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En marzo de 2021, fecha hasta la que se prologa prolonga la información de los gráficos y mapas, el propio Gobierno central hacía su propio balance: de 1.150.000 solicitudes válidas recibidas se habían tramitado poco más de 800870.000. De ellas, 600.000 habían sido denegadas, 210.000 aprobadas, y 62.000 se encontraban en proceso de subsanación. Aun contando la totalidad de las aprobadas estas eran solo un 25% de las solicitudes tramitadas. El propio departamento responsable avanzaba también información sobre el perfil de los beneficiarios identificando dos grupos especialmente vulnerables: mujeres y menores. Los hogares o unidades de convivencia estaban formados por una media de 2,77 personas y la prestación media reconocida por cada hogar o unidad de convivencia es de 460 euros. Más del 70% de los titulares de la prestación eran mujeres, también mayoría entre los beneficiarios. Un 43% de las personas que habitaban en los hogares beneficiarios del IMV eran menores, y casi el 70% de las unidades de convivencia tenían al menos a un menor.
Todos los informes intermedios, tras valorar positivamente la medida, resaltan carencias, críticas y algunas lagunas muy importantes, en especial: insuficiencia, ausencia de condicionalidad, rigidez burocrática y déficit de gobernanza multinivel. La norma nos acerca más a niveles de protección social de otros países de nuestro entorno, pero todavía estamos muy lejos de la media. No establece condicionalidad (la normativa autonómica de inclusión suele condicionar la percepción a la participación de los beneficiarios en itinerarios que favorezcan su inserción social y laboral). Por último, muchos beneficiarios potenciales han quedado excluidos por la propia rigidez de la norma (en especial incompatibilidades), por no reunir todos los requisitos, no poder justificar su situación al encontrase “fuera del sistema” o por no saber o no poder cumplimentar formularios y trámites burocráticos. Esta paradoja es la que explica que miles de personas e incluso hogares con todos sus miembros sin ingresos y una situación muy desesperada, hayan tenido que seguir siendo atendidas por redes de caridad o engrosando las llamadas “colas del hambre”. La última reforma en profundidad, que introduce el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, así lo reconocía en su exposición de motivos: “El periodo de puesta en marcha de la prestación, desde su entrada en vigor, ha hecho evidente la necesidad de mejorar algunos aspectos de la misma para permitir que se dé cobertura al mayor número de personas y se puedan incluir algunas situaciones que, con la regulación actual, no se contemplan o no cuentan con una operativa que permita incorporarlas correctamente a la prestación”. Es posible que con estas modificaciones y otros ajustes anunciados se aumente el número de beneficiarios de forma gradual hasta aproximarse a los 850.000 hogares inicialmente previstos. También debería prestarse más atención a que la norma favorezca y refuerce vías de inserción social y laboral.
