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El objetivo del Plan de Desescalada fue “conseguir que, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse desbordadas”. La transición a la nueva normalidad debía realizarse al amparo de tres notas esenciales: gradualidad, asimetría y adaptación. La primera quedaba reflejada en las fases establecidas que entrañaban una clara progresividad; la segunda aludía a que se haría mediante acuerdos con las comunidades y ciudades autónomas; la tercera se refería a los posibles cambios que fueran necesarios introducir en función de los indicadores epidemiológicos.
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La decisión del discurrir de una fase a otra en los diferentes territorios correspondió al Ministro de Sanidad, tomando en consideración un proceso de gobernanza conjunta con las comunidades y ciudades autónomas; ello implicaba, al menos, una reunión bilateral entre el Ministerio de Sanidad y la consejería correspondiente. Cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla fueron remitiendo con una semana de antelación las propuestas de transición entre fases con los informes preceptivos que contenían, al menos, una descripción del estado epidemiológico y la fase en que se encontraba, una relación de medidas a tomar en la nueva fase a la que se deseaba transitar y las capacidades estratégicas del sistema sanitario para hacer frente a una evolución de la epidemia que pudiera acarrear un mayor riesgo de transmisión en la población.