Cambios

En la Administración de justicia confluyen responsabilidades de distintos sujetos de naturaleza pública: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas (CC.AA.) con competencias en la materia. La Constitución Española (CE) establece en su art. 149.1.5ª que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Administración de justicia. Este planteamiento que, en principio, pudiera haberse interpretado de manera excluyente para las CC.AA., no fue óbice para que estas estableciesen en sus estatutos de autonomía normas sobre la gestión de la organización instrumental que sirve al poder judicial, denominadas cláusulas subrogatorias, que suponen aceptar el deslinde que el Estado realiza entre la Administración de justicia y «administración de la Administración de justicia», susceptible de transferencia a las CC.AA.

El Ministerio de Justicia es el responsable de elaborar, dirigir y ejecutar la política del Gobierno en relación al desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal. Garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto; la política de organización y apoyo de la Administración de justicia; los derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de España; la cooperación jurídica internacional; la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia; y la asistencia jurídica del Estado.

La organización de juzgados y tribunales se rige por el Libro I de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que regula la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los juzgados y tribunales; a su vez, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, es la que desarrolla la materia. Hay cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social. Además está la Jurisdicción especializada de lo militar; existen otros órganos que ejercen jurisdicción como el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son órganos de gran relevancia constitucional, autónomos y con personalidad propia, recogidos en los artículos 124 y 122, respectivamente, de la Constitución de 1978.

El Ministerio Fiscal, por otra parte, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81, de 30 de diciembre, reformado por leyes posteriores que refuerzan su autonomía y modernizan su organización territorial.

En cuanto a la organización territorial, la Justicia se organiza en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. Hay organismos judiciales que tienen jurisdicción en toda España (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, juzgados centrales de instrucción, los juzgados centrales de lo penal, los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, los Juzgados centrales de vigilancia penitenciaria y Juzgado Central de Menores).

Uno de los instrumentos fundamentales en la estructuración de los juzgados y tribunales ha sido la Oficina Judicial, integrada por unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. La Oficina Judicial es uno de los motores del cambio que el Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias transferidas han impulsado con el objetivo de modernizar la administración de la Administración de justicia, concepto jurídico que fue introducido por el TC. Es «la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales» (Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). La Oficina Judicial es, en realidad, un concepto que comprende distintas formas de organización que, en su conjunto y de forma separada, la hacen realidad. Las unidades procesales de apoyo directo asumen la tramitación procesal y llevanza de todos aquellos asuntos cuyo conocimiento tengan legalmente atribuidos los jueces y tribunales, asistiéndoles para el eficaz cumplimiento de la función jurisdiccional. Constituyen la estructura básica de la nueva oficina judicial, se encuentran vinculadas directamente al titular de cada órgano jurisdiccional y cuentan con la asignación del personal mínimo indispensable para llevar a cabo sus funciones. Existirán tantas unidades procesales como juzgados, o en su caso, salas o secciones de tribunales estén creados y en funcionamiento, integrando junto a sus titulares el respectivo órgano judicial.

Los servicios comunes procesales no están integrados en un órgano judicial concreto y asumen, bajo la dirección de los letrados de la Administración de justicia, labores centralizadas de gestión y apoyo a todos o alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas son competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales. La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé como funciones propias: registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria y ordenación del procedimiento; para asumir otras funciones distintas es preciso el informe favorable del CGPJ.

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