Cambios

A lo largo del año 2019, la evolución de la población afiliada, tal y como se ve en el gráfico Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, sigue la tendencia que presenta la afiliación habitualmente, más baja en ene- roenero, va creciendo el resto de los meses durante la primera parte del año hasta llegar al periodo estival, momento a partir del cual prácticamente se estanca, salvo una ligera reducción al final de agosto y diciembre, más clara sobre todo en el Régimen General que en el de Autónomos. Este comportamiento de la afiliación es una muestra de la estacionalidad de la economía española.

{{ANETextoAsociado|titulo=Teletrabajo|contenido=[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de población y densidad de población. 1900. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]Durante el periodo de confinamiento del segundo trimestre de 2020, el teletrabajo se convirtió para muchas empresas y administraciones públicasen la única alternativa para seguir realizando sus actividades productivas. Este método de trabajo, que facilitaba a las personas realizar sus tareas a distancia, se convirtió en un experimento natural para comprobar las posibilidades que les brindaba esta otra manera de gestionar su proceso productivo. Según la EPA, al menos un 20% de la población ocupada teletrabajaba.

Uno de los rasgos más característicos del impacto inmediato de la crisis sanitaria sobre el mercado de trabajo ha sido que muchas personas no han podido desarrollar las tareas que habitualmente realizaban. Por una parte, muchos ocupados han visto suspendida su actividad debido al cierre casi total que conllevó el estado de alarma inicial y que solo permitió la continui- dad continuidad de aquellas actividades que, como se ha dicho antes, se consideraron esenciales. Con la apertura parcial, y a medida que se fueron relajando las restricciones impuestas en el mes de marzo de 2020, algunas de estas personas pudieron retomar su acti- vidad actividad laboral, pero otras muchas siguieron sin poder trabajar al menos temporalmente. En este segundo grupo hay que incluir a los que no perdieron su empleo, debido a que sus empresas se pudieron acoger a las medidas que se pusieron en marcha a instancias del Gobierno, acordadas por los agentes sociales y aprobadas en el Parlamento, para lograr mantener los puestos de trabajo, ya fuese con reducción parcial o total de la jornada laboral. Pero, otra parte de la población ocupada no pudo incorpo- rarse incorporarse a su empleo anterior, bien porque la empresa no pudo asumir las pérdidas por el cierre temporal y no pudo reabrir, o bien porque con la vuelta a la actividad la empresa reajustó su plantilla prescindiendo de algunos trabajadores o no renovó algunos contratos temporales que habían finalizado.

Una parte de las personas que perdieron su empleo pasaron, a efectos estadísticos, de ser considerados ocupados a ser desempleados buscando trabajo. Y otra parte de este colectivo, optó por abandonar el mercado laboral pasando de ocupados a inactivos. Los parados o desempleados son personas que no tienen un empleo, están disponibles para trabajar y buscan em- pleo empleo de forma activa.La cantidad de parados dependerá de forma importante de cómo se establezca la definición de los requisitos enumerados. Las dos fuentes estadísticas para medir el desempleo son el paro registrado y el paro estimado por la Encuesta de Población Ac- tiva Activa (EPA). Las dos fuentes ofrecen información distinta y miden conceptos diferentes, por lo que no siempre coinciden. El paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es una estadística administrativa que se obtiene a partir del registro de demandantes de empleo, excluyendo a una parte de los demandantes que no cumplen los requisitos para considerarse desem- pleadosdesempleados. Si bien estos datos no son los más adecuados para el análisis del fenómeno del paro, ya que no permiten el cálculo de la tasa de desempleo y la clasificación como parado tiene un carácter subjetivo, analizar su evolución puede dar pistas de cuál ha sido el impacto inicial de la crisis sanitaria sobre el desempleo.

Desde el año 2015 el paro registrado venía disminuyendo, de más de cuatro millones y medio de parados a comienzos de 2015 a los tres millones registrados en el verano de 2019 con un comportamiento estacional que implica disminuciones asocia- das a la temporada de verano debido al empleo en el turismo. Si bien es cierto que tras la temporada de verano de 2019 se re- gistra registra una tendencia a un ligero crecimiento del número de inscritos, no es hasta marzo de 2020 cuando el aumento es notable. El paro registrado subió mucho desde que se declaró el estado de alarma para frenar la transmisión de la COVID-19. En un solo mes creció el número de desocupados inscritos en las oficinas de empleo en más de 300.000 personas. La senda ascendente se mantuvo en abril y mayo. Posteriormente siguió la tendencia ascendente, aunque no fue constante.

Las actividades asociadas al turismo, que habían mostrado una evolución positiva en años anteriores, se han visto especial- mente especialmente penalizadas durante los meses de la primera ola de la pandemia. Según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) del INE en los meses de marzo, abril y mayo de 2019 se registró un total de 20,6 millones de entradas de no residentes, mientras que, en los mismos meses de 2020, solo entraron 2 millones en el mes de marzo, antes del cierre de las fronteras. La fuerte contracción de la entrada de turismo extranjero y de la escasa movilidad del turismo nacional, dio lugar a la cancelación de numerosos trayectos programados de transporte de viajeros, así como también se disparó la cancelación de reservas en hoteles y alojamientos similares.

Además del turismo, dentro del sector servicios, hay otras ramas de actividad especialmente afectadas en las que el des- empleo desempleo registrado también aumentó y que, previsiblemente, tendrán más difícil la recuperación del empleo tras la vuelta a la normalidad. Es el caso, por ejemplo, del comercio al por menor de productos no alimentarios que tuvo que cerrar tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que decreta el estado de alarma y además, al disminuir la renta disponible de las familias debido al desempleo, han visto deteriorados sus resultados; algunas empresas se han visto obligadas al cierre o a despedir a parte de los empleados.

Hasta junio de 2020 las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas eran las únicas políticas públicas que tenían como objetivo la cobertura del riesgo de pobreza extrema, pero, durante varias décadas, su cobertura territorial ha sido muy heterogénea. En 2019 estas prestaciones llegaban al 17% de los hogares en riesgo de pobreza en toda España, pero había territorios, como el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, donde se cubría a todos los que tenían ingresos por debajo del umbral de la pobreza; en Castilla-La Mancha o Andalucía, sin embargo, llegaba a menos del 10% de esos hogares. Más allá de su desigual- dad desigualdad territorial, el modelo español de rentas mínimas adolecía de una baja intensidad protectora y una cobertura muy limitada. Ante esta crisis de la COVID-19 se desarrollaron nuevas medidas para proteger a los hogares en situación de pobreza severa. Se pusieron en marcha medidas de apoyo indirectas con revisiones de la normativa que evitasen el corte de los suministros básicos por impago (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones), la ampliación a un mayor número de colectivos sociales del bono social que reduce el coste de la luz, moratorias automáticas en el pago de hipotecas y diversas ayudas a inquilinos vulnerables. El principal problema hasta ahora ha sido el retraso en su concesión, que puede haberlas hecho menos efectivas. Es importante señalar que se trata de medidas de emergencia, necesariamente transitorias, que no pueden dar respuesta a problemas de naturaleza estructural. La medida más sustancial es de apoyo directo. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha nacido con el objetivo de ofrecer de forma permanente un soporte básico de protección social que prevenga el aumento de las ya muy altas tasas de riesgo de pobreza. Su diseño supone que cualquier hogar con ingresos por debajo de un umbral mínimo de renta, determinado según el número de adultos y menores dependientes, complemente sus ingresos con una prestación que le permita alcanzar dicho umbral. La medida está pendiente de su aprobación parlamentaria definitiva y de su desarrollo reglamentario.La incorporación de su población objetivo está siendo lenta y dificultosa por lo que es difícil valorar la efectividad de la polí- ticapolítica. Los primeros resultados indican que varias provincias andaluzas concentraron el mayor número de prestaciones. Es el caso de Cádiz, Sevilla, Granada, Almería y Jaén. Aunque, al calcular qué porcentaje de hogares con ingresos por debajo del 40% de los ingresos medianos (hogares en riesgo de pobreza severa) lo recibe, las conclusiones son muy distintas. En Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra más de un 20% de los potenciales perceptores reciben esa prestación mientras que en Cataluña sólo lo hace un 7%.