Cambios

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</ul></div>La fase descendente de la pandemia por COVID-19 abarca un horizonte temporal más amplio que el de la fase ascendente: del 21 de marzo al 30 de junio de 2020. En esta fase se ve claramente que la evolución de las principales variables consideradas consigue controlarse tras varias semanas de confinamiento, una vez decretado el estado de alarma, con una gran rigurosidad en la que solo los colectivos esenciales tenían permitido el ejercicio de sus funciones y la correspondiente movilidad.

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</ul></div>Los efectos derivados del estado de alarma y el consiguiente confinamiento se mostraron eficaces hasta conseguir frenar la progresión de la pandemia en España, y que las afecciones de estas medidas de salud pública repercutieron en la sociedad de maneras muy diversas, desde la más evidente, que fue la mitigación de los efectos negativos en el ámbito sanitario y la paralización mayoritaria de la actividad económica, hasta otra de cariz más intangible, como la situación anímica de la población.

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</ul></div>En cifras absolutas cabe destacar el incremento que presentan las provincias de Barcelona y Madrid, donde a fecha de 31 de marzo, se contabilizan casi 12.000 y 17.000 casos acumulados respectivamente, y al final del periodo (30 de junio), estas cifras aumentan a 32.000 y 37.000. Del resto de provincias, las que presentan cifras más elevadas de casos acumulados, en torno a 5.000, son Bizkaia, Navarra, Ciudad Real y Valencia.

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</ul></div>De manera similar a la fase ascendente de la pandemia, se observa una tasa de hospitalización acumulada por COVID-19 ciertamente elevada en la provincia de Barcelona y las del interior peninsular, con tasas de hospitalización por 100.000 habitantes muy por encima del dato correspondiente al conjunto del país (185,2 hospitalizados por 100.000 habitantes). Destacan con más de 500 las provincias de Segovia, Cuenca y Ciudad Real. Por su parte, las provincias de Barcelona y Madrid alcanzan, en cifras absolutas, los 14.000 y 28.000 hospitalizados respectivamente.

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</ul></div>Las notificaciones de fallecimientos diarios por COVID-19 registran los valores máximos (909) a finales de marzo y comienzos de abril. La primera semana de abril se observa un descenso (entre 700 y 800 defunciones diarias) y no es hasta el 22 de abril cuando las cifras son inferiores a 400. Durante la primera quincena de mayo se notifican algo más de 100 decesos diarios y a partir del 13 las cifras son inferiores hasta alcanzar al final del periodo cifras próximas a la decena de fallecidos.

Las provincias manchegas y del sudeste de Castilla y León presentan las tasas de mortalidad por COVID-19 más elevadas, con más de 100 y hasta 250 fallecidos por 100.000 habitantes, siendo 58,90/000 el dato del conjunto nacional. En cifras absolutas, las provincias de Barcelona y Madrid llegan a acumular en este periodo hasta 5.300 y 7.600 fallecidos respectivamente.

Espacialmente se observa un marcado patrón norte-sur, siendo Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Aragón y Cataluña las comunidades autónomas cuyas provincias presentan porcentajes de fallecidos mayores de 80 años respecto al total de fallecidos por COVID-19 igual o superior a la media nacional (62,6%). La provincia de Ourense presenta el porcentaje más elevado (el 80% de los fallecidos tienen más de 80 años de edad). La situación demográficamente más joven de la mitad sur de España ha sido inequívocamente un factor protector frente a los efectos mortales de la pandemia.

{{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Plan de desescalada}}

El Consejo de Ministros del Gobierno de España de 28 de abril aprobó un Plan de Desescalada, una vez transcurridas siete semanas desde la entrada en vigor del Real Decreto de 14 de marzo de 2020 por el que se estableció el Estado de Alarma. Vista, por un lado, la reducción del impacto sanitario producido por la pandemia COVID-19, y, por otro, la afección tan negativa sobre la actividad económica global, se publicó la Orden del Ministerio de Sanidad de 3 de mayo que regulaba la aplicación del citado plan mediante un proceso de gobernanza conjunta con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

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</ul></div>{{ANEAutoria|Autores= Carmen Bentué Martínez, María Caudevilla Lambán, Carlos López Escolano, Raúl Postigo Vidal, María Sebastián López y María Zúñiga Antón}}