decreto, la Guardia Civil, bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra en lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación en lo relativo a su servicio.
Actualmente el Cuerpo Nacional de Policía es un instituto armado, pero de naturaleza civil. Depende del Ministerio del Interior y ejerce sus funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos determinados por el gobierno. Su misión consiste en realizar investigaciones penales, judiciales, terroristas y sobre asuntos de orden público e inmigración. Tal y como se conoce en la actualidad tiene su origen en la Constitución de 1978, y más concretamente en la Ley Orgánica 2/1986, que supuso la integración de los cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional en uno solo. Lo mismo ocurre con la Guardia Civil, que se adscribe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conservando su naturaleza militar, pero dejando de formar parte de las Fuerzas Armadas. En los últimos tiempos está siendo objeto de debate esta ley orgánica por el complicado reparto de competencias de los dos cuerpos nacionales, las policías autonómicas y las locales para delimitar el área de trabajo de cada una de ellas (todo el territorio nacional o solo los territorios autonómicos o locales específicos en los que operan), las tareas de coordinación, y la posible injerencia en determinadas áreas al haber duplicaciones competenciales.
Por otra parte, el desarrollo del Estado de las autonomías y la concesión de las competencias en materia de seguridad a algunas de ellas, permitió la creación de las policías autonómicas: los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y la Policía Canaria. Este último cuerpo se creó en el año 2010, pero los otros tres tienen antecedentes históricos más antiguos. Así, la policía vasca hunde sus raíces en los fueros vascos, aunque fue en 1980 cuando un Real Decreto restablecía, de nuevo, las tres policías originales: los forales y los miqueletes en Vizcaya y Gipuzkoa y los miñones de Álava. De la unión de estos tres surgió la actual Erzaintza. En el caso de la Policía Foral de Navarra su origen oficial se remonta a 1928, pero su reorganización más completa fue resultado de la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra de 1987. Por lo que respecta a los Mossos, su origen se remonta a principios del XVIII, cuando el Rey Felipe V decidió crear un grupo armado para detener a los criminales y bandidos que quedaron dispersos por los pueblos, caminos y montañas en Cataluña, y para acabar con los partidarios austracistas tras el fin de la guerra de Sucesión española. Estos cuerpos armados fueron abolidos durante la guerra civil y el franquismo y, posteriormente, han recuperado su posición relevante durante el desarrollo del Estado de las Autonomías.
Pero, además de estos cuerpos, existen las denominadas unidades adscritas que conviven en el territorio autonómico con los cuerpos nacionales y las que constituyen las policías locales dependientes de los ayuntamientos, que también realizan labores de seguridad ciudadana. El problema es que, cuando se habla de Policía Local, según algunos autores, se habla de más de 1.700 cuerpos policiales con su propia idiosincrasia y características.
Todo esto supone una distribución amplia en todo el país, si bien es la Guardia Civil la que tiene una implantación más importante. Posee competencias en el mantenimiento del orden público en los municipios menores de 10.000 habitantes donde no hay policía nacional o autonómica, además de competencias en seguridad vial, al vigilar el tráfico en las carreteras nacionales. En las ciudades se ocupa de la lucha antiterrorista, del control de aduanas, espionaje y contraespionaje y delitos informáticos. También actúa en el control de las armas, en la violencia de género, la desactivación de explosivos, la protección del medio ambiente, de edificios públicos y de altas personalidades. Considerando el número de efectivos en relación a la población (véase mapa Efectivos de la Guardia Civil), su presencia más importante se da en Soria, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Zamora, Ávila, Segovia, Palencia, La Rioja y Huesca. En las regiones con policía autonómica su despliegue es mínimo, a favor de sus respectivas policías.
Por otra parte, la Policía Nacional tiene el encargo de la seguridad ciudadana, de realizar las funciones de policía judicial y policía científica y ocuparse de todo lo relativo a extranjería y fronteras e Información. Estas áreas de competencia son dirigidas y gestionadas por las comisarías generales en los servicios centrales, y por las jefaturas superiores, comisarías provinciales y locales en la organización periférica policial. Existen, además, numerosas especialidades: Grupo Especial de Operaciones, Servicio de Helicópteros, Unidades de Intervención Policial, Guías Caninos, Caballería, Subsuelo, etc. Cuenta con puestos de especialidad en los que se requiere, para su provisión a funcionarios de la Policía Nacional que reúnan una serie de condiciones específicas acordes con el desempeño del puesto. Está presente en todas las provincias y ciudades autónomas pero, como en el caso de la Guardia Civil, es menor en las de las comunidades vasca y catalana y destacable en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en las provincias de Madrid, Cádiz, Málaga, o Santa Cruz de Tenerife. Su despliegue es eminentemente urbano, por lo que territorialmente tiene más presencia en las provincias con mayores núcleos urbanos y densidad demográfica. Véase mapa Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.
Los centros de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se concentran en Madrid, pero aparecen descentralizadas algunas escuelas y academias muy especializadas y relevantes por el papel que desarrollan tanto en operaciones nacionales como internacionales: la Escuela de tráfico de Badajoz; la Escuela Nacional de Policía en Ávila; el Centro de Prácticas Operativas y la Academia de Guardias y Suboficiales en Jaén; el Centro de Adiestramientos Especiales en La Rioja y otros centros.
Delitos, denuncias y sanciones
El incremento global del volumen de delitos en los últimos años es común en la mayor parte de las sociedades modernas. Sin embargo, a pesar de los discursos negativos por el aumento de la población inmigrante, la falta de trabajo por los efectos de la gran recesión, la pérdida de capacidad adquisitiva y de la crisis general de valores, hay un descenso de las victimizaciones por detenciones e imputaciones por infracción penal. Entre los tipos de infracciones se encuentran los delitos y faltas, hurtos, robos con fuerza, daños, robos con fuerza en domicilios, delincuencia violenta, robos con violencia e intimidación, sustracción de vehículos a motor, etc. Así, según datos del Ministerio del Interior en 2016 han disminuido con respecto al año anterior, los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 25%; los robos con fuerza en domicilios un 15,9%; los robos con violencia un 15,5%; la delincuencia violenta un 14%; los robos con fuerza un 12,2% y la sustracción de vehículos a motor un 5,8%. En el mapa Detenciones e imputaciones por infracción penal, en el año 2015, se observa que ha descendido el número de detenciones y la variación anual respecto del año anterior es negativa; en cualquier caso, el descenso ha sido más acusado en Las Palmas, Bizkaia, Salamanca y Zamora (-21%), Zaragoza, Cantabria, Ceuta, Soria, Lleida, Burgos y Asturias (-18%); y en las provincias que albergan las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante también han descendido hasta valores inferiores al -12%. Véase.
Estas cifras globales dan una idea positiva en cuanto al nivel de protección de la sociedad española frente a los delitos e infracciones cometidos. Sin embargo, el éxito del trabajo policial no solo depende de las infracciones conocidas, sino más bien de las esclarecidas y de la detención de los autores. Según los datos del Ministerio del Interior, siete de cada diez delitos quedan sin esclarecer, al menos en el año en que se cometieron. Además, tal y como se aprecia en el mapa Infracciones penales conocidas y esclarecidas, hay un descenso en el esclarecimiento de delitos en la mayoría de las provincias.
Otra de las cuestiones a las que deben enfrentarse los cuerpos de seguridad es la criminalidad. Según el Ministerio del Interior, los delitos de odio aumentaron en 2015 en un 13%, pero disminuyeron en 2016 un 4,2%. Las 1.272 agresiones registradas en el año 2016 se repartieron principalmente entre racismo o xenofobia (32,7%), discapacidad (20,6%), ideología (20,4%) y orientación o identidad sexual (18,1%). Es importante destacar el aumento de los delitos por discriminación de género (70%), orientación sexual (36,1%) y discapacidad (15,9%).
Por otra parte, las denuncias y delitos de odio por violencia de género se han incrementado en los últimos años, visibilizándose las agresiones que se producían dentro del ámbito familiar. En el año 2016, según se muestra en el mapa Denuncias y órdenes de protección por violencia de género, las denuncias llevadas a cabo por mujeres mayores de 20 años alcanzan los valores más elevados, superiores al 1,05% en Melilla, Illes Balears, Murcia, Granada y las provincias Canarias. También destacan las cifras de Málaga, Almería, Alicante, Valencia, Sevilla y Huelva con valores que oscilan entre el 0,81% y el 1,05%. Sin embargo, el número de órdenes de protección no guarda siempre una relación estrecha con el volumen de denuncias. Sí sucede en la costa andaluza, en Murcia, Valencia, Alicante, Barcelona y Madrid. Pero no ocurre lo mismo en Cantabria, Álava, Zaragoza, Lleida, Valladolid, Badajoz, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. Todavía sigue existiendo miedo a denunciar, especialmente en el caso de provincias o ciudades pequeñas.
Población reclusa
Dentro de la gestión de la seguridad se contempla la gestión de los centros penitenciarios, que se localizan en las zonas más densamente pobladas como Madrid (10 centros), Barcelona (9 centros), Sevilla y Cádiz (5 centros), seguidos de Illes Balears con 4 centros, y Murcia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con 3 (véase mapa Población reclusa). En todos ellos se ha registrado un notable descenso en el número de presos desde 2009. Hasta 2016 el número de reclusos se ha rebajado en un 19%. Según estas mismas fuentes, la comunidad que más ha visto reducir su población carcelaria ha sido Andalucía, que ha perdido 3.122 reos (un 21,3%), seguida de Castilla y León (2.679, un 18,5% menos), Madrid (2.262, un 15,6% menos), Cataluña (1.720, un 11,9% menos) y Comunitat Valenciana (1.536, un 10,62% menos). En todas las provincias, la mayor parte de los presos son hombres, si bien, España es uno de los países de Europa con mayor tasa de población femenina en prisión (7,6% de los presos, frente al 5,3% de media europea). Hurtos, robos y estafas son los delitos más habituales. En la actualidad, España tiene las tasas de criminalidad más bajas de la UE, 45 por mil habitantes frente a la media europea de 62 por mil (la tasa de criminalidad es el número de delitos y faltas por mil habitantes).
No obstante, en términos relativos, en 2009 había una tasa de reclusos de 161,8 por cada cien mil habitantes, lo que convertía a España en el país europeo con la mayor tasa de encarcelamiento (excluyendo a Suiza y Luxemburgo). La explicación está en la duración de las penas y no en el número de presos que ingresaban cada año. Durante estos años habían aumentado los delitos por hurtos, robos, tráfico de drogas o lesiones, y esto incidió directamente en que hubiera más personas en prisión. El cambio de tendencia tiene que ver con nuevas reformas del Código Penal que reducen los castigos para algunos delitos. Las modificaciones de la normativa en 2010 provocaron que comenzaran a salir reclusos (por ejemplo los pequeños narcotraficantes que se dedicaban al menudeo). El límite máximo de prisión pasó de nueve a seis años para determinados delitos, y esto supuso la revisión de numerosas penas, además de la consiguiente salida de muchos internos.
El descenso de la población reclusa extranjera también ha sido especialmente significativo. Según los datos de Instituciones Penitenciarias, a principios de 2017 había 17.112 presos extranjeros, frente a los 26.291 en el mismo periodo en 2009. La crisis también ha sido un aspecto a considerar en el marco de esta caída al haber menos delitos relacionados con la inmigración ilegal. A pesar del descenso de las cifras de reclusos, España tiene la tercera tasa de estancia en prisión más alta (19 meses), solo por debajo de Turquía y Rumanía.
Por otra parte, si se analizan las faltas graves, estas se encuentran vinculadas al consumo, cultivo y tráfico de drogas. Destaca la costa mediterránea, desde Castellón, Valencia, hasta las provincias andaluzas (especialmente, Málaga, Granada y Almería, por su proximidad al Estrecho, una vía tradicional de entrada de droga desde el norte de África) y también la cornisa cantábrica, desde las provincias gallegas hasta Asturias y Cantabria; así como las provincias del valle del Ebro. En el caso de Madrid son muy importantes también los casos vinculados a las armas y explosivos. Véase mapa Sanciones sobre seguridad ciudadana.
Accidentes
Atendiendo a la seguridad vial, los accidentes de tráfico, a pesar de los buenos resultados obtenidos tras las últimas reformas realizadas para mejorarla, se mantienen en unas cifras muy altas. Esta situación es lógica si se tiene en cuenta que el parque de automóviles ha crecido en más de un millón de unidades en el último decenio, contando todas las categorías de vehículos (los turismos representan el 68%). Además, también ha aumentado el número de conductores y el envejecimiento paulatino de la población con permiso de conducir, lo que puede asimismo explicar el aumento de la siniestralidad (el 14% de los conductores tienen más de 65 años). En el año 2016 fallecieron un 3% más de personas en las vías interurbanas respecto al año anterior. El 36% de los accidentes de tráfico con víctimas se registraron en estas, alcanzando la cifra de 36.721 accidentes. En ellos se produjeron el 71% de las víctimas mortales (1.291 fallecidos), y el 52% de los heridos hospitalizados (5.050).
Según la Dirección General de Tráfico, durante 2016 la mayoría de los accidentes con víctimas tuvo lugar en vías urbanas, registrándose un total del 64%, y el 29% de los accidentes con víctimas en zona urbana se produjeron en los dos únicos municipios con más de un millón de habitantes: Madrid y Barcelona. Respecto a la comparación internacional, en el año 2016, con cifras provisionales de la UE, España ocupó la quinta posición en el ranking de tasas de víctimas mortales con un valor de 39 fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la tasa europea que fue de 51 fallecidos por millón de habitantes y dos puntos por encima de la tasa objetivo, en relación a los fallecidos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020.
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Protección civil e internacional
La protección del medio ambiente se ha convertido en una responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esto ha supuesto una mayor denuncia y sensibilidad hacia los delitos contra la naturaleza: caza y pesca ilegal, contaminación del agua de ríos y acuíferos subterráneos por vertidos incontrolados y, sobre todo, el incremento de los incendios forestales. Desgraciadamente, también lo ha hecho el número de víctimas por desastres naturales: destacan las cifras vinculadas a los temporales marítimos, las olas de calor, los vientos fuertes y los incendios forestales (la mayor parte de las veces, provocados).
Igualmente, participan en la cooperación al desarrollo, vigilancia y protección de las relaciones económicas y comerciales con otros países del mundo. Dentro de este ámbito hay que resaltar, por un lado, la política de asilo y la acogida a refugiados desde la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, por otro, la labor de algunos cuerpos se seguridad como la Guardia Civil que se ocupa de tareas de cooperación en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores. A pesar de la crisis migratoria que afecta al espacio euromediterráneo, las solicitudes de protección internacional no han sido muy elevadas: destacan Melilla (6.336 solicitantes), Madrid (2.934) y Barcelona (1.143) en el año 2015. Se trata de provincias o ciudades que constituyen puntos de entrada dentro de las rutas de los movimientos internacionales.
