Cambios

Así, el gasto ejecutado por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes se incrementó en 2020 un 5,3% respecto al año anterior, alcanzando unos elevados niveles de gasto que sin duda se están manteniendo en el presente 2021. Sin embargo, el escalón administrativo en el que de forma más nítida se advierte el incremento de gasto es el autonómico. Las comunidades autónomas son las responsables de la provisión de los servicios públicos asociados al estado del bienestar (servicios sociales, salud, educación), al tiempo que, en la medida en que esto ha sido posible en función de su dispar capacidad presupuestaria, también han desarrollado iniciativas, normalmente de pequeño alcance, para el apoyo directo, mediante subvenciones, a las empresas de aquellos sectores más afectados por las medidas restrictivas a la actividad, a menudo del sector turístico y la hostelería. Así el gasto ejecutado por las comunidades autónomas en 2020 experimentó un crecimiento muy notable, del 17,2% respecto al año anterior. Además, este incremento del gasto ha sido especialmente visible en muchas de las comunidades con un superior déficit de financiación general, como la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía; en este resultado ha debido jugar un papel determinante el apoyo del gobierno central que, más allá del tradicional recurso a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, ha creado fondos específicos, como el Fondo COVID con un volumen de 16.000 millones en 2020, y unos criterios de reparto que junto al nivel de afección de la pandemia han dado mayor peso al volumen absoluto de población frente a otro tipo de consideraciones. Ha sido éste un cambio relevante en los criterios seguidos usualmente para la financiación autonómica de las comunidades de régimen general, que se ha producido en una coyuntura de crisis ciertamente excepcional; está por ver hasta qué punto puede tener continuidad en la reforma del sistema de financiación autonómica en curso.

Así, el déficit público del conjunto de las administraciones públicas ha rozado en España el 12% en 2020, el más elevado entre los países europeos, superando ligeramente el registrado en lo más profundo de la gran recesión. Ninguna de las principales economías de la Unión Europea ha experimentado un incremento tan grande del déficit público: solo Francia e Italia muestran un mayor impacto con valores en torno al 9%, mientras que Alemania o Países Bajos consiguen limitar su déficit al 4% partiendo, además, de unas cuentas públicas más saneadas por el menor impacto que aquí tuvo la crisis financiera de 2008. Eso convierte a España en el país más necesitado de políticas de relajación monetaria y apoyo financiero, pero también el que más se puede ver afectado una vez que se vuelva, de forma más o menos paulatina, a las restricciones propias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; la forma en que se produzca este retorno a la disciplina presupuestaria será una cuestión política de primera magnitud en los próximos años.

Dentro de España, este incremento de gasto ha supuesto un nuevo aumento de la deuda acumulada por las comunidades autónomas en relación a su PIB, magnitud que había experimentado una cierta estabilización o incluso un ligero decrecimiento después del máximo alcanzado entre 2015 y 2016 (ver mapa ''Deuda acumulada de las comunidades autónomas''). Igual que ocurre entre los diferentes países de la UE, también la situación de las distintas comunidades autónomas muestra fuertes asimetrías: desde comunidades como Madrid, el País Vasco y Navarra en las que la deuda no supera el 20% del PIB y el endeudamiento con el estado central es inexistente, hasta la Comunitat Valenciana, con una deuda que llega casi al 50% del PIB regional y cuatro quintas partes de la cual se han contraído con el Estado. Diferenciales de renta per cápita y base impositiva, junto con el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, permitirían explicar este diferencial recurso al endeudamiento, que la pandemia no ha hecho sino agravar.

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