Discusión:Caracterización de la sociedad
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España. Actualizado
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Relación de la población con la actividad económica
Al abordar el estudio de la Población en relación con la actividad económica resulta preciso, ante todo, definir las categorías empleadas y el volumen de población al que se refieren.
En primer lugar, se distingue entre población activa e inactiva, siendo la primera el conjunto de personas residentes en España que cuentan con la edad legal para trabajar (16 años y más) y se hallan inscritas en el mercado laboral. La población activa representaba en 2022 el 58,6% de los cerca de 40 millones de residentes en España mayores de 16 años. Por su parte, la población inactiva incluye las personas mayores de esta edad que no tienen empleo ni lo están buscando: estudiantes, personas jubiladas o pensionistas, individuos con discapacidad, que se dedican a labores del hogar, etc. Cabe mencionar, que esta última denominación, tradicionalmente utilizada en la terminología estadística, se encuentra hoy cuestionada por quienes subrayan la importancia de los cuidados en la sociedad: la atención a los menores y a los ancianos, las tareas domésticas o el sostén a personas enfermas. Se trata de tareas ejercidas de manera mayoritaria por mujeres, que difícilmente denotan inactividad, antes al contrario.
En segundo lugar, se distingue, dentro de la población activa, entre población ocupada y población desocupada o parada. En 2022, la primera representaba el 87% de la población activa y la segunda, el 13% de la misma.
La Encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) constituye una fuente clave para comprender el panorama del mercado laboral. La población activa, que se refiere al conjunto de personas mayores de 16 años que se encuentra trabajando o en búsqueda activa de empleo, ha crecido en más de cinco millones en las dos últimas décadas, hasta alcanzar los 23,4 millones en 2022. Se divide en ocupada o parada y su incremento se atribuye principalmente a la incorporación de los trabajadores extranjeros, que continúan ganando protagonismo en el mercado laboral con más de tres millones de activos, de los que el 81,7% están trabajando.
Por contra, la población inactiva incluye, como se ha dicho, las personas mayores de 16 años que no tienen empleo ni lo están buscando. Constituye un indicador clave para medir la temperatura del mercado laboral, ya que refleja los cambios tanto en la estructura y dinámica demográfica como del mercado laboral. Así, el crecimiento de la población inactiva puede atribuirse a procesos demográficos como el envejecimiento o la prolongación de años dedicados a los estudios, pero también a factores laborales como la renuncia a la búsqueda de empleo por falta de expectativas o la presencia de barreras que dificultan la entrada al mercado laboral.
A pesar de que las mujeres mayores de 16 años superan en número a los hombres, en parte debido a la mayor esperanza de vida que incrementa las cohortes femeninas de edades avanzadas, la población activa femenina siempre ha sido inferior a la masculina. Esta evolución de la población activa según sexo es reflejo de las persistentes dificultades de acceso al mercado laboral y la desigual distribución por género de las responsabilidades del cuidado. El número de mujeres paradas supera al de hombres, provocando que las tasas de paro femeninas, tanto de españolas como de extranjeras, sean superiores.
La distribución de la Población activa según sexo y grupo de edad por comunidades autónomas evidencia marcadas disparidades, al ser Madrid y Cataluña las que concentran las tasas de actividad más elevadas, mientras que Galicia, Castilla y León, Cantabria y, especialmente Asturias, presentan tasas inferiores al 55%. Madrid y Cataluña también presentan los valores más elevados de tasas de actividad femenina, aunque persiste una brecha de casi diez puntos respecto a la tasa de actividad masculina. Al examinar la Evolución de la población activa según sexo y grupo de edad, se evidencia que la población activa masculina tiende a disminuir mientras que la femenina ha experimentado un crecimiento significativo desde 2006, reflejo de la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral.
Por grupos etarios, tanto la población joven como la que se encuentra en edades avanzadas representa un porcentaje reducido de la población activa. Al analizar el nivel de estudios, en prácticamente todas las comunidades autónomas predomina la población que cuenta con una formación superior a los estudios secundarios. Este patrón se mantiene para las mujeres en todos los casos, excepto en Ceuta, mientras que la población activa masculina que cuenta solo con estudios secundarios u obligatorios tiene un peso significativo en comunidades como Extremadura, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha.
La Evolución de la población activa extranjera muestra un patrón cíclico marcado por las fluctuaciones económicas. En particular, los extranjeros de América Latina han experimentado la disminución más notable tras la crisis financiera de 2008, posiblemente debido a procesos de retorno a sus países de origen. La población activa extranjera presenta tasas de actividad superiores a las españolas en todas las comunidades autónomas. Su distribución territorial no es uniforme pues Cataluña, Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía concentran un mayor volumen de población activa extranjera. Aunque predomina la población procedente del resto del mundo, la población de la Unión Europea también tiene una representación importante en algunas comunidades autónomas, especialmente en Canarias. En cambio, en la Región de Murcia su presencia es limitada, mientras que en Ceuta y Melilla es prácticamente inexistente.
El mercado laboral español muestra una trayectoria sumamente procíclica, de tal manera que la Evolución de la distribución sectorial del empleo se caracteriza por un buen comportamiento en las fases expansivas y una rápida destrucción del empleo en las recesivas. Esta evolución refleja también la terciarización de la economía: el sector servicios se consolida como el principal generador de empleo, pues llega a aglutinar el 77% del mismo en 2023. En cambio, la industria y, especialmente, la construcción experimentaron notables pérdidas de empleo tras la crisis de 2008, mientras que la agricultura se ha mantenido relativamente estable, aunque con una baja participación en la ocupación total.
La dinámica del empleo en España se ve influenciada tanto por factores endógenos como externos, entre los que destaca la masiva incorporación de mano de obra inmigrante en la primera década del siglo XXI. La población inmigrante contribuyó al crecimiento del empleo, asumiendo con frecuencia trabajos poco cualificados y en sectores intensivos en mano de obra. Sin embargo, el impacto de la crisis redujo notablemente su presencia, especialmente por su afección al sector de la construcción donde trabajaba un alto porcentaje de inmigrantes, aunque en la actualidad se perciba una recuperación notable.
Cataluña es la comunidad autónoma con un mayor volumen de Población ocupada extranjera seguida por la Comunidad de Madrid y, a relativa distancia, por Andalucía y Comunitat Valenciana. La mayoría de los ocupados extranjeros no pertenecen a la Unión Europea, aunque en Castilla y León y Castilla-La Mancha se produce un mayor equilibrio y las personas procedentes de la Unión Europea casi representan la mitad de los ocupados extranjeros. Además, salvo en Asturias, Cantabria, País Vasco y Madrid, la ocupación de extranjeros hombres supera a la de las mujeres.
Esta marginación femenina en el empleo se refleja también en la mayor prevalencia de contratos a tiempo parcial en las mujeres, tal como evidencia el mapa de la Población ocupada según tipo de jornada. En el ámbito nacional, en torno a un 13,5% de los ocupados están contratados a tiempo parcial. Sin embargo, en todas las comunidades autónomas, el empleo femenino a tiempo parcial supera al masculino. Esta brecha se acentúa al relacionarla con el empleo total por sexo, ya que solo el 6,6% del empleo masculino es a tiempo parcial, mientras que, en el caso de las mujeres, este porcentaje asciende al 21,6%. La mayor diferencia se registra en La Rioja (26,3% en las mujeres frente a 4,3% en los hombres), destacando también Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón. La parcialidad indeseada, claro indicador de precariedad laboral, persiste pese a las diversas reformas dirigidas a flexibilizar el mercado laboral, reformas que se han mostrado ineficaces para resolver este problema.
Otro rasgo endémico del mercado laboral son los bajos salarios, como evidencia el mapa Evolución de la población asalariada con salarios bajos, influenciados probablemente por el alto nivel de paro, que lleva a las personas desempleadas a aceptar empleos mal retribuidos. Esta disparidad de la estructura salarial, superior a la de otros países europeos, contribuye a ampliar la pobreza, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y personas con bajos niveles educativos. Se encuentran más expuestos los residentes en Canarias, Extremadura o Murcia. En cambio, en el País Vasco y Navarra y, en menor medida en Cataluña, los trabajadores con bajo salarios son relativamente menos frecuentes. La incidencia de bajos salarios se vincula principalmente a los convenios colectivos, aunque el salario mínimo interprofesional también puede contribuir. En este sentido, los recientes incrementos del salario mínimo interprofesional pueden aliviar esta problemática, aunque, si no se controla la inflación, resultarían insuficientes para compensar adecuadamente la subida del costo de vida.
En 2022, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó los 20.159.276 de trabajadores, reflejando un crecimiento sustancial, especialmente, del empleo femenino. Sin embargo, perdura una brecha de género en la ocupación evidente, pese a que las diferencias en la ocupación por sexo se han reducido desde 2008. De hecho, mientras que el empleo masculino aún no ha recuperado los niveles precrisis, el número de mujeres afiliadas a la seguridad social ha aumentado en casi 1,4 millones. Aun así, al profundizar en los datos, se observa que esta brecha se amplía en las mujeres en función del número de hijos que tienen. La evolución de la tasa de empleo según número de hijos demuestra que aquellas que cuentan con tres o más hijos encuentran grandes dificultades para permanecer en el mercado laboral, con la exclusión de cerca de la mitad de ellas. Por contra, cuando es el hombre quien tiene familia numerosa, tiende a tener una mayor empleabilidad que los hombres sin hijos. Esto refleja nuevamente la desigual distribución de las responsabilidades del cuidado, evidenciando que son las mujeres quienes suelen renunciar a sus empleos en caso de maternidad.
Las recientes reformas en la regulación de la contratación laboral han tratado de hacer frente a la alta temporalidad, muy presente tradicionalmente en el sector turístico y agrícola. La temporalidad se ve influida, en gran parte, por la estacionalidad del empleo y genera una mayor volatilidad de este durante periodos de incertidumbre económica, cuando los despidos se han utilizado como estrategia para adaptarse a las dinámicas del mercado. La incidencia de la temporalidad laboral resulta especialmente alta en regiones como Melilla (31,2%), Extremadura (28,8%), Andalucía (28,2%) y Canarias (24,9%). Además, se producen diferencias significativas entre las tasas de temporalidad de hombres y mujeres, siendo País Vasco y Navarra las comunidades autónomas con mayores disparidades.
Muchos jóvenes se encuentran también atrapados en la temporalidad, lo que dificulta su emancipación y les somete a inestabilidad laboral. La temporalidad juvenil, exacerbada por la crisis del COVID-19, ha llevado a una elevada rotación en el empleo al no renovarse los contratos temporales en los periodos económicos adversos. Sin embargo, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) evitaron una pérdida masiva de empleos y proporcionaron un colchón económico no sólo a los jóvenes, sino al conjunto de trabajadores afectados, contribuyendo a mantener la estabilidad laboral y la demanda interna en un contexto de incertidumbre económica global.
El mercado laboral español ha experimentado una fuerte volatilidad en la Evolución de la tasa de paro según sexo. Esta ha conocido un fuerte incremento entre 2007 y 2013, coincidiendo con la recesión económica, y una paulatina recuperación posterior, con la intermisión de la pandemia COVID-19, que generó un pequeño pico de paro. Durante todo el periodo las tasas de paro femeninas se han mantenido por encima de las masculinas evidenciando desigualdades de género, que se ven reducidas durante los periodos de crisis. Esto se explica por el hecho de que la reestructuración de la economía ha afectado principalmente a la industria y la construcción, sectores fuertemente masculinizados. Otra razón es la mayor flexibilidad de la oferta laboral femenina, que lleva a que en épocas de crisis, ante caídas en los ingresos del hogar, sean ellas, que a menudo se encuentran inactivas, las que busquen empleo para mantener la economía familiar. La representación cartográfica de las tasas de paro muestra la existencia de notables contrastes entre el norte y el sur en España, donde comunidades como Andalucía, Extremadura o Canarias padecen altas cifras de paro como mal endémico.
El desempleo de larga duración conlleva la pérdida de la protección social, circunstancia que puede provocar situaciones de exclusión y vulnerabilidad difíciles de revertir. De ahí la relevancia de articular políticas que eviten su cronificación. La Evolución de la tasa de paro de larga duración ha seguido un patrón altamente procíclico. Durante la fase expansiva, la tasa de paro de larga duración en España se situó por debajo del 2%. Sin embargo, la crisis de 2008 desencadenó un aumento significativo de los parados de larga duración, alcanzando su valor máximo en 2013 con más de 3,5 millones de personas afectadas. A partir de 2014, disminuyó de forma continuada, hasta situarse en valores inferiores al 6% en 2020. Con la llegada del coronavirus, y a pesar de la política de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que intentó mitigar los impactos de la pandemia, volvió a subir. A partir de 2021, se reduce ligeramente, pero la incertidumbre económica y los conflictos internacionales actuales no permiten prever cuál será su evolución futura.
Existen claras diferencias entre el norte y el sur peninsular. Ceuta, Melilla, Andalucía, Extremadura o Canarias se han disputado, a lo largo de estos años, los primeros puestos en cuanto a mayores tasas de paro de larga duración. En cambio, las comunidades autónomas de Navarra, La Rioja o País Vasco muestran cifras estructuralmente bajas en este periodo.
Los gráficos de Evolución de la tasa de paro de larga duración según sexo, nivel de estudios, grupos de edad y origen, aun reflejando una evolución similar, revelan diversos factores que aumentan la probabilidad de sufrir desempleo de larga duración. Históricamente, las mujeres han experimentado tasas superiores, aunque durante la gran recesión esta brecha se estrechó principalmente a causa de la pérdida de empleo masculino en el sector de la construcción. El nivel educativo también es un factor relevante, ya que la población con niveles educativos inferiores se encuentra mucho más expuesta, lo que confirma que la inversión en educación puede contribuir a solucionar el problema.
Por edades, se da una mayor incidencia en los jóvenes menores de 25 años. Influye la falta de experiencia profesional que actúa como barrera de entrada al mercado laboral y la precariedad de su contratación, con alto grado de temporalidad y parcialidad, que facilita su despido en épocas de destrucción de empleo. Asimismo, los mayores de 50 años se ven especialmente afectados, en gran medida debido a la falta de competencias digitales, al menor nivel educativo o a la discriminación laboral por razón de edad. Por último, el estatus migratorio también influye, siendo más discriminatorio para los inmigrantes de fuera de la Unión Europea, mientras que estos últimos muestran valores bastante semejantes a los de la población nacional.
Cuidados y brecha de género
Las actividades del cuidado abarcan un amplio conjunto de responsabilidades relacionadas con la vida cotidiana de las personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, dichas actividades se pueden dividir en aquellas destinadas a prestar cuidado directo y relacional, como alimentar a un bebé o asistir a un familiar enfermo, y de cuidado indirecto, como preparar alimentos y limpiar. Son indispensables para el bienestar y la estabilidad de la sociedad, aunque a menudo no se remuneren y, por tanto, queden al margen de su cómputo en el mercado laboral.
Reconocer el valor de la provisión de cuidados no remunerados es esencial para apreciar plenamente su impacto en la sociedad y para comprender la importancia de su inclusión en la narrativa más amplia del trabajo y la economía. Más aún cuando estas actividades juegan un papel central en la configuración de las dinámicas de género, dado que son las mujeres quienes asumen la mayor carga del cuidado no remunerado.
El papel de la mujer en los cuidados limita sus oportunidades laborales y dificulta su participación plena en la esfera pública. De este modo, la desigualdad en la asunción de los cuidados se relaciona con la existencia de una notable brecha de género en las retribuciones salariales de los hombres y las mujeres, así como en las posibilidades profesionales de estas.
Los cuidados recibidos a lo largo del ciclo vital tienen una doble procedencia: aquellos ejercidos por la red familiar, y los prestados por los distintos sistemas de protección social, públicos y privados. En España, debido, entre otras razones, a la tardía configuración del estado del bienestar y a la debilidad de las redes de apoyo social y comunitario, la familia mantiene una acusada centralidad como prestadora de cuidados en el ámbito doméstico. Así, las redes familiares, mayoritariamente sostenidas por las mujeres, soportan una parte substancial de las tareas domésticas, la crianza y el cuidado de personas menores de edad o mayores dependientes.
Los datos relativos a la Participación en las tareas domésticas según sexo evidencian hasta qué punto la prestación de los cuidados tiene rostro de mujer. En todo el territorio español sin excepción, son las mujeres las que asumen una parte mayor de las tareas domésticas. El protagonismo en las mujeres en el desempeño de estas tareas se verifica además en el conjunto de grupos de edad, aun cuando entre los más jóvenes la distribución tiende a ser algo más igualitaria. Esta misma tendencia, se reproduce en las tareas de Cuidados a menores o dependientes según sexo y grupo de edad, confirmando el protagonismo de las mujeres en los cuidados en el entorno familiar y de proximidad a lo largo de todo el curso vital.
La dedicación a los cuidados tiene un impacto directo en el mercado de trabajo, tanto en lo que respecta a las excedencias como a la inactividad laboral o jornada a tiempo parcial motivadas por la prestación de cuidados. Así, los datos relativos a las Excedencias por cuidados de hijos y familiares reflejan de nuevo un escenario de desigualdad entre hombres y mujeres, siendo ellas las que, en todas las comunidades autónomas, asumen de manera muy mayoritaria las excedencias. Sin embargo, se aprecia un incremento de las excedencias masculinas, que han experimentado un crecimiento del 175,3% entre 2010 y 2021 en el conjunto de España. Por otra parte, la dedicación a los cuidados explica en buena medida los porcentajes de Inactividad y trabajo a tiempo parcial de las mujeres por responsabilidades familiares, hasta el punto de que en 2022 más del 20% de la inactividad laboral de las mujeres y el 15% de su trabajo a tiempo parcial se explicaba por el cuidado de niños o adultos enfermos incapacitados o mayores. La distribución de las Horas dedicadas al cuidado según sexo evidencia también la asimetría existente entre hombres y mujeres en estas tareas, con un alto porcentaje de mujeres que refieren dedicar tres o más horas al cuidado de personas dependientes.
La dependencia familiar y la feminización de los cuidados podrían verse paliados por la extensión de los sistemas públicos de servicios sociales autonómicos. Entre ellos destaca el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que reconoce la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidados no profesionales para la atención a personas en situación de dependencia. Del mismo modo, la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia regula en su catálogo de servicios esta prestación económica y reconoce otra serie de servicios (servicio de atención residencial, servicio de centro de día, prestación económica vinculada al servicio, entre otras). Este sistema público de protección social contempla igualmente, en principio, prestaciones vinculadas con la provisión de cuidados ante situaciones de necesidad en otros colectivos, como personas con diversidad funcional, menores en situación de desprotección o víctimas de violencia de género. No obstante, debido a las carencias en las dotaciones presupuestarias, la diversidad territorial de las necesidades y la heterogeneidad de los sistemas públicos de servicios sociales persiste una notable desigualdad territorial en el acceso a dichos recursos sociales.
Así, por ejemplo, el mapa Población que se encarga de la mayor parte de los cuidados a menores o dependientes según sexo y edad, confirma la asimetría entre sexos en estas tareas y el protagonismo de las mujeres en todos los grupos de edad. Muestra, asimismo como esta situación es general pese al hecho de que algunos territorios con mayor densidad demográfica –como la Comunidad de Madrid, Cataluña o la provincia de Valencia– disponen de una mayor dotación de recursos institucionales para la provisión de cuidados a personas menores de edad o mayores dependientes que en el resto de España. Otra muestra de las carencias de la red institucional de cuidados, pública y privada, es la proporción de menores de tres años que acuden a centros de cuidados: aun cuando la situación española es mejor que la media europea, entre 2018 y 2021 cerca de la mitad de las criaturas de estas edades no se encontraban acogidos a este tipo de servicios.
Cabe destacar, asimismo que a partir de la pandemia de 2020 se detecta una refamiliarización de los cuidados, debida al cierre y posterior restructuración de distintos centros que prestaban cuidados institucionales, tales como centros de día, centros ocupacionales y centros de atención temprana, entre otros. La feminización de los cuidados y la refamiliarización que se produjo a raíz de la pandemia ha supuesto un amortiguador en el periodo de crisis económica y sociosanitaria, pero los déficits institucionales pueden venir a consolidar un retroceso en la situación de las mujeres y el derecho a los cuidados. La equidad de género en la prestación de los cuidados y la ampliación de las prestaciones y servicios que proveen los distintos sistemas de protección social continúan siendo uno de los grandes retos que se deberán afrontar en España en los próximos años.
La intensificación de las brechas sociales, generacionales y de género, está derivando en la conformación de una sociedad vulnerable y vulnerada con procesos de reducción de las clases medias y la emergencia de las denominadas geografías del malestar. Las carencias de los sistemas públicos de servicios sociales junto con el resto de déficits de los sistemas de protección social incrementan la vulnerabilidad social de una parte no desdeñable de la población española, afectando a grupos sociales cada vez más amplios y heterogéneos. Una de las causas destacadas de la desigualdad es la denominada brecha de género entre hombres y mujeres, que como ya se ha visto, afecta tanto al empleo como a los cuidados.
En este escenario, la Brecha salarial continúa siendo uno de los grandes retos para la equidad en la sociedad española. Así, la ganancia media por hora trabajada es casi un 10% inferior en las mujeres que en los hombres. Dicha diferencia viene a unirse a la mayor prevalencia del trabajo a tiempo parcial y a los periodos de inactividad laboral como causa de la mayor vulnerabilidad y dependencia económica de las mujeres. Por lo que a su distribución territorial se refiere, el este peninsular, Madrid, Asturias, Cantabria y Navarra presentan una mayor brecha salarial con respecto al resto de las comunidades autónomas.
Otra muestra de la brecha de la capacidad económica y profesional entre personas de distinto sexo es el peso de las mujeres sobre el total de los trabajadores no asalariados (trabajadores independientes o empresarios sin asalariados, empleadores y ayuda en negocio familiar). La media nacional de Trabajadoras no asalariadas respecto a hombres no asalariados es de 54,8%, con una mayor presencia en Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña, Murcia y las Islas Canarias. En todas las comunidades prevalecen las mujeres que desarrollan su labor profesional como trabajadora independiente o son empresarias sin asalariados a cargo.
La Evolución de las trabajadoras no asalariadas, según categorías, muestra cómo según los datos de la Encuesta de población activa del INE, desde el año 2006 el número de las trabajadoras no asalariadas se ha mantenido estable, en términos generales. Cabe destacar la reducción progresiva de las no asalariadas en la empresa o negocio familiar y de aquellas que eran miembros de una cooperativa y el incremento de empresarias sin asalariados. Hay que señalar que la figura del empleo no asalariado no siempre representa un trabajo independiente o trabajo autónomo, sino que, en ciertos casos, traduce la relación exclusiva con un único cliente. Ello implica una situación de dependencia que no va acompañada por la protección social de la que, en general, disponen las personas asalariadas. Por esto, tal y como refiere el Banco de España, la condición de trabajadoras asalariadas se deriva en muchos casos, más que de una libre opción, de la falta de oportunidades y alternativas en otras categorías laborales.
La brecha salarial, la asunción de tareas de cuidados y las intermitencias en la trayectoria profesional tienen su corolario en la menguada presencia de mujeres en altos cargos de las administraciones públicas y las empresas. La presencia de mujeres en los distintos ámbitos del poder político se ha incrementado notablemente a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prevé el avance progresivo hacia una composición equilibrada de los órganos colegiados. Sin embargo, la presencia de las mujeres resulta todavía muy reducida en los órganos de dirección de las empresas privadas, incluidas las más grandes, aun cuando se han producido avances destacados en los últimos años.
Renta, desigualdad y pobreza
El acceso de las personas a la renta y a la riqueza se deriva principalmente de su relación con la actividad económica, así como de las relaciones sociales y de género a ella aparejadas. La distribución de la renta presenta importantes disparidades sociales y territoriales. Según datos del World Inequality Report, en 2022, el 10% más rico de la población española concentra el 34,5% de la renta total, mientras el 50% más desfavorecido percibe solamente el 21,1%. Las diferencias son todavía mayores en términos de riqueza, ya que el 10% más acomodado atesora el 57,8%, mientras la mitad más pobre detiene solo el 6,7%. Estas diferencias, se traducen en notables desigualdades sociales y el riesgo de pobreza para una parte importante de la población.
La Evolución de la renta media de las familias ha conocido un progresivo incremento a partir de 2014, con la reactivación económica posterior a la gran recesión. De este modo, en 2022, la renta media anual por unidad de consumo se situó en 19.160 €, con un aumento del 24% respecto al 2014. La evolución positiva tan sólo se interrumpió el año 2020, como consecuencia de la pandemia COVID-19. No obstante, pese a la gravedad de la situación, no se produjo una caída significativa de los ingresos medios anuales debido a la corta duración de la crisis pandémica y al despliegue de un conjunto de medidas extraordinarias para sostener los ingresos de las familias. Después de este impasse, la recuperación económica fue relativamente rápida lo que se ha traducido en un nuevo incremento de los ingresos de los hogares.
Las diferencias territoriales en la distribución de la renta son notables. Por comunidades, el País Vasco (23.886 €), Navarra (23.578 €) y Madrid (23.338 €) presentan un nivel de renta más elevado, seguidas de Cataluña (21.637 €). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (14.843 €), Andalucía (15.862 €), Canarias (15.901 €) y Murcia (16.128 €). La distribución por municipios de la Renta media por unidad de consumo permite observar dos ejes de desigualdad socioeconómica territorial: una divisoria norte-sur, y un eje urbano-rural perceptible sobre todo en las comunidades autónomas más empobrecidas.
La renta de los hogares proviene mayoritariamente de los ingresos por trabajo y prestaciones sociales. Los primeros constituyen la fuente principal de los recursos, pero tienen también una importancia muy destacada las prestaciones sociales reconocidas por el estado del bienestar, principalmente de las pensiones de jubilación y de las prestaciones de desocupación, que constituyen las transferencias sociales públicas de mayor cuantía en España.
La proporción entre las diversas fuentes de ingresos sobre el total de la renta presenta variaciones territoriales destacadas, según la estructura demográfica y la situación económica. En 2021, la provincia española en la que, de media, el peso de ingresos procedentes del trabajo era más elevada fue Guadalajara con un 67,1%, seguida de la ciudad autónoma de Ceuta (66,8%). En las provincias de Madrid, Toledo, Murcia y Barcelona, esta proporción también superó el 60% de la renta media anual por persona. Por el contrario, en Ourense, Zamora, León, Asturias y Lugo apenas superó el 50%. En este caso, se trata de las provincias con la mayor proporción de ingresos procedente de las pensiones de jubilación, lo que denota un mayor envejecimiento de la población en estos territorios. Por lo que respecta a las prestaciones por desempleo, es en las islas donde, de media, tienen un mayor peso en los ingresos de los hogares, particularmente, en Las Palmas (6%), en las Illes Balears (5,9%) y en Santa Cruz de Tenerife (5,6%). Cabe destacar que en Illes Balears es donde los ingresos por rendimientos de patrimonio o de capital (otros ingresos) tienen el peso más elevado en las rentas de los hogares, llegando a constituir de media el 17,6%.
La distribución territorial de la Renta que procede de las prestaciones sociales muestra que el peso de las transferencias sociales públicas en los ingresos de los hogares es mayor en las áreas rurales, especialmente en aquellas más envejecidas o con una actividad económica más inestable. Estas áreas se encuentran principalmente en el noroeste del país, en zonas de Galicia, Principado de Asturias y Castilla-León, y también en territorios de la España más meridional, situados en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Las desigualdades en la distribución de la renta presentan notables diferencias espaciales, como evidencia el cálculo del índice de Gini, que mide la desigualdad entre los ingresos de la población que reside en cada territorio. Este indicador ofrece valores entre 0 y 1, siendo 0 la situación de máxima igualdad en la que toda la población tendría los mismos ingresos y 1 la situación de máxima desigualdad en la que el 1% de la población obtendría todos los ingresos. En 2021, el nivel de Desigualdad de renta según índice de Gini para el conjunto de España ofrecía un valor de 0,330, uno de los más elevados de Europa. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los territorios con un grado de desigualdad de renta más elevado, 0,405 y 0,403, respectivamente. La Comunidad de Madrid (0,352) también presenta una desigualdad de ingresos alta, por encima del valor del conjunto del país. En cambio, Aragón (0,291) y Galicia (0,292) son las comunidades autónomas más igualitarias.
Las grandes aglomeraciones urbanas son habitualmente entornos con una desigualdad de ingresos acentuada, que se plasma en el territorio a través de dinámicas de segregación residencial. La segregación residencial socioeconómica es el proceso a través del cual, bajo determinadas circunstancias, los grupos sociales tienden a concentrarse residencialmente en la ciudad según su nivel de renta. En las dos áreas urbanas más pobladas de España, Madrid y Barcelona, estos patrones de localización residencial diferenciada según el estatus socioeconómico han adquirido una escala metropolitana, y tienen un fuerte impacto en la especialización residencial de algunos de los municipios de las coronas metropolitanas. No obstante, la estructura socioresidencial de ambas metrópolis tiene rasgos diferentes.
En el caso de la Renta media en el área funcional urbana de Madrid la desigualdad se presenta más bien entre el norte y el sur de la metrópoli, siguiendo una lógica muy marcada por el eje centro-periferia. En la misma ciudad central, en el municipio de Madrid, la desigualdad socioeconómica entre distritos es ya notable. La renta media anual por unidad de consumo más elevada se registra en el distrito de Chamartín (28.233 €), un 261,5% superior a la del distrito de Usera (10.797 €). Dentro del área metropolitana, el municipio que aglutina población con ingresos más altos es Pozuelo de Alarcón, adyacente al distrito de Moncloa-Aravaca y a los municipios de Boadilla del Monte y Majadahonda, también de rentas altas. En cambio, los municipios metropolitanos que aglutinan las rentas más bajas se sitúan en el sur más alejado de la ciudad central, muchos de ellos situados ya en la provincia de Toledo y con rentas medias anuales por unidad de consumo inferiores a los 15.000 €.
Por su lado, en el área funcional urbana de Barcelona la desigualdad no se articula tanto en la dualidad centro-periferia, sino en la especialización de ejes metropolitanos. En el municipio de Barcelona, la desigualdad entre distritos también es considerable si se compara la renta media anual por unidad de consumo de Sarrià-Sant Gervasi (26.709 €) con la de Ciutat Vella (11.931 €) o Nou Barris (12.241 €). En el área metropolitana, se identifican dos ejes supramunicipales de localización de población con rentas altas. Uno que arranca de la zona alta de Barcelona y continua hacía Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès y Sant Quirze del Vallès; y otro que aglutina municipios del Maresme, desde Tiana y Montgat a Cabrera de Mar y que continua más allá de Mataró, alrededor de Sant Vicenç de Montalt. A parte de estos ejes destacan también los municipios de Matadepera, situado al norte de Terrassa y l’Ametlla del Vallès, al norte de Granollers. En cambio, los ejes donde se concentra más población de rentas bajas se sitúan en la primera corona metropolitana, principalmente, en los márgenes Besòs –con los municipios de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona– y el eje de la carretera de Collblanc –con barrios de l’Hospitalet de Llobregat y Cornellà–.
En 2022, el 26,3% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social según el índice AROPE. Este indicador, estandarizado a nivel europeo, mide la proporción de población que o bien tiene un nivel de ingresos inferior al umbral de riesgo de pobreza (60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo), o bien vive en hogares con baja intensidad en el empleo (aquellos en los que se aprovecha menos del 20% del trabajo potencial anual de sus miembros en edad de trabajar), o bien sufren carencia material y social severa, considerando como tal la carencia de al menos 7 ítems de la siguiente lista de 13:
1. Atender puntualmente al pago de los gastos de la vivienda principal (hipoteca o alquiler) o de compras a plazos 2. Mantener la vivienda a una temperatura adecuada 3. Tener la capacidad de hacer frente a gastos imprevistos 4. Poder comer una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano cada dos días 5. Ir de vacaciones al menos una semana al año 6. Disponer de automóvil 7. Poder sustituir muebles viejos o estropeados 8. Poder sustituir ropa estropeada por otra nueva 9. Poder permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones 10. Poder reunirse con amigos/as o familiares para comer o tomar alguna cosa al menos una vez al mes 11. Poder participar regularmente en actividades de ocio 12. Poder gastar una pequeña cantidad de dinero en uno/a mismo/a 13. Poder permitirse conexión a internet
La Evolución de la tasa de riesgo de pobreza según el índice AROPE muestra que, en España, la proporción de población que se encontraba en esta situación llegó a ser del 29,2% al final de la crisis financiera y desde entonces se fue reduciendo hasta llegar al 25,3% en 2019. Sin embargo, con el impacto de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 en 2020, la población en riesgo de pobreza y exclusión volvió a repuntar, y es 2022 el primer año en el que se ha vuelto a registrar una tendencia a la baja de este fenómeno.
Por lo que se refiere a la distribución espacial de la exclusión social, Ceuta (40,7%) y Melilla (41,3%) son los territorios con una mayor proporción de población en situación de pobreza, seguidos de Extremadura (36,9%), Canarias (36,2%) y Andalucía (35,8%). En cambio, la Comunidad Foral de Navarra (14,5%) y el País Vasco (15,7%) son las comunidades autónomas con menor incidencia de pobreza.
Más allá de las condiciones materiales objetivas, los datos relativos a la Evolución de los hogares según dificultad para llegar a final de mes muestran que las situaciones más severas de estrés económico se han reducido significativamente en los últimos años, sobre todo desde el final de la gran recesión. Entre 2014 y 2022, la proporción de población española que llegaba a final de mes con muchas dificultades pasó de un 16,1% a un 8,7%. Esta tendencia se observa en todas las comunidades autónomas, excepto en Ceuta, donde este porcentaje se sitúa en 2022 en el 17,8%, y en Asturias, Galicia, y Castilla y León, donde esta percepción aumentó ligeramente entre la población entre 2016 y 2022.
Pese a esta mejora, el 46,5% de la población española percibe que llega con algún tipo de dificultad a final de mes, proporción que aumentó en tres puntos porcentuales en 2022 respecto al año anterior. Este aumento del estrés económico de las familias coincide con un escenario económico marcado por una fuerte inflación que ha afectado a ámbitos de consumo básico como el energético, los combustibles, los alimentos y la vivienda. Aquellas que se han incrementado de manera más destacada son las situaciones de dificultad moderada, pues el 24,8% de la población declara tener sólo ciertas dificultades para llegar a final de mes.
Hogares y formas de convivencia
La evolución del número y estructura de los hogares depende de la interacción de diferentes mecanismos demográficos, sistemas legales y pautas culturales. La teoría de la Segunda Transición Demográfica (STD) proporciona un marco de referencia para entender las transformaciones recientes de los hogares. Desde los años ochenta del siglo XX, España ha experimentado una significativa disminución de la fecundidad y un incremento paulatino de la esperanza de vida, con diferentes efectos sobre las familias: mayor supervivencia de las personas y por extensión de los matrimonios, un decrecimiento de los parientes colaterales, con una reducción del número de hermanos y primos. Se ha pasado así de una estructura del parentesco dominada por las relaciones horizontales a otra donde las familias se caracterizan por relaciones de parentesco basadas en la verticalidad y en las que se acumulan con una mayor frecuencia hasta cuatro generaciones viviendo simultáneamente.
A estos cambios la STD añade otros de carácter cualitativo, comenzando por la difusión paulatina de comportamientos que no eran frecuentes en el sur de Europa en el último tercio del siglo XX: la convivencia en parejas no casadas, la paternidad entre cohabitantes y el progresivo aumento del divorcio. Estas nuevas pautas sociales se desarrollan en España en un particular contexto socioeconómico, caracterizado por un elevado paro estructural entre los jóvenes, baja tasa de actividad femenina y dificultades de acceso a la vivienda en las principales áreas urbanas. Estos factores han incidido en el retraso en la emancipación de los jóvenes, el menor ritmo de formación de hogares y la tardía llegada del primer hijo. Frente a etapas anteriores, las familias se forman actualmente más tarde, tienen menos hijos y se disuelven más frecuentemente.
Los censos de población y viviendas españoles han experimentado cambios en la cobertura y naturaleza de la información sobre hogares. Mientras en los años 1991 y 2001 la operación censal fue exhaustiva, el censo de 2011 se desarrolló con una muestra inferior al 10%. Sin embargo, es el censo de 2021 el que contiene mayores novedades, construido íntegramente a partir de registros administrativos, presenta algunos problemas en la identificación de las relaciones familiares más complejas, por lo que se ha empleado una fuente alternativa vinculada al proyecto censal: la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas de 2021. Esta problemática no perturba, sin embargo, la distribución territorial de los hogares unipersonales, monoparentales y las parejas del mismo sexo, que se han representado en los mapas con datos procedentes directamente del censo de 2021.
El número de hogares registrados entre 1991 y 2021 ha experimentado un crecimiento continuo. El periodo de mayor incremento se encuentra entre los años 2001 y 2011, cuando España registra la entrada neta de casi cinco millones de personas nacidas en el extranjero. La década que transcurre entre 2011 y 2021 se caracteriza por un estancamiento en la creación de nuevos hogares: las vicisitudes de emancipación de los jóvenes y el hundimiento de los flujos inmigratorios, derivados de la gran recesión de 2008 son los principales responsables. La inmigración exterior se ha convertido en el principal mecanismo de creación de hogares en España. La aceleración de los flujos del exterior experimentada tras la pandemia de COVID-19 augura una nueva fase de crecimiento del número de hogares y, por consiguiente, de las tensiones en el mercado de la vivienda.
En términos de estructura de los hogares se ha asistido a una disminución de las familias nucleares compuestas por parejas con y sin hijos. Estas, que continúan siendo dominantes, han perdido peso a favor de las formas no familiares, los hogares monoparentales y otras formas complejas, impulsadas estas últimas por el auge de la inmigración y las dificultades de emancipación individual de los jóvenes en las ciudades, que favorecen la generación de formas de convivencia de naturaleza no familiar. En este contexto de cambio, es especialmente destacable la emergencia de los hogares unipersonales que significaban en 1991 el 13% de los hogares y han superado el 25% en 2021. El tamaño medio de los hogares ha experimentado una paulatina contracción desde las 3,28 personas de 1991 hasta las 2,56 de 2021; se trata de una tendencia estructural que probablemente se mantenga o acentúe en el futuro.
La distribución territorial del Tamaño medio de los hogares en 2021 es un fiel reflejo tanto de las diferencias regionales en la fecundidad como del impacto de la inmigración exterior que se radica en los espacios más dinámicos. El sur peninsular, históricamente más fecundo, las áreas litorales y urbanas, y el valle del Ebro son las áreas donde los hogares muestran un mayor tamaño medio. Especialmente relevante es la localización de hogares de mayor dimensión en todas las coronas metropolitanas de las grandes ciudades, ya que el elevado precio de la vivienda en los núcleos centrales expulsa a los jóvenes adultos hacia la periferia, donde constituyen sus familias y tienen sus hijos. Los hogares de menor tamaño medio se localizan en un área bastante extensa y continua del noroeste peninsular caracterizado por una bajísima fecundidad y un secular problema de despoblación, que alcanza su máxima expresión en el arco geográfico de las provincias que rodean Madrid, extensas áreas de Castilla y León, especialmente en la frontera con Galicia y Portugal, el conjunto de la Rioja, gran parte de Aragón y, en general, a lo largo del conjunto del Sistema Ibérico.
Los Hogares monoparentales constituidos por un progenitor femenino con hijos menores han crecido en la última década en todas las provincias, a la vez que se incrementaban los divorcios y las rupturas de parejas en uniones consensuales. Este proceso se ha llevado a cabo en detrimento de los hogares que se identificaban tradicionalmente como monoparentales, aquellos constituidos, generalmente, por una viuda con hijos mayores de 25 años, que ven retroceder su peso en el conjunto del territorio nacional.
Siguiendo los parámetros de la STD, en los últimos años se hubiera esperado un incremento de los hogares unipersonales de jóvenes y adultos en las grandes ciudades, pero este resultado no se corrobora con los datos del censo de 2021. La fallida expansión de este tipo de hogares se explica en España por la persistencia de los bajos salarios de los jóvenes y los elevados precios de la vivienda en las ciudades. Estas dos circunstancias convierten en una opción casi inalcanzable la posibilidad de independizarse de estos colectivos. Entre las rupturas de parejas es frecuente el retorno temporal de uno de los miembros al hogar paterno o a la convivencia en pisos compartidos. El principal mecanismo de crecimiento de los hogares unipersonales en España se deriva de los procesos demográficos de envejecimiento: con la muerte de uno de los cónyuges de las parejas mayores que conviven sin hijos se genera automáticamente un hogar unipersonal encabezado mayoritariamente por mujeres mayores.
La distribución territorial de los Hogares unipersonales alcanza su máxima expresión en las áreas despobladas de las montañas del Sistema Ibérico, sectores de la montaña leonesa y de Zamora, el Sistema Central en la provincia de Ávila, extensas áreas de las provincias de Guadalajara y Cuenca, áreas diseminadas de Teruel y del Prepirineo en Huesca y Navarra, y el interior de la Comunitat Valenciana. En los municipios que han experimentado una mayor regresión demográfica, los hogares unipersonales alcanzan proporciones superiores al 50% del conjunto de hogares. Las ciudades centrales como Madrid y Barcelona conservan también unos mayores porcentajes de hogares unipersonales en relación con sus coronas metropolitanas, fenómeno vinculado al envejecimiento de los sectores centrales de las ciudades. Por otra parte, la intensa emigración femenina desde las áreas rurales en las décadas pasadas ha dejado profundas huellas en los mercados matrimoniales de esas zonas y una elevada proporción de célibes masculinos que integran la nómina de hogares masculinos unipersonales. Cuando solo se considera el peso de los Hogares unipersonales de personas mayores (encabezados por mayores de 65 años), las áreas rurales despobladas emergen como un espacio homogéneo en el centro y norte de la península en torno a Madrid. A la inviabilidad demográfica de estas áreas se añade ahora el elevado peso de las personas que viven solas a edades avanzadas y que pueden agravar el acuciante problema de la dependencia en los años futuros.
La geografía provincial de las Parejas con hijos y su reverso sigue, con algunas excepciones, el esquema de la distribución regional de la fecundidad caracterizada por un claro contraste sur-norte, este-oeste. Destaca en esta distribución el papel de dos provincias limítrofes con Madrid: Guadalajara y Toledo, lugares adonde se instalan muchas parejas originarias de Madrid que deciden tener hijos y no consiguen una vivienda asequible en el interior de la región metropolitana madrileña. En contraposición, las provincias del noroeste peninsular se encuentran entre las que la proporción de las parejas con hijos es más baja. En todo caso, no debe olvidarse que el problema de la baja fecundidad afecta a la totalidad del territorio y que las distancias estadísticas no tienen una dimensión significativa en ambas categorías de hogares.
Finalmente, cabe consignar que las Parejas de igual sexo tienen un peso reducido sobre el conjunto de las parejas, pero quizá su rasgo más distintivo es su desigual distribución en el territorio, con una menor presencia proporcional en las provincias rurales y un mayor peso en las provincias urbanas, litorales e insulares. Otro factor destacable es la mayor visibilidad estadística de las parejas de igual sexo integradas por hombres, hegemónicas a lo largo de todo el territorio español.
Este recorrido por la transformación reciente de los hogares y su distribución geográfica en España puede resumirse, en las palabras del demógrafo holandés Van de Kaa, uno de los padres de la teoría de la STD: la transición de un paisaje familiar uniforme a un mosaico de familias plurales.
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