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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2007 estableció que un sistema de salud consiste en todas las organizaciones, personas y acciones cuyo interés primordial es promover, restaurar o mantener la salud de la población.
El desarrollo de los sistemas de salud y sus modelos está ligado a cómo se entiende la salud en una sociedad y puede tener diferentes enfoques. Por un lado, la salud puede ser entendida como un derecho humano y social y, por lo tanto, el Estado tiene responsabilidad en la misma. Por otro lado, puede entenderse como un servicio o bien de mercado, lo que implica una mínima intervención del Estado. A finales del siglo XIX la asistencia sanitaria estaba en manos de instituciones caritativas, lazaretos y hospitales de la iglesia. La revolución industrial marca el punto de inflexión en el inicio del establecimiento de políticas sociales impulsadas fundamentalmente por la lucha de los trabajadores por sus condiciones laborales y derechos. Se desarrollan así los primeros esquemas de servicios y aseguramiento de riesgos que van a ser el germen de los sistemas de seguridad social. La primera mitad del siglo XX se caracteriza por el desarrollo económico, tecnológico y científico que impulsa los modernos sistemas sanitarios europeos a finales de los años cuarenta. A grandes rasgos, en la Unión Europea (ver mapa Sistemas y cobertura sanitaria en la Unión Europea) se distingue entre sistemas de seguros sociales (modelo Bismark, los primeros en desarrollarse) y servicios nacionales de salud (modelo Beveridge), pero sea cual sea el modelo –en el momento actual en Europa- casi toda la población está cubierta por un seguro público de salud o por el propio estado.
El modelo de seguros sociales se basa en seguros obligatorios contributivos para las personas trabajadoras y sus familias. Son financiados por cuotas pagadas por los trabajadores y los empresarios directamente a las entidades encargadas de la gestión (mutua aseguradora o cajas de seguro); también hay aportación del Estado. Trabajadores autónomos y profesionales liberales se fueron integrando en sistemas de cobertura específicos autofinanciados.
El modelo de sistema nacional de salud se caracteriza por una cobertura universal y en condiciones de igualdad a toda la población, vinculada al concepto de ciudadanía; y los costos de la atención sanitaria son cubiertos básicamente por recursos fiscales del Estado.
En los países europeos la sanidad privada está presente y coexiste con la sanidad pública: la ciudadanía puede optar libremente a suscribir un seguro privado, que en muchos casos actúa como ampliación de las coberturas públicas o proporciona un acceso más rápido a determinadas prestaciones.
En el 2006, el Consejo de Europa emitió una comunicación recogiendo los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea a los que considera una parte esencial del alto nivel de protección social y reconoce su contribución a la cohesión y justicia social, así como al desarrollo sostenible. Estos valores esenciales son: la universalidad, el acceso a una atención de buena calidad, la equidad y la solidaridad.
La esperanza de vida al nacer es un indicador sanitario y social de gran valor (en España en 2022 era de 83,2 años, más de 2 años por encima de la media de la Unión Europea). En los países que ya han alcanzado valores muy altos ofrece más información el indicador de años de vida saludable, a la hora de ver diferencias entre territorios: ahora se trata de ganar calidad de vida a los años (ver mapa Años de vida saludable al nacer en la Unión Europea). Los países del centro y este de la Unión Europea presentan los peores índices con diferencias sustanciales de más de 5 años con respecto a la media europea. Una vida saludable se consigue desde una óptica social global: sanitaria y del resto de políticas sociales, económicas y ambientales. Para identificar qué factores impactan en una mejor salud se deben analizar los determinantes de la salud y a partir de los mismos diseñar las políticas públicas adecuadas.
Europa es la región del mundo que más invierte en protección social. En promedio, los países de la Unión Europea (UE) destinan cerca del 27% de su PIB pero hay algunos como Francia o Austria que superan el 30%. En contraste, Estados Unidos invierte aproximadamente el 18%, los países de América Latina se sitúan cerca del 13% y China ronda el 7%.
Esta situación no es azarosa; está fundamentada en los valores de solidaridad y justicia social que las sociedades europeas consolidaron tras la Segunda Guerra Mundial, así como en consensos globales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en sus artículos 22 y 25 reconocen el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a los servicios sociales y, en general, a un nivel de vida adecuado para todas las personas.
El compromiso europeo con la protección social trasciende la voluntad política para consolidarse en su marco jurídico. El Tratado de la Unión Europea (art. 3) establece como mandato fundacional la promoción del bienestar de sus pueblos, la justicia y la cohesión social. Y la Carta Social Europea, tanto en su versión de 1961 como en la de 1996, dota de contenido exigible a este mandato, garantizando derechos fundamentales como el acceso a la seguridad social, la asistencia médica universal y el derecho específico a la protección frente a la pobreza y la exclusión social.
Pero ¿a qué se le llama exactamente protección social? En términos generales, al conjunto de intervenciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que buscan aliviar la carga que representa para las personas los riesgos futuros (contingencias tales como la invalidez, el desempleo, la vejez, la viudedad o la orfandad), así como las necesidades económicas, sociales, psicológicas y sanitarias presentes, garantizando un nivel de ingresos mínimo y el acceso a servicios específicos.
Mientras en otras regiones del mundo el bienestar se percibe como una responsabilidad individual sujeta a la capacidad de ahorro o al mercado privado, en Europa se ha configurado como un asunto colectivo y un derecho de la ciudadanía. Este enfoque se basa en el principio de seguridad proactiva: el Estado no solo asiste en la pobreza, sino que previene la caída en ella mediante servicios universales.
Por ello, la protección social no debe confundirse con la asistencia social. La primera se concibe como un derecho ciudadano, de tipo preventivo, que promueve la autonomía individual, mientras que la segunda atiende una necesidad puntual, de tipo paliativo, que no siempre promueve las capacidades individuales o grupales.
Aun con todo, los sistemas de protección de la UE tienen grietas y las desigualdades entre subregiones y países son evidentes. Mientras los países nórdicos mantienen niveles de cobertura muy superiores a los del área mediterránea, hay países del Este que aún transitan hacia mejores estándares de protección.
Las ciencias sociales diferencian cinco modelos de bienestar social en el continente europeo que fácilmente se pueden reconocer en los mapas: el modelo conservador o corporativista, que se basa en las cotizaciones de las y los trabajadores afiliados a un sistema (Alemania, Francia, Bélgica o Austria). El modelo mediterráneo o familista, una variante del corporativista, pero con una red de seguridad estatal más débil, que se complementa con el cuidado de las familias, especialmente las mujeres (Portugal, España, Italia y Grecia). El modelo escandinavo o socialdemócrata, que se basa en las prestaciones universales con una alta carga impositiva (Suecia, Noruega y Dinamarca). El modelo anglosajón o liberal, donde el Estado tiene un papel residual que protege solo a los más necesitados y en el que participa el mercado privado (Irlanda y Reino Unido). Y, por último, el del Este o postsoviético, un modelo híbrido en transformación, cuyos países han oscilado entre reformas liberales de mercado y el mantenimiento de ciertas estructuras universales heredadas de los estados socialistas (Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria).
