Cambios

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Comparando los meses de mayo de 2019 y mayo de 2020 se observa un notable aumento del número de prestaciones por desempleo en todo el territorio nacional, en especial de las que forman parte de los ERTE COVID-19 (ver ''Beneficiarios de prestaciones por desempleo'') destinadas a aliviar los efectos de las pérdidas de empleo sobre los ingresos familiares. Sin embargo, se observan significativas diferencias en las tasas de cobertura autonómicas que miden la relación entre beneficiarios de prestaciones y número de parados registrados. Las prestaciones por desempleo aumentan su cobertura en las comunidades autónomas del norte y este peninsular (Principado de Asturias, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana), mientras que la reducen en otras, situadas principalmente en el sur y el oeste, como Extremadura y Andalucía.

Este cambio de tendencia implica un aumento del riesgo de desempleo, que resulta ser mucho mayor para las personas que viven en familias vulnerables que para el resto. Los hogares más pobres vieron cómo sus ingresos se reducían un tercio en los primeros meses de la pandemia, especialmente si procedían del empleo informal, lo que hizo que aumentara rápidamente la proporción de hogares en pobreza severa, especialmente en aquellos con menores a su cargo. El porcentaje de hogares sin ingresos, fuesen éstos por falta de actividad laboral o por no recibir prestaciones, aumentó casi un 20% entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2020, pero, en el caso de los hogares con menores dependientes, este aumento fue prácticamente el doble (un 37%). El impacto económico del confinamiento parece haber sido significativamente mayor en los hogares con menores dependientes, lo que resulta preocupante por sus consecuencias a largo plazo.

Hasta junio de 2020 las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas eran las únicas políticas públicas que tenían como objetivo la cobertura del riesgo de pobreza extrema, pero, durante varias décadas, su cobertura territorial ha sido muy heterogénea. En 2019 estas prestaciones llegaban al 17% de los hogares en riesgo de pobreza en toda España, pero había territorios, como el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, donde se cubría a todos los que tenían ingresos por debajo del umbral de la pobreza; en Castilla-La Mancha o Andalucía, sin embargo, llegaba a menos del 10% de esos hogares. Más allá de su desigualdad territorial, el modelo español de rentas mínimas adolecía de una baja intensidad protectora y una cobertura muy limitada. Ante esta crisis de la COVID-19 se desarrollaron nuevas medidas para proteger a los hogares en situación de pobreza severa. Se pusieron en marcha medidas de apoyo indirectas con revisiones de la normativa que evitasen el corte de los suministros básicos por impago (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones), la ampliación a un mayor número de colectivos sociales del bono social que reduce el coste de la luz, moratorias automáticas en el pago de hipotecas y diversas ayudas a inquilinos vulnerables. El principal problema hasta ahora ha sido el retraso en su concesión, que puede haberlas hecho menos efectivas. Es importante señalar que se trata de medidas de emergencia, necesariamente transitorias, que no pueden dar respuesta a problemas de naturaleza estructural. La medida más sustancial es de apoyo directo. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha nacido con el objetivo de ofrecer de forma permanente un soporte básico de protección social que prevenga el aumento de las ya muy altas tasas de riesgo de pobreza. Su diseño supone que cualquier hogar con ingresos por debajo de un umbral mínimo de renta, determinado según el número de adultos y menores dependientes, complemente sus ingresos con una prestación que le permita alcanzar dicho umbral. La medida está pendiente de su aprobación parlamentaria definitiva y de su desarrollo reglamentario.

La incorporación de su población objetivo está siendo lenta y dificultosa por lo que es difícil valorar la efectividad de la política. Los primeros resultados indican que varias provincias andaluzas concentraron el mayor número de prestaciones. Es el caso de Cádiz, Sevilla, Granada, Almería y Jaén. Aunque, al calcular qué porcentaje de hogares con ingresos por debajo del 40% de los ingresos medianos (hogares en riesgo de pobreza severa) lo recibe, las conclusiones son muy distintas. En Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra más de un 20% de los potenciales perceptores reciben esa prestación mientras que en Cataluña sólo lo hace un 7%.