Cambios

El encaje con las normas autonómicas en materia de rentas de inclusión o rentas garantizadas de ingresos planteó disfunciones desde el inicio. En primer lugar, porque el Real Decreto-ley ya establecía una distinción entre País Vasco y C.F. de Navarra y el resto de CC.AA. al contemplar la atribución de competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a esas comunidades mediante convenio, aludiendo a la distinta naturaleza del régimen foral. Esta circunstancia se entendió como un agravio y un trato desigual. En segundo lugar, porque, aunque el R. D.-ley también contemplaba la posibilidad de impulsar convenio convenios con el resto de CC.AA. y/o entidades locales, lo cierto es que el Ingreso Mínimo Vital inició su andadura en paralelo a los sistemas de protección de las CC.AA., postergando ''sine die'' la celebración de convenios entre las administraciones. El Gobierno central argumentó que disponía de mejor información que las CC.AA. para poner en marcha la medida al disponer de los datos de la renta de las personas físicas y de la Seguridad Social, pero no ponderó la debilidad de sus propios servicios y recursos personales para atender el despliegue de la norma. En tercer lugar, creó confusión entre responsables autonómicos, perceptores de rentas regionales y también entre potenciales beneficiarios. Finalmente, colapsó unos departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos que ya arrastraban carencias de personal. Este último aspecto, al que tal vez se le ha prestado hasta ahora menos atención de la debida, resulta fundamental y explica, en buena medida, el colapso, el déficit de gestión y el fracaso relativo al impedir el acceso a una prestación (sea IMV o renta garantizada o de inclusión) a ciudadanos con derecho a percepción. Distintos informes de servicios sociales municipales o de organismos autonómicos equivalentes al Defensor del Pueblo así lo corroboran.