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[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa de trabajadores afiliados a la seguridad social durante la primera ola de la pandemia. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
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</ul></div>A lo largo del año 2019, la evolución de la población afiliada, tal y como se ve en el gráfico ''Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social'', sigue la tendencia que presenta la afiliación habitualmente, más baja en enero, va creciendo el resto de los meses durante la primera parte del año hasta llegar al periodo estival, momento a partir del cual prácticamente se estanca, salvo una ligera reducción al final de agosto y diciembre, más clara sobre todo en el Régimen General que en el de Autónomos. Este comportamiento de la afiliación es una muestra de la estacionalidad de la economía española.
En cambio, en 2020, a pesar de que el año se inició siguiendo el patrón habitual, con un aumento progresivo a partir de enero, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y se produjo el cierre total de la actividad, excepción hecha de aquellas funciones definidas como esenciales, lo que supuso un grave impacto sobre el volumen de cotizantes en la Seguridad Social. Desde ese día, el saldo de la afiliación se desplomó, sobre todo hasta el 31 de marzo. Los datos detallados de dicho mes mostraron que la caída fue de 898.822 personas, de las cuales, 855.081 (equivalente a una bajada del 5,63%) pertenecían al Régimen General, y 40.877 (ello supuso un descenso del 1,25%) al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Las medidas introducidas por el gobierno para paliar el impacto de la pandemia atenuaron la caída de la afiliación, aunque de manera desigual en las provincias. Los mapas de trabajadores afiliados en marzo-junio de 2019 y 2020 muestran que las provincias de costa con un peso elevado del sector turístico, como Cádiz, Málaga y Tarragona perdieron entre el 6% y el 8% de su población afiliada, además de Córdoba, Girona y Alicante. Destaca la elevada caída en Illes Balears que llegaron a tener un descenso superior al 11%. Por otro lado, las provincias costeras del País Vasco, junto con Navarra, Cuenca y Albacete fueron las menos castigadas, con reducciones que oscilaron entre el 0,1% y 2%. El resto de provincias se pueden clasificar entre aquellas que tuvieron reducciones en torno al 4% y 6%, las más meridionales, y las situadas más al norte donde la afiliación se redujo entre el 2% y el 4%.
El mercado de trabajo comenzó a sufrir inmediatamente el impacto de la pandemia. Tanto fue así que, de manera casi inmediata, la administración emprendió medidas de choque, dirigidas tanto a empresas como a personas trabajadoras, para mitigar los efectos devastadores que ya se estaban dejando sentir. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, tuvo como prioridad principal proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto del virus y conseguir retomar la actividad en cuanto fuese posible. Entre todas estas medidas cabe destacar, por su importancia y eficacia, la figura conocida como expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que ya existía en nuestra normativa, pero se adaptó a las nuevas circunstancias. El ERTE facilita la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de su jornada al tiempo que se mantiene el empleo y las personas trabajadoras reciben una prestación compensatoria por la pérdida total o parcial de su salario. Se establecieron dos nuevas modalidades de ERTE, una por fuerza mayor y otra por causas objetivas, con el objetivo común de evitar que se produjesen despidos vinculados a la enorme incertidumbre ocasionada por la pandemia y la fortísima caída de la actividad laboral debida, no sólo al periodo de confinamiento, sino también a todas las restricciones impuestas para la contención de la pandemia que afectaban a todas las esferas de la actividad cotidiana. La intensidad y extensión en el tiempo de la crisis sanitaria ha obligado a la administración a tener que ir aplazando en el tiempo la finalización de esta figura excepcional, de modo que en junio de 2021 seguían estando vigentes.
Los datos registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal, entre mayo y junio de 2020, ponen de manifiesto que el uso de los ERTE ha estado muy ligado a unas determinadas actividades productivas muy relacionadas con el sector servicios, entre las que destacan de manera especial la hostelería y el comercio. Aunque también se han aplicado en aquellos servicios de carácter profesional o administrativo, en la educación, los deportes, la cultura y los servicios sociales. Y también en la manufactura y la construcción. En todos los casos, la flexibilización de las restricciones tras el confinamiento y la vuelta gradual a la ''nueva normalidad '' desde el mes de mayo de 2020 ayudaron a que el número de registros se redujese en el mes de junio.
Los datos sobre empresas que se han acogido a un ERTE, así como sobre personas ocupadas afectadas por este tipo de procedimientos de regulación de empleo, que son beneficiarias de prestaciones por desempleo, ponen de manifiesto que la gran mayoría de los registros a lo largo del segundo trimestre de 2020, han sido de fuerza mayor y de suspensión de empleo, siendo mucho menor el peso de otras razones y la situación de desempleo parcial.
Las primeras estimaciones sobre el impacto económico de la pandemia en Europa confirman que la tasa de pobreza está aumentando en muchos países. Así, y a pesar de las medidas de choque, esta situación está provocando un aumento en las diferencias de ingresos entre países, reduciendo la cohesión social y territorial del continente. Los países del sur, y España en particular, tienen menos empleos susceptibles de trabajo remoto y quienes pueden acceder a él son trabajadores de mayor cualificación y salario que en otros países centroeuropeos. Además, los trabajos esenciales en las economías del sur contienen una menor proporción de empleos de cualificación media y baja, lo que hace prever que el impacto de la pandemia en las rentas más bajas sea significativamente mayor que en otros países.
Comparando los meses de mayo de 2019 y mayo de 2020 se observa un notable aumento del número de prestaciones por desempleo en todo el territorio nacional, en especial de las que forman parte de los ERTE COVID-19 (ver ''Beneficiarios de prestaciones por desempleo'') destinadas a aliviar los efectos de las pérdidas de empleo sobre los ingresos familiares. Sin embargo, se observan significativas diferencias en las tasas de cobertura autonómicas que miden la relación entre beneficiarios de prestaciones y número de parados registrados. Las prestaciones por desempleo aumentan su cobertura en las comunidades autónomas del norte y este peninsular (Principado de Asturias, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana), mientras que la reducen en otras, situadas principalmente en el sur y el oeste, como Extremadura y Andalucía.A partir de los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA), se aprecia que los efectos de la pandemia se manifiestan rápido y son especialmente negativos para los hogares más vulnerables. Tanto en el gráfico de ''Evolución de los hogares con todos sus miembros activos en paro como en el de Evolución de los hogares sin ingresos'', se observa que el segundo trimestre de 2020 marca un claro cambio de tendencia de lo que venía pasando desde 2013.
Este cambio de tendencia implica un aumento del riesgo de desempleo, que resulta ser mucho mayor para las personas que viven en familias vulnerables que para el resto. Los hogares más pobres vieron cómo sus ingresos se reducían un tercio en los primeros meses de la pandemia, especialmente si procedían del empleo informal, lo que hizo que aumentara rápidamente la proporción de hogares en pobreza severa, especialmente en aquellos con menores a su cargo. El porcentaje de hogares sin ingresos, fuesen éstos por falta de actividad laboral o por no recibir prestaciones, aumentó casi un 20% entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2020, pero, en el caso de los hogares con menores dependientes, este aumento fue prácticamente el doble (un 37%). El impacto económico del confinamiento parece haber sido significativamente mayor en los hogares con menores dependientes, lo que resulta preocupante por sus consecuencias a largo plazo.
