1841
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
En la Administración de justicia confluyen responsabilidades de distintos sujetos de naturaleza pública: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas (CC.AA.) con competencias en la materia. La Constitución Española (CE) establece en su art. 149.1.5ª que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Administración de justicia. Este planteamiento que, en principio, pudiera haberse interpretado de manera excluyente para las CC.AA., no fue óbice para que estas estableciesen en sus estatutos de autonomía normas sobre la gestión de la organización instrumental que sirve al poder judicial, denominadas cláusulas subrogatorias, que suponen aceptar el deslinde que el Estado realiza entre la Administración de justicia y «administración de la Administración de justicia», susceptible de transferencia a las CC.AA.
[[Archivo:Espana Presupuestos-aprobados-en-materia-de-justicia 2015 mapa 16148 spa.jpg|right|thumb|Mapa de presupuestos aprobados en materia de justicia. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Presupuestos-aprobados-en-materia-de-justicia_2015_mapa_16148_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Presupuestos-aprobados-en-materia-de-justicia_2015_mapa_16148_spa.zip Datos] INTERACTIVO [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10538.r10538&i2=c10539.c10539&t=A02&t2=A02&view=map10 1] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10538.r10538&i2=c10540.c10540&t=A02&t2=A02&view=map10 2]]]
El Ministerio de Justicia es el responsable de elaborar, dirigir y ejecutar la política del Gobierno en relación al desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal. Garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto; la política de organización y apoyo de la Administración de justicia; los derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de España; la cooperación jurídica internacional; la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia; y la asistencia jurídica del Estado.
