1985
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Con este objetivo, se analizan aquí cuatro gráficos que recogen la evolución de los ingresos tributarios del Estado para el período 2010-2020. Estos ingresos proceden de las tres principales figuras impositivas de que dispone la Administración central en España: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto de Sociedades (IS). A ellos se suman los llamados impuestos especiales, que gravan el consumo de alcoholes, tabacos y combustibles y que contribuyen con una aportación más modesta, pero ligada a bienes de consumo muy extendido y que, en el caso de los combustibles, tiene un impacto muy directo en las pautas de movilidad y en la gestión de la transición energética que debe abordar nuestro país.
Estos cuatro gráficos, con formato de barras apiladas para desglosar los componentes internos de cada impuesto, se acompañan de cuatro mapas con desagregación territorial de comunidad autónoma donde se representa el volumen absoluto recaudado en cada comunidad y la variación experimentada por la recaudación de cada impuesto entre 2019 y 2020. En primer lugar, se aborda el conjunto de la recaudación tributaria del Estado (IRPF, IVA, IS e impuestos especiales). El gráfico ''Evolución de la recaudación tributaria del Estado '' muestra un sostenido aumento del volumen recaudado desde 2010 hasta 2019, prueba del paulatino proceso de superación de la crisis inmobiliario-financiera desatada en el año 2008. Ese aumento del volumen recaudado se acelera a partir de 2017, cuando se da por superada la doble recesión de 2008 y 2013.
Sin embargo, el monto total se reduce en el año 2020 de manera apreciable como consecuencia del efecto de la pandemia sobre un tributo que refleja de manera fiel e inmediata el comportamiento del ciclo económico: el IVA. Los datos de IRPF e IS no se ven afectados por la COVID-19 en esta serie estadística porque la recaudación de 2020 corresponde a rentas y beneficios generados durante el ejercicio de 2019, anteriores al brote epidémico. Tampoco se aprecia un impacto sustancial sobre los impuestos especiales, dependientes de hábitos de consumo muy arraigados (alcohol, tabaco) y donde solamente cabe apreciar las consecuencias de la reducción del consumo de combustible que aparejó el confinamiento estricto de la primavera de 2020 y las restricciones a la movilidad.
La vertiente territorial, representada en el mapa ''Recaudación tributaria del Estado'', muestra una distribución de la recaudación agregada que se corresponde, en líneas generales, con el reparto de la población y la actividad económica en España. Comunidad de Madrid y Cataluña se colocan muy por delante de las demás comunidades autónomas, gracias en parte a su condición de sede de muchas compañías de gran tamaño. Un segundo escalón estaría integrado por Andalucía, la Comunitat Valenciana y Galicia. Sin embargo, el interés principal de este mapa radica en su componente dinámica. Entre 2019 y 2020, regiones con una sólida base agroalimentaria (Navarra, Cantabria, Extremadura, Murcia) logran aumentar sus cifras absolutas de recaudación, al contrario de la tendencia nacional de regresión, que se hace muy patente en las regiones turísticas (Illes Balears, Canarias) y en otras con notable base industrial (País Vasco, Cataluña) afectadas por la distorsión de las cadenas globales de valor que se originó en China para extenderse después al resto de Asia y a Europa.
A continuación, se desglosan estas trayectorias agregadas para cada uno de los tres tributos principales. En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, se reitera la tendencia general de aumento desde 2010, más rápido desde 2016, y una reducción apreciable en el año 2020. La distribución regional del importe total recaudado refleja con claridad el efecto sede de Madrid y Cataluña (más bien, Barcelona) –que arrojan variaciones recaudatorias negativas–, así como el País Vasco. De nuevo, los comportamientos positivos corresponden a la Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Cantabria, resaltando la trascendencia de las actividades de abastecimiento de bienes esenciales en el funcionamiento de la economía en coyunturas críticas. Junto al País Vasco, son las únicas que crecen en un contexto nacional regresivo que registra una caída media del 11,5%. En el extremo opuesto se ubican las comunidades insulares, con caídas superiores al 20% como consecuencia del colapso del turismo durante el confinamiento y de las posteriores limitaciones a los desplazamientos.
El Impuesto de Sociedades ya venía experimentado una reducción desde 2018, que se eleva al 33,2% entre 2019 y 2020 para el promedio nacional. En este contexto, destaca el comportamiento positivo de Navarra y Extremadura, cuyas empresas apuntaban ya indicios de solvencia antes de la pandemia. Las caídas en la recaudación son generalizadas en las demás comunidades, y más acusadas en los archipiélagos, otra vez, así como en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia y Asturias.
Una valoración agregada de estos datos permite esbozar algunas líneas interpretativas generales. Primero, la excesiva especialización turística de los dos archipiélagos no sólo afecta al empleo, cuando se enfrentan a un impacto externo tan brusco como una pandemia, sino que se extiende a todo el circuito económico y social y limita seriamente la capacidad de reacción de los poderes públicos, al socavar sus recursos presupuestarios. Segundo, a ''sensu contrario'', economías regionales diversificadas como Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra o Cantabria, donde industria y sector agroalimentario retienen un peso importante en la estructura productiva, se muestran más resistentes a los impactos de la pandemia, acompañadas por Extremadura; es preciso, entonces, prestar más atención a los sectores productivos verdaderamente esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Tercero, las dificultades observadas en regiones industriales (Cataluña, País Vasco) se derivan, probablemente, de su intensa inserción en las cadenas globales de valor, del mismo modo que la Comunidad de Madrid, con una economía muy terciarizada, acusa el impacto de las restricciones a la movilidad y puede resultar perjudicada en sus cifras recaudatorias globales por el efecto sede, al concentrar resultados negativos de grandes corporaciones. La exposición intensa a los flujos globales de actividad económica entraña riesgos también para estas regiones líderes del mapa económico español. Por último, es preciso señalar que la caída de la recaudación corrió paralela a un fuerte crecimiento del gasto público durante el desarrollo de la pandemia, sobre todo en el plano social (sanidad, educación, mercado de trabajo), generándose así un fuerte endeudamiento de la Administración que se trata en el apartado siguiente.
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Así, el déficit público del conjunto de las administraciones públicas ha rozado en España el 12% en 2020, el más elevado entre los países europeos, superando ligeramente el registrado en lo más profundo de la gran recesión. Ninguna de las principales economías de la Unión Europea ha experimentado un incremento tan grande del déficit público: solo Francia e Italia muestran un mayor impacto con valores en torno al 9%, mientras que Alemania o Países Bajos consiguen limitar su déficit al 4% partiendo, además, de unas cuentas públicas más saneadas por el menor impacto que aquí tuvo la crisis financiera de 2008. Eso convierte a España en el país más necesitado de políticas de relajación monetaria y apoyo financiero, pero también el que más se puede ver afectado una vez que se vuelva, de forma más o menos paulatina, a las restricciones propias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; la forma en que se produzca este retorno a la disciplina presupuestaria será una cuestión política de primera magnitud en los próximos años.
Dentro de España, este incremento de gasto ha supuesto un nuevo aumento de la deuda acumulada por las comunidades autónomas en relación a su PIB, magnitud que había experimentado una cierta estabilización o incluso un ligero decrecimiento después del máximo alcanzado entre 2015 y 2016 (ver mapa ''Deuda acumulada de las comunidades autónomas''). Igual que ocurre entre los diferentes países de la UE, también la situación de las distintas comunidades autónomas muestra fuertes asimetrías: desde comunidades como Madrid, el País Vasco y Navarra en las que la deuda no supera el 20% del PIB y el endeudamiento con el estado central es inexistente, hasta la Comunitat Valenciana, con una deuda que llega casi al 50% del PIB regional y cuatro quintas partes de la cual se han contraído con el Estado. Diferenciales de renta per cápita y base impositiva, junto con el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, permitirían explicar este diferencial recurso al endeudamiento, que la pandemia no ha hecho sino agravar.
