Cambios

El sistema educativo español tiene como marco normativo de los estudios no universitarios la Ley de Educación de 2020 (LOMLOE), así como la Ley de ordenación e integración de la Formación Profesional de 2022 y, de los estudios universitarios, la Ley del Sistema Universitario (2023). Todas ellas y las que les han precedido en este siglo tienen por objetivo proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía, adaptada a los objetivos educativos de la Unión Europea (también a su modelo y currículo de perfil competencial), de la UNESCO y de la más reciente Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los gráficos Evolución de gasto público, centros, alumnado y profesorado muestran desde inicio de siglo la huella de los ciclos económicos y de la dinámica demográfica reciente en España. A principios del siglo XXI, el porcentaje de PIB invertido en educación se encuentra estancado en torno al 4,4%. Esta estabilidad se rompe en 2007, cuando se produce un incremento del gasto que alcanza su máximo en 2009. El impacto de la crisis económica produce un abrupto descenso del gasto público en educación hasta alcanzar un mínimo secular del 4,2% en 2018. En contraste, con el efecto del COVID-19 se recuperan niveles de gasto próximos al 5% por la inyección de dinero público para paliar el efecto de la pandemia, pero también por el descenso del PIB en general, como consecuencia del enfriamiento de la economía. Entre 2020 y 2021, se produce un estancamiento en torno al 4,8% del PIB, coincidente con la recuperación post-covid y el inicio de la crisis inflacionaria.

El sistema educativo español se estructura en enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial. Las primeras incluyen la educación infantil, primaria y educación secundaria (comprende secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio), formación profesional de grado superior y educación universitaria. También están contempladas la enseñanza con necesidades educativas especiales, la educación a distancia y la de personas adultas. En las enseñanzas de régimen especial se distinguen las artísticas, las de idiomas y las deportivas.

Los mapas que representan centros, alumnado y profesorado dedicados a la enseñanza de régimen general ilustran las diferencias existentes entre provincias. Cabe recordar que el número de habitantes condiciona el volumen de alumnado y este, a su vez, el de centros y profesorado. Además, la mayor dispersión o concentración de la población juega un papel complementario como regulador del número de centros.

España contaba en 2020/2021 con un total de 28.395 centros de régimen general. En valores absolutos, son las provincias más pobladas las que tienen un mayor número de centros, con Madrid (3.266) y Barcelona (3.039) a la cabeza. En cambio, Ceuta y Melilla, Palencia, Segovia y Soria disponen de menos de un centenar.

Los contrastes más pronunciados se aprecian en la titularidad de los centros: aunque la media española es de un 67% de oferta pública frente a un 33% de privada, las diferencias son significativas. En las provincias con mayor proporción de población rural y baja densidad, la oferta pública supera el 85% del total (Teruel y Huesca, buena parte de Castilla y León, Cuenca y Lleida). En cambio, en las más pobladas, con grandes centros urbanos, renta más elevada y mayor grado de internacionalización, el porcentaje de centros privados supera el promedio nacional (Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Illes Balears, Bizkaia y Gipuzkoa, junto con La Rioja, Almería, Córdoba, Granada y Málaga). Cabe recordar que los centros privados incluyen las escuelas concertadas, mayoritariamente centros religiosos, escuelas internacionales o que desarrollan un currículum alternativo. Su presencia no es baladí, pues suponen 2,7 millones de escolares.

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La distribución de la oferta educativa no universitaria en España la completa el mapa Centros de enseñanzas de régimen general por municipio. Un 47% de los municipios carece de cualquier centro educativo y en un 25% más solo se pueden cursar –sin cruzar los límites municipales– estudios inferiores a la ESO. Se aprecian tres modelos de distribución territorial de los centros. Las áreas fuertemente urbanizadas de las provincias del litoral, insulares, País Vasco y Madrid con un amplio despliegue territorial de los centros escolares. Las provincias con un modelo de aglomeración de servicios en la capital provincial y su área de influencia, además de en alguna cabecera comarcal, con una fractura intraprovincial en el acceso a la oferta: son las provincias del interior andaluz, extremeñas, de la Comunitat Valenciana, Navarra, La Rioja, Asturias, Cantabria, Zaragoza o Lleida. Finalmente, las provincias menos pobladas y de poblamiento más disperso tienen una oferta educativa centralizada en prácticamente un único núcleo, con una densidad de centros educativos muy baja: las provincias castellano-manchegas, castellano-leonesas, junto con Huesca y Teruel ejemplifican este patrón que coincide con las de mayor titularidad pública de los centros.

La composición del alumnado según el nivel de estudios (mapa Alumnado de enseñanzas de régimen general) muestra que, en el curso 2020/2021, el 79% de los matriculados lo estaban en niveles previos a la ESO, un 8,3% en bachillerato, un 5,8% en FP grado medio y un 6,2% en FP grado superior. El momento crucial en la trayectoria formativa es el paso de la escuela al instituto o, lo que es lo mismo, a la ESO y, posteriormente, al bachillerato o FP. En provincias con una agricultura competitiva (Lleida) o tradición industrial arraigada (A Coruña, Asturias o Gipuzkoa) la FP de grado superior se encuentra sobrerrepresentada (23,1% en Lleida y más de un 7,5% en las tres restantes).

El mapa Profesorado de enseñanzas de régimen general muestra la pérdida de profesorado durante la última década en casi todas las provincias de Castilla-La Mancha, muchas de Castilla y León y Jaén. En este proceso, además del descenso de población en edad escolar, desempeña un papel primordial el compromiso de las políticas educativas de las comunidades autónomas. Mientras Illes Balears, La Rioja, Álava y Melilla experimentan aumentos superiores al 20%, Cantabria, Asturias, Navarra, las dos provincias canarias, Ceuta, Madrid, Zaragoza, Huesca, Extremadura y Comunitat Valenciana presentan un incremento entre el 10 y el 20%. En cambio, el bajo nivel de crecimiento se concentra en Cataluña y algunas provincias gallegas, andaluzas y el resto de castellanas. En positivo, las políticas de jubilación del profesorado están evitando el envejecimiento de las plantillas. De forma global, un tercio del profesorado es menor de 40 años y otro tanto se encuentra entre los 40 y 50 años.

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En las enseñanzas de régimen especial en 2020/2021, el predominio de la enseñanza pública es muy acusado: más del 75% de los centros en 32 de provincias, más del 80% del alumnado en 46 y más del 80% del profesorado en 40 provincias. Las diferencias provinciales obedecen principalmente al tamaño demográfico y a la distribución del poblamiento. Predominan los centros que imparten enseñanzas artísticas con una proporción superior a dos tercios en buena parte del territorio, seguidos de las enseñanzas de idiomas, e igual ocurre con el alumnado. En las provincias canarias, extremeñas, Cádiz, Málaga, Murcia, provincias de la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Zaragoza, Álava, Bizkaia, Cantabria, Asturias y A Coruña las enseñanzas de idiomas representan mayor proporción que las artísticas y las deportivas. Respecto al profesorado, de nuevo las artísticas predominan. En el conjunto de España, la matrícula más alta se registra en enseñanzas musicales: las no regladas de música atraen casi 200.000 estudiantes, las profesionales y superiores se acercan a 60.000 y las elementales se sitúan en torno a 40.000. El número de mujeres matriculadas es mayor en todas las especialidades y particularmente superior en las disciplinas de danza.

En el mapa Tasa de graduación del alumnado no universitario destacan los mejores resultados obtenidos por las mujeres respecto de los hombres en la etapa de bachillerato: entre 14 y 20 puntos porcentuales por encima en todo el territorio español. La tasa bruta de graduación más elevada se alcanza en el cierre de la etapa obligatoria de nuestro sistema educativo, la ESO (en torno al 80%, salvo en Ceuta y Melilla que cae al 60%); en bachillerato baja ligeramente, en torno al 50-60% (40-50% en Ceuta y Melilla). Ni la FP media ni la superior se acercan al bachillerato en ningún caso. Por su parte, la FP básica y la ESO en educación para adultos tienen tasas bajas. Apenas se registran diferencias notables entre comunidades autónomas.

En el gráfico Tasa de escolarización por sexo y edad se aprecia cómo en etapas no obligatorias España se acerca a la totalidad de la población en edad escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil (entre los 3 y los 5 años de edad), así como a los 16 y 17 años (cuando culmina la formación preuniversitaria). A partir de los 18 años, la escolarización desciende progresivamente: parte del 80% (30-40% de alumnado universitario) y apenas ronda el 30% de escolarización a los 24 años (con un 20% de alumnado universitario). En la enseñanza universitaria, la escolarización es siempre mayor en mujeres.

En los últimos años ha aumentado la oferta de programas de enseñanza reglada en lengua extranjera, mayoritariamente en inglés (frente al francés, al alemán u otros). El hecho de que haya comunidades autónomas con porcentajes relativamente significativos (incluso por encima del 30% en Murcia y Castilla y León) se debe a la posición tomada por las autoridades y entidades competentes respecto al beneficio de la formación en otras lenguas distintas a las del Estado, sin que se hayan obtenido aún resultados suficientemente concluyentes.

Por último, en el mapa Alumnado de educación de adultos se observa una mayor proporción en la etapa secundaria, salvo en provincias de Cataluña y País Vasco, donde el alumnado en etapas educativas iniciales ronda la mitad del estudiantado adulto matriculado. Podría relacionarse con un contingente de población inmigrante con baja escolarización en sus países de procedencia.

{{ANEAutoria|Autores=Arlinda García Coll y Juan Sevilla Álvarez}}

La educación universitaria representa el nivel superior de la oferta formativa en todas las sociedades. Las funciones propias de la Universidad –docencia, investigación y transferencia a su entorno– le confieren una enorme importancia para la formación avanzada de las personas, así como para la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico, científico y tecnológico. Hay en España 86 universidades, 50 públicas y 36 privadas, surgidas en diversas etapas históricas. Los principios de autonomía universitaria, el desarrollo competencial del Estado de las autonomías y la intensificación de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior fundamentan todo el sistema universitario. Sin embargo, su organización territorial evidencia notables contrastes debidos a los factores demográficos, sociales, económicos, históricos o políticos, que están también en la base de las disparidades inter e intrarregionales españolas.

Según el mapa Distribución territorial de las universidades hay universidades públicas en todas las comunidades autónomas, con una o más según su extensión (Andalucía, Castilla y León) o población (Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia). Las universidades privadas, cuyo número se ha triplicado en veinte años, prefieren las comunidades de mayor demanda y renta (Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunitat Valenciana). La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y seis universidades privadas ofrecen exclusivamente formación no presencial, que también ha aumentado en las universidades convencionales tras la pandemia de COVID-19.

Desde 2008 ha habido una acentuada y prolongada desinversión, con una reducción del gasto público universitario que duplica la del gasto general educativo y triplica la del gasto en educación no universitaria. El gasto en educación superior es el 1,26% del PIB frente al 1,43% de la OCDE y un 20,7% más bajo el gasto medio por estudiante a tiempo completo (OCDE, 2023). Las comunidades autónomas, principal fuente de financiación de sus universidades públicas, gastan en ellas en torno al 1% del PIB regional, si bien el mapa Gasto público en educación universitaria muestra contrastes, explicables solo por los principios de política universitaria de cada gobierno regional. Estas diferencias se trasladan a la financiación por estudiante y a los presupuestos de las universidades, muy reducidos también en los últimos años (CRUE, 2023).

El gráfico Presupuesto de las universidades públicas y los mapas Alumnado universitario y Personal Docente e Investigador en las Universidades sugieren una correlación directa y positiva entre los tres aspectos. Son excepción universidades como las politécnicas de Cataluña y Valencia –con presupuestos superiores a los propios de su número de estudiantes– u otras grandes universidades públicas, como las de Sevilla y Rey Juan Carlos, donde ocurre lo contrario.

Desde el curso 2016/2017 las titulaciones ofertadas han crecido en un 8% (en las privadas, un 25%). En las 9.131 titulaciones del curso 2021/2022 hay 3.112 de grado, 971 de doble grado, 3.735 de máster oficial, 128 de doble máster y 1.185 programas de doctorado. Del lado de la demanda, el gráfico Evolución del alumnado de grado, máster y doctorado muestra una tendencia creciente con matices según nivel educativo. El de doctorado ha crecido en paralelo al número de escuelas de doctorado, con tan solo un 20,8% de estas en universidades privadas. El crecimiento de alumnado de máster, por su parte, no cubre el de la oferta, impulsada por la especialización y el crecimiento de la modalidad no presencial en universidades privadas, con bajas ratios de matriculación por titulación. Los estudiantes de grado solo crecen desde el curso 2020/2021, hecho atribuible a la pandemia, y están matriculados en centros públicos el 83% del total. El gráfico Evolución del alumnado de grado por rama de enseñanza muestra la menor matrícula en ámbitos ligados a las STEM (en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), caracterizados también por una brecha de género que no se da en el conjunto de las enseñanzas de grado, donde las mujeres representan el 56,1% (Fundación CyD, 2023a).

El mapa Alumnado universitario muestra su concentración en los grandes clústeres de universidades –públicas y privadas– madrileño, barcelonés y, en menor medida, valenciano. Sus respectivos sistemas autonómicos suman el 49,1% del alumnado total (Fundación CyD, 2023b). Destaca el pequeño clúster del País Vasco (4,3% del alumnado total) y el número de estudiantes de las universidades andaluzas, mayoritariamente públicas (17,8%). El alumnado restante, 28,8%, se reparte por las universidades, principalmente las públicas, de 12 comunidades autónomas, en proporción aproximada a su población, que aporta la mayoría de sus estudiantes. Algunas universidades privadas captan un gran número de estudiantes (U. Internacional de La Rioja, no presencial); otras tienen más proporción de estudiantes de máster (las de Cantabria, Navarra o Madrid) y todas, en general, cuentan con una baja presencia de estudiantes de doctorado.

Como la internacionalización estudiantil es inferior al promedio de la OCDE, tienen mucho interés los programas de movilidad. Su demanda, que creció hasta 2019-2020 con 55.593 estudiantes entrantes y 42.253 salientes, la forman en un 83% estudiantes de grado de universidades públicas. Por programas, domina Erasmus +. Según el mapa Alumnado universitario en programas de movilidad internacional, las universidades de Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, por su mayor tamaño y atractivo regional, suman el 64,4% de los estudiantes salientes y el 79,9% de los entrantes. Las universidades privadas destacan en términos relativos: salen el 3,7% de sus estudiantes (frente al 3,2% en las universidades públicas) y en otras, como la de Navarra, es mayor el alumnado entrante privado que el público. En el curso 2020-2021 la pandemia redujo el número de entradas hasta 19.654 y el de salidas hasta 20.531, un 64% y un 48% menos respectivamente que en el curso anterior (Ministerio de Universidades, 2022).

Los indicadores de desempeño académico informan sobre la calidad y la equidad de las universidades. Los valores promedio altos de la Tasa de rendimiento académico del alumnado universitario cubren contrastes diversos (Fundación CyD, 2023a). En grado, las mejores tasas se dan en las universidades de Navarra, Cataluña y País Vasco (88,4%, 87% y 83,5% respectivamente), mientras que Murcia y Asturias tienen las más bajas (76,8% y 74,7%). Además, son más altas típicamente las de máster, las de las mujeres y también las de universidades privadas, sobre todo en grado. También hay contrastes territoriales y de género según el mapa Tasa de graduación del alumnado universitario. En grado, además, se han constatado tasas más altas en las universidades privadas (63,4% frente a 50,6% de las públicas) y variaciones por ramas de conocimiento, con la tasas más bajas en ingeniería y arquitectura y mayores en ciencias de la salud (Fundación CyD, 2023a).

Como se observa en el gráfico Inserción laboral de los egresados universitarios cuatro años después de egresar esta ha crecido últimamente, aunque las ventajas de los universitarios jóvenes en países del centro y norte de la Unión Europea son aún mucho mayores (Pérez y Aldás, 2023). Además de los contrastes por ramas de conocimiento, la inserción varía entre universidades según la composición de títulos de su oferta formativa; es mejor la inserción de los egresados de las politécnicas y las privadas más recientes que la de los egresados de universidades históricas, cuya oferta formativa se ve condicionada por las obligaciones de servicio público y sus implicaciones en relación con el mantenimiento de títulos de menor empleabilidad.

Por último, aunque la proporción de personas con estudios superiores en España es el 26,9% del total, el mapa Población con estudios superiores muestra marcados contrastes territoriales a todas las escalas. Si nos ceñimos al grupo de población de 16 y más años (INE, 2021), seis comunidades (Aragón, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco) están por encima de la media (32,5%) mientras los valores más bajos se dan en Castilla-La Mancha, Extremadura, Melilla y Ceuta, por ese orden. El porcentaje del País Vasco, el más alto de todos (43,5%), multiplica por 1,33 veces la media nacional y por 2, o casi, las de Extremadura o Ceuta. En general, los porcentajes municipales más bajos se encuentran en las extensas áreas despobladas y envejecidas del centro y noroeste peninsular, aunque estos porcentajes suben en sus cabeceras comarcales y provinciales por la mayor presencia de población joven. Las condiciones socioeconómicas son la razón de que las tasas no sean mayores en áreas del litoral mediterráneo y de Andalucía, pero también de que haya municipios de Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra, entre otros, con una proporción de población universitaria mayor todavía que sus ya altos promedios regionales.