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En el 2006, el Consejo de Europa emitió una comunicación recogiendo los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea a los que considera una parte esencial del alto nivel de protección social y reconoce su contribución a la cohesión y justicia social, así como al desarrollo sostenible. Estos valores esenciales son: la universalidad, el acceso a una atención de buena calidad, la equidad y la solidaridad.<br>
La esperanza de vida al nacer es un indicador sanitario y social de gran valor (en España en 2022 era de 83,2 años, más de 2 años por encima de la media de la Unión Europea). En los países que ya han alcanzado valores muy altos ofrece más información el indicador de años de vida saludable, a la hora de ver diferencias entre territorios: ahora se trata de ganar calidad de vida a los años (ver mapa ''[[:Archivo:XXX|Años de vida saludable al nacer en la Unión Europea]]''). Los países del centro y este de la Unión Europea presentan los peores índices con diferencias sustanciales de más de 5 años con respecto a la media europea. Una vida saludable se consigue desde una óptica social global: sanitaria y del resto de políticas sociales, económicas y ambientales. Para identificar qué factores impactan en una mejor salud se deben analizar los determinantes de la salud y a partir de los mismos diseñar las políticas públicas adecuadas.<br>
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'''Europa es la región del mundo que más invierte en protección social'''. En promedio, los países de la Unión Europea destinan cerca del 27% de su PIB pero hay algunos como Francia o Austria que superan el 30%. En contraste, Estados Unidos invierte aproximadamente el 18%, los países de América Latina se sitúan cerca del 13% y China ronda el 7%.<br>
Esta situación no es azarosa; está fundamentada en los '''valores de solidaridad y justicia social''' que las sociedades europeas consolidaron tras la Segunda Guerra Mundial, así como en consensos globales como la [https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights Declaración Universal de Derechos Humanos] de 1948, que en sus artículos 22 y 25 reconocen el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a los servicios sociales y, en general, a un nivel de vida adecuado para todas las personas.<br>
Mientras en otras regiones del mundo el bienestar se percibe como una responsabilidad individual sujeta a la capacidad de ahorro o al mercado privado, en Europa se ha configurado como un asunto colectivo y un derecho de la ciudadanía. Este enfoque se basa en el principio de seguridad proactiva: el Estado no solo asiste en la pobreza, sino que previene la caída en ella mediante servicios universales.<br>
Por ello, la protección social no debe confundirse con la asistencia social. La primera se concibe como un derecho ciudadano, de tipo preventivo, que promueve la autonomía individual, mientras que la segunda atiende una necesidad puntual, de tipo paliativo, que no siempre promueve las capacidades individuales o grupales.<br>
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Aun con todo, los sistemas de protección de la Unión Europea tienen grietas y las desigualdades entre subregiones y países son evidentes. Mientras los países nórdicos mantienen niveles de cobertura muy superiores a los del área mediterránea, hay países del Este que aún transitan hacia mejores estándares de protección.<br>
Las ciencias sociales diferencian '''cinco modelos de bienestar social''' en el continente europeo que fácilmente se pueden reconocer en los mapas: el modelo conservador o corporativista, que se basa en las cotizaciones de las y los trabajadores afiliados a un sistema (Alemania, Francia, Bélgica o Austria). El modelo mediterráneo o familista, una variante del corporativista, pero con una red de seguridad estatal más débil, que se complementa con el cuidado de las familias, especialmente las mujeres (Portugal, España, Italia y Grecia). El modelo escandinavo o socialdemócrata, que se basa en las prestaciones universales con una alta carga impositiva (Suecia, Noruega y Dinamarca). El modelo anglosajón o liberal, donde el Estado tiene un papel residual que protege solo a los más necesitados y en el que participa el mercado privado (Irlanda y Reino Unido). Y, por último, el del Este o postsoviético, un modelo híbrido en transformación, cuyos países han oscilado entre reformas liberales de mercado y el mantenimiento de ciertas estructuras universales heredadas de los estados socialistas (Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria).<br>