Cambios

La tasa de paro estimada por la Encuesta de Población Activa (EPA) pasó de un 14% en el segundo trimestre de 2019 a 15,3% de la población activa en el mismo trimestre de 2020 y siguió aumentando hasta el 16,26% en el tercer trimestre de 2020. La EPA ha sido tradicionalmente la estadística más adecuada para medir el desempleo y determinar la tasa de paro. No obstante, en la situación extraordinaria vivida, es difícil que esta estadística recoja en una sola foto todo lo que ha sucedido en el mercado laboral durante estos meses.

Por ejemplo, los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no se consideran para- dos, aunque no estén trabajando, si bien es cierto que conservan su empleo y están percibiendo una retribución. Otra muestra de la dificultad de hacer una lectura certera de la estadística mencionada aparece en lo sucedido con quienes perdieron su empleo en el segundo trimestre, más de un millón de personas. La gran mayoría de ellas no pudieron ser consideradas paradas porque no pudieron buscar activamente empleo, un requisito fundamental en la definición estadística de desempleo y, por tanto, casi un millón de trabajadores pasaron a ser considerados inactivos. De este modo, la población inactiva aumentó y, por el contrario, la población parada no lo hizo tanto como cabía esperar.

Ahora bien, no todas las personas que había entonces en la situación de población inactiva se enfrentaban de la misma manera a su estado de inactividad. Fueron tantos y tan claros los ejemplos que algunos investigadores, e incluso el propio INE, comenzaron a incorporar en sus análisis nuevos grupos de personas considerando matices que permitían identificar la situación especial que estaba viviendo cada una de estas personas.

En suma, desde la llegada de la COVID-19 se puede hablar de desempleados en sentido amplio, personas que no trabajaban, aunque estadísticamente no cumplían los requisitos para considerar que eran parados. En este grupo se incluyen, además de las personas desempleadas según el criterio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —no trabajan, pero están disponibles y buscando empleo activamente—, aquellos ocupados que tuvieron que dejar de realizar su trabajo habitual por motivos técnicos o razones económicas, o por pasar a estar en un expediente de regulación temporal de empleo. También, se incluyen las personas inactivas disponibles, es decir, personas no ocupadas que ante la imposibilidad de buscar empleo dejan de cumplir el criterio de la OIT para ser consideradas desempleadas y pasan a ser inactivas. La inclusión de estos ocupados e inactivos en el paro ampliado permite calcular una tasa de paro ampliada, que refleja con mayor fidelidad la situación de los distintos colectivos en el mercado laboral. Esta tasa habría pasado en el conjunto nacional del 16,4% al final de 2019 (frente al 13,8 en el paro OIT) a un máximo del 35,6% en el segundo trimestre de 2020 (cuando la tasa de paro OIT era del 15,3%).

Un elemento importante desde el punto de vista de la sociedad y del mercado de trabajo, en particular, es el hecho de que los que se denominan inactivos disponibles, que son personas inactivas porque no cumplen los requisitos para estar dentro del mercado de trabajo, pero desean incorporarse a él, cada día que pasan en esa situación se vuelven más vulnerables, pudiendo llegar a convertirse en personas excluidas del mismo definitivamente.

Es más, en la información estadística del INE también aparece un grupo significativo de personas que han dejado de estar disponibles para trabajar, aunque están buscando empleo. La situación del estado de alarma les ha impedido poder salir a trabajar, quizás por tener que hacerse responsables de la educación de sus hijos durante el cierre de los centros escolares.

La brecha de género en la tasa de paro disminuye durante la pandemia; si en el segundo trimestre de 2019 la tasa de paro de las mujeres estaba 3,3 puntos porcentuales por encima de la de los hombres, en el segundo trimestre de 2020 la diferencia es de 2,6 puntos porcentuales. Esta disminución no debe interpretarse como una mejora relativa de la situación laboral de las mujeres, ya que, como se ha explicado, algunos parados pasaron a ser clasificados como inactivos, afectando más esta situación a las mujeres que a los hombres. La tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años aumentó del 33% al 39,6%, mostrando un incremento relativo mayor que para el conjunto de la población.

El aumento de la tasa de paro en el primer trimestre de 2020 es general en toda España. Las comunidades autónomas que tenían la tasa de paro más alta en 2019 siguen ocupando este puesto en 2020. Son Andalucía y Canarias, seguidas de Castilla-La Mancha, todas con tasas de paro por encima de la media nacional en ambos periodos. Aunque durante la pandemia también entran en esta categoría Illes Balears, Comunitat Valenciana y Región de Murcia. Otras comunidades que sufren una subida en la tasa de paro estimada en el segundo trimestre de 2020 son Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. La misma evolución se aprecia en la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años.

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El mercado de trabajo comenzó a sufrir inmediatamente el impacto de la pandemia. Tanto fue así que, de manera casi inmediata, la administración emprendió medidas de choque, dirigidas tanto a empresas como a personas trabajadoras, para mitigar los efectos devastadores que ya se estaban dejando sentir. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, tuvo como prioridad principal proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto del virus y conseguir retomar la actividad en cuanto fuese posible. Entre todas estas medidas cabe destacar, por su importancia y eficacia, la figura conocida como expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que ya existía en nuestra normativa, pero se adaptó a las nuevas circunstancias. El ERTE facilita la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de su jornada al tiempo que se mantiene el empleo y las personas trabajadoras reciben una prestación compensatoria por la pérdida total o parcial de su salario. Se establecieron dos nuevas modalidades de ERTE, una por fuerza mayor y otra por causas objetivas, con el objetivo común de evitar que se produjesen despidos vinculados a la enorme incertidumbre ocasionada por la pandemia y la fortísima caída de la actividad laboral debida, no sólo al periodo de confinamiento, sino también a todas las restricciones impuestas para la contención de la pandemia que afectaban a todas las esferas de la actividad cotidiana. La intensidad y extensión en el tiempo de la crisis sanitaria ha obligado a la administración a tener que ir aplazando en el tiempo la finalización de esta figura excepcional, de modo que en junio de 2021 seguían estando vigentes.

Los datos registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal, entre mayo y junio de 2020, ponen de manifiesto que el uso de los ERTE ha estado muy ligado a unas determinadas actividades productivas muy relacionadas con el sector servicios, entre las que destacan de manera especial la hostelería y el comercio. Aunque también se han aplicado en aquellos servicios de carácter profesional o administrativo, en la educación, los deportes, la cultura y los servicios sociales. Y también en la manufactura y la construcción. En todos los casos, la flexibilización de las restricciones tras el confinamiento y la vuelta gradual a la nueva normalidad desde el mes de mayo de 2020 ayudaron a que el número de registros se redujese en el mes de junio.

Los datos sobre empresas que se han acogido a un ERTE, así como sobre personas ocupadas afectadas por este tipo de procedimientos de regulación de empleo, que son beneficiarias de prestaciones por desempleo, ponen de manifiesto que la gran mayoría de los registros a lo largo del segundo trimestre de 2020, han sido de fuerza mayor y de suspensión de empleo, siendo mucho menor el peso de otras razones y la situación de desempleo parcial.

Los dos mapas que aquí se presentan muestran que el mayor volumen de registros se ha concentrado en Madrid seguida de Barcelona, Valencia, Málaga, Illes Balears, las provincias canarias, Sevilla, Alicante, A Coruña, Bizkaia, Pontevedra, Asturias, Murcia y Cádiz.

El nivel de impacto y la dispersión indican, que la figura de los ERTE ha sido más utilizada en aquellas zonas de España donde la actividad productiva tiene una relación mayor con el sector servicios, en general, y con el sector de la hostelería, en particular.

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Las primeras estimaciones sobre el impacto económico de la pandemia en Europa confirman que la tasa de pobreza está aumentando en muchos países. Así, y a pesar de las medidas de choque, esta situación está provocando un aumento en las diferencias de ingresos entre países, reduciendo la cohesión social y territorial del continente. Los países del sur, y España en particular, tienen menos empleos susceptibles de trabajo remoto y quienes pueden acceder a él son trabajadores de mayor cualificación y salario que en otros países centroeuropeos. Además, los trabajos esenciales en las economías del sur contienen una menor proporción de empleos de cualificación media y baja, lo que hace prever que el impacto de la pandemia en las rentas más bajas sea significativamente mayor que en otros países.

Comparando los meses de mayo de 2019 y mayo de 2020 se observa un notable aumento del número de prestaciones por desempleo en todo el territorio nacional, en especial de las que forman parte de los ERTE COVID-19 (ver Beneficiarios de prestaciones por desempleo) destinadas a aliviar los efectos de las pérdidas de empleo sobre los ingresos familiares. Sin embargo, se observan significativas diferencias en las tasas de cobertura autonómicas que miden la relación entre beneficiarios de prestaciones y número de parados registrados. Las prestaciones por desempleo aumentan su cobertura en las comunidades autónomas del norte y este peninsular (Principado de Asturias, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana), mientras que la reducen en otras, situadas principalmente en el sur y el oeste, como Extremadura y Andalucía.

A partir de los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA), se aprecia que los efectos de la pandemia se manifiestan rápido y son especialmente negativos para los hogares más vulnerables. Tanto en el gráfico de Evolución de los hogares con todos sus miembros activos en paro como en el de Evolución de los hogares sin ingresos, se observa que el segundo trimestre de 2020 marca un claro cambio de tendencia de lo que venía pasando desde 2013.

Este cambio de tendencia implica un aumento del riesgo de desempleo, que resulta ser mucho mayor para las personas que viven en familias vulnerables que para el resto. Los hogares más pobres vieron cómo sus ingresos se reducían un tercio en los primeros meses de la pandemia, especialmente si procedían del empleo informal, lo que hizo que aumentara rápidamente la proporción de hogares en pobreza severa, especialmente en aquellos con menores a su cargo. El porcentaje de hogares sin ingresos, fuesen éstos por falta de actividad laboral o por no recibir prestaciones, aumentó casi un 20% entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2020, pero, en el caso de los hogares con menores dependientes, este aumento fue prácticamente el doble (un 37%). El impacto económico del confinamiento parece haber sido significativamente mayor en los hogares con menores dependientes, lo que resulta preocupante por sus consecuencias a largo plazo.

Hasta junio de 2020 las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas eran las únicas políticas públicas que tenían como objetivo la cobertura del riesgo de pobreza extrema, pero, durante varias décadas, su cobertura territorial ha sido muy heterogénea. En 2019 estas prestaciones llegaban al 17% de los hogares en riesgo de pobreza en toda España, pero había territorios, como el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, donde se cubría a todos los que tenían ingresos por debajo del umbral de la pobreza; en Castilla-La Mancha o Andalucía, sin embargo, llegaba a menos del 10% de esos hogares. Más allá de su desigual- dad territorial, el modelo español de rentas mínimas adolecía de una baja intensidad protectora y una cobertura muy limitada. Ante esta crisis de la COVID-19 se desarrollaron nuevas medidas para proteger a los hogares en situación de pobreza severa. Se pusieron en marcha medidas de apoyo indirectas con revisiones de la normativa que evitasen el corte de los suministros básicos por impago (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones), la ampliación a un mayor número de colectivos sociales del bono social que reduce el coste de la luz, moratorias automáticas en el pago de hipotecas y diversas ayudas a inquilinos vulnerables. El principal problema hasta ahora ha sido el retraso en su concesión, que puede haberlas hecho menos efectivas. Es importante señalar que se trata de medidas de emergencia, necesariamente transitorias, que no pueden dar respuesta a problemas de naturaleza estructural. La medida más sustancial es de apoyo directo. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha nacido con el objetivo de ofrecer de forma permanente un soporte básico de protección social que prevenga el aumento de las ya muy altas tasas de riesgo de pobreza. Su diseño supone que cualquier hogar con ingresos por debajo de un umbral mínimo de renta, determinado según el número de adultos y menores dependientes, complemente sus ingresos con una prestación que le permita alcanzar dicho umbral. La medida está pendiente de su aprobación parlamentaria definitiva y de su desarrollo reglamentario.

La incorporación de su población objetivo está siendo lenta y dificultosa por lo que es difícil valorar la efectividad de la polí- tica. Los primeros resultados indican que varias provincias andaluzas concentraron el mayor número de prestaciones. Es el caso de Cádiz, Sevilla, Granada, Almería y Jaén. Aunque, al calcular qué porcentaje de hogares con ingresos por debajo del 40% de los ingresos medianos (hogares en riesgo de pobreza severa) lo recibe, las conclusiones son muy distintas. En Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra más de un 20% de los potenciales perceptores reciben esa prestación mientras que en Cataluña sólo lo hace un 7%.

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